La reducción de la jornada laboral a 40 horas es un objetivo deseable, pero su éxito dependerá de una estrategia integral que contrarreste la informalidad y reduzca el impacto fiscal, señaló en un comunicado el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ciudad Juárez (Coparmex), Mario Cepeda Lucero.
Planteó que antes de implementarla de golpe, se debe analizar, entre otras cosas, que las condiciones laborales en México y Estados Unidos no son iguales.
Por ejemplo –sostuvo– allá no hay aguinaldos, tienen una tasa corporativa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 22 por ciento contra el 30 por ciento que hay en México y habrá que sumarle el 10 por ciento de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
Existen otras diferencias, como que en Estados Unidos puede haber pago por hora, precisó.
Adicional a esto –agregó– allá no hay indemnización por despido, contra los tres meses que se aplican en México más lo correspondiente por los años de antigüedad.
Sin embargo, el punto principal que debería abordar el Gobierno, sostuvo, es la alta informalidad laboral que existe, que llega al 54 por ciento en la actualidad.
No abordar este problema –advirtió– podría generar una mayor presión sobre el sector formal, incentivando la migración hacia la informalidad donde las regulaciones laborales son menos estrictas o inexistentes.
En ese sentido, sostuvo que cualquier reforma en el tema debe ir acompañada de políticas efectivas para la formalización del empleo.
Por todos estos factores, la reducción, anunciada tanto por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, como por el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, es un tema complejo que requiere un análisis profundo considerando la realidad económica y social del país.
“Si bien la idea de mejorar la calidad de vida de los trabajadores es loable, su implementación exige una estrategia cuidadosa y gradual para evitar efectos contraproducentes”, reiteró.
A manera de propuesta, el empresario retomó algunas ideas que Coparmex ha puesto sobre la mesa en los últimos años. Por ejemplo, la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales, para incentivar a las empresas a ofrecer mejores condiciones a sus empleados, “compensando parcialmente”, el posible aumento en los costos laborales derivado de la disminución de la jornada.
Planteó que la nivelación de las tablas del ISR podría aumentar el ingreso disponible de los trabajadores, a quienes hoy se les retiene cerca del treinta por ciento de su ingreso por dicho concepto.
Recordó que México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presenta uno de los niveles de productividad más bajos, por lo que el estímulo a la productividad es un elemento central en el debate.
El Gobierno debería pensar en medidas que impulsen la eficiencia y la productividad en las empresas, como estímulos fiscales, inversión de tecnología y capacitación de los trabajadores, señaló.
Apuntó que un diálogo tripartito entre empresas, Gobierno y trabajadores es indispensable a través de mesas de trabajo donde se discutan a fondo desafíos y oportunidades, buscando soluciones consensuadas que beneficien a todas las partes involucradas.
“La realidad de la desaceleración técnica económica que enfrenta el país exige prudencia y un enfoque gradual y flexible en la implementación de cualquier cambio en la legislación laboral”, asentó.
De acuerdo con Cepeda, las políticas públicas deben estar orientadas a crear un clima de negocios favorable que atraiga inversión nacional y extranjera, brinde certeza en el largo plazo y asegure certeza jurídica y un estado de derecho.
Solo así, concluyó, se facilitará la adaptación a una jornada laboral reducida, sin comprometer la competitividad de las empresas.
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