Diana Laura G.O y Elizabeth R.R. fueron sentenciadas a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, cometido en contra de un hombre, luego de que salieran de un motel en febrero de 2023.
Esta mañana se celebró la audiencia de individualización de sanciones en la que la jueza encargada del juicio oral, Juana Iris Quiñones Rivas, determinó la sanción de las imputadas, con relación al homicidio calificado cometido en contra de un hombre, identificado como Luis Herrera Aguirre.
Según el veredicto de culpabilidad, impuesto el pasado viernes, las imputadas habrían acudido al motel Palmeiras durante la tarde del 7 de febrero de aquel año en compañía de la víctima, a bordo de una camioneta F-150.
Acorde con el testimonio de empleadas del lugar, la víctima salió inconsciente del motel e iba cargado por las imputadas, quienes se lo llevaron del lugar.
El cuerpo del hombre apareció sin vida durante la madrugada del día siguiente dentro de la camioneta, en un terreno baldío ubicado en la colonia Granjas Santa Elena, con heridas de armas cortas en el cuerpo, mismas que, de acuerdo con la autopsia, le arrebataron la vida.
La representación social logró obtener una sentencia condenatoria en su contra gracias a que, por medio de una aplicación de geolocalización, se encontró que la última ubicación del celular de la víctima fue en la casa de las imputadas.
El Ministerio Público argumentó que las mujeres habrían cometido el acto aprovechándose de la superioridad numérica, así como de que el hombre se encontraba convaleciendo por el consumo de algún estupefaciente, por lo que pedían una pena mayor contra las imputadas.
Sin embargo, la defensa resaltó que la Fiscalía no había presentado pruebas que demostrarán que merecieran una sentencia más grave, por lo que solicitó que se fijara la pena mínima para este delito, solicitud que fue aceptada por la jueza, quien señaló que las penas deben procurar la reinserción social de las sentenciadas.
Bajo esas circunstancias, la autoridad determinó que las imputadas deberán enfrentar un periodo de 25 años de prisión, en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2, con sede en esta frontera.
Se fijó, adicionalmente, una indemnización de 1 millón 570 mil pesos, así como el costo de los gastos funerarios, que asciende a 18 mil pesos.
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