Seguritech, la empresa a la que el Gobierno del Estado le adjudicó el contrato de construcción de la Torre y operación de la Plataforma Centinela, ha sido señalada en otros estados del país por aplicar sobreprecios en sus equipos, entregar unidades obsoletas y no comprobar gastos de inversión para su mantenimiento.
Hoy es el gigante corporativo que controla los centros de mando policial y monitoreo en al menos 22 entidades, aunque comenzó como modesta proveedora de botones de pánico y guardias de seguridad del Estado de México, cuando lo gobernó Enrique Peña Nieto.
En varios de esos estados, la constante ha sido la falta de transparencia en los contratos, la adjudicación directa sin justificación y la negativa a informar sobre precios unitarios de lo contratado, de acuerdo con investigaciones periodísticas que en distintos momentos realizaron Proceso, Grupo Reforma, El Financiero y semanario Zeta, entre otros medios de comunicación.
Antes de vincularse a la administración pública, Seguritech vendía alarmas vecinales. Ahora es el Big Brother del sector privado que acapara los servicios de videovigilancia en México, la forma más recurrente de los gobiernos para, presumiblemente, abatir y perseguir la comisión de delitos con el uso tecnologías.
Esa es también la promesa y justificación para su contratación por parte del Gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos: “debilitar las estructurales criminales y someterlas a la justicia” con el uso de “inteligencia artificial” a la que se le dará soporte con la Plataforma Centinela.
Sin embargo, el Gobierno del Estado no ha informado detalle financiero alguno de la contratación, más allá de que el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, declaró en su última visita a Ciudad Juárez, que se contaba con la suficiencia presupuestal para iniciar las obras este año.
Antes de conocerse la adjudicación directa a Seguritech, cuando la gobernadora Maru Campos hizo la presentación del proyecto el 19 de abril, informó que para la construcción de la Torre de 20 pisos y todo el equipamiento de la Plataforma Centinela, se haría una inversión de 200 millones de dólares en 3 años. Considerando una cotización en números cerrados de 20 pesos por dólar, se trata de 4 mil millones de pesos.
Hasta este momento se desconoce si ese es el monto adjudicado en el contrato, así como el desglose de lo que se pagará con todo ese recurso y cuál será la programación de los pagos, o bajo qué esquema financiero se realizarán.
El representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez, únicamente informó que lo adjudicado a Seguritech fue un contrato de servicios “que incluye, obviamente la parte de obra pública y todo lo que es la infraestructura, conectividad y toda la plataforma propiamente”.
Largo historial de irregularidades
Un rastreo por la red arrojó múltiples referencias, notas periodísticas y reportajes sobre el ascenso de Seguritech, ligado con adjudicaciones directas de contratos millonarios desde el poder público, obtenidas por su fundador, CEO y socio mayoritario, Ariel Picker.
Grupo Reforma consignó que, en octubre de 2019, la empresa pagó un viaje a Osiris Luna, integrante del Gobierno de El Salvador, violando la Ley de Ética Gubernamental.
Y es que el corporativo ya se extendió a otras partes de América. Incluso presume su contribución con gobiernos “en la consecución de proyectos de Seguridad Nacional”. Al menos tiene amplia presencia en Colombia, según sus propias publicaciones promocionales.
“Arrastra Seguritech con irregularidades”, dice el encabezado de Grupo Reforma que, en marzo de 2021, publicó el último recuento de una serie de acusaciones por irregularidades y presunta coacción de la empresa a diversos gobiernos en México.
Órganos auditores estatales y municipales, regidores, diputados e investigaciones de Grupo Reforma han señalado –de 2008 a la fecha– a funcionarios y a la empresa por adjudicaciones directas injustificadas, sobreprecios y falta de información básica como precios unitarios o falta de fechas de entrega de sistemas de vigilancia o mantenimiento de las mismas en seis estados”, resume ese texto.
Los hechos, señaló la cadena de periódicos, han sido investigados por auditorías y llegado hasta el Congreso de la Unión.
“Los señalamientos han sido al menos en seis estados, uno de los más graves fue en Tijuana, Baja California”, escribió Enrique Osorio en una nota del periódico Mural de Guadalajara. Además de Baja California, esos estados son Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa y Ciudad de México.
En febrero de 2021, el semanario Zeta de Tijuana, con su propia investigación, llegó a la siguiente conclusión: “Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional”.
Zeta resumió así la forma en que, durante el sexenio de Peña Nieto, más de 10 unidades C5i (Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) fueron inauguradas o se empezaron a construir en todo el país.
El consorcio Seguritech incluye a las filiales Comunicación Segura, Picorp S.A. de C.V. y Tres10 S.A. de C.V, entre otras, las cuales se alternan de forma indistinta, logrando así monopolizar los grandes contratos de videovigilancia y modernización de los proyectos C5i en México, publicó el reconocido medio de Tijuana.
Reputación cuestionada
En otro reportaje de febrero de 2018 titulado “Seguritech: servicio deficiente, ganancias millonarias”, el semanario Proceso hizo el recuento de las irregularidades en las primeras adjudicaciones directas de los contratos y reveló las deficiencias que en ese momento se denunciaban en la Ciudad de México, donde su gobierno se convirtió en otro cliente para el servicio de cámaras de videovigilancia.
A Seguritech se le identificó por Proceso como la empresa “que empezó vendiendo botones de pánico y alarmas vecinales y dos décadas después ofrece vehículos blindados, helicópteros, aviones, servicios de telecomunicaciones y otros de alta tecnología, mediante los cuales se embolsa miles de millones de pesos”.
“Reputación cuestionada”, publicó el semanario en uno de los subtítulos de su reportaje, en tiempos en que la empresa pretendía hacerse cargo del proyecto “México, Ciudad Segura”.
“La reputación de Seguritech ha sido muy cuestionada por su falta de capacidad técnica, altos precios, así como poca transparencia en los procesos de adjudicación en los que ha participado. Sus principales referencias, Estado de México y Guanajuato, no han cumplido con las expectativas considerando las altas inversiones realizadas”, se advierte en la ficha técnica que Proceso obtuvo en 2018 y que fue elaborada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
En 2018, el periódico Noroeste, de Sinaloa, también publicó información sobre los contratos de Seguritech, ya que en ese estado se le adjudicaron un total de mil 307 millones 218 mil pesos, a través de su filial Comunicación Segura.
La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, los cuales se pagaron durante el gobierno de Mario López Valdez, entre 2011 y 2016.
Noroeste reportó que, al menos 10 entidades, algunos municipios y 6 delegaciones de la Ciudad de México, le pagaron a Seguritech, desde 2007 y hasta 2018, a través de contratos multianuales, 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos.
En su lista se agregan los estados de Hidalgo, Michoacán, y Colima.
En el rastreo de publicaciones también se encontró que el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, le entregó a Picorp de México S.A. de C.V, un contrato por más de mil 853 millones de pesos.
El “Sistema Integral de Videovigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo” contratado a la empresa, se ofrece por quien gobierna esa entidad desde 2018, como parte del programa Yucatán Seguro.
Jalisco, entre los más recientes
Entre los clientes captados más recientemente por parte de Seguritech, está Jalisco. En 2021, el gobierno de Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) la contrató, pese a los señalamientos por irregularidades en distintas partes del país, de acuerdo con Grupo Reforma.
El contrato contempló 17 servicios para el sistema del Escudo Urbano, dependiente de la Coordinación Estratégica de Seguridad del Gobierno del Estado.
Aparte, Seguritech también fue contratada por el Ayuntamiento de Guadalajara por un monto de 99 millones 991 mil 615 pesos.
El Gobierno Municipal la contrató para implementar y poner en marcha el sistema de videovigilancia C5. La empresa aceptó otorgar el “servicio de implementación de un sistema integral de videovigilancia y lectura de placas”, además de “adecuar, migrar y equipar el C5 GDL”.
Sobreprecios documentados en Tijuana
“Baja California C5i: Simulación, opacidad y negocio”, así tituló Zeta el reportaje que contó con el apoyo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En los antecedentes del C5i de Tijuana, está el hecho de que, en 2017, la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid, le entregó a Seguritech un contrato por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años, por un “Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para seguridad pública”.
Sin embargo, ese primer contrato fue cancelado porque se hizo a través una Asociación Pública Privada, figura que fue prohibida por la Ley de Disciplina Financiera.
Zeta reportó que en 2018 se le volvió a asignar el contrato a Seguritech, esta vez por 789 millones de pesos a pagar en 10 años.
Además de que el C5i fue rechazado públicamente por los partidos de minoría en el Congreso y algunas asociaciones civiles, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California, asumió un litigio estratégico ante lo que consideró actos de corrupción y abuso al erario por el pago de sobreprecios.
Legisladores e integrantes del Consejo señalaron que podría hablarse en Tijuana de un sobreprecio de hasta 300 millones de pesos, ya que algunos de los equipos se consideraron a tres o cuatros veces más de su valor de mercado y no eran equipos de última generación.
Particularmente, destacaron las cámaras Dahua y Hanwha, con su soporte de 50 postes con almacenaje y su respectivo equipamiento de suministro de energía.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública también presentó un amparo ante un juez de Distrito, quien en principio no concedió la suspensión provisional, pero en marzo del 2020 (un año y medio después de que se promovió el recurso) pidió el dictamen de un perito.
Por ello intervino en el caso el ingeniero electromecánico, Alberto Cortez Enríquez, quien determinó en su peritaje que se violentaron los procesos administrativos al realizar el contrato.
De acuerdo con Zeta, el perito acreditó que no existió un dictamen de propuesta económica hecho por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como exige el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones.
Tampoco existió justificación, ni detalle o precios unitarios en los 327 millones asignados a mantenimiento preventivo y actualización, mientras que la propuesta económica no presenta precios unitarios, como ordenan los artículos 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones de Baja California.
Incluso, la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado de Baja California en tiempos de Jaime Bonilla Valdez (Morena), reabrió un expediente, el 265Q18, por denuncia que se presentó en la gestión de Francisco Vega.
En la administración de Bonilla Valdez (periodo que únicamente duró dos años), frente a los señalamientos, el proyecto del C5i quedó en reserva y se dejó de cumplir con los pagos conforme al contrato.
Sin embargo, Zeta ya reportó que la nueva gobernadora, María del Pilar Ávila Olmeda (Morena), no únicamente retomó el proyecto de 789 millones de pesos, sino que le adjudicó a Seguritech uno más por mil 174 millones. “Ha hecho instalaciones en el 2018 y siguieron hasta el 2021, retomaron el proyecto de manera actualizada, es de las más serias del país, de las más seguras de todo el país, además nos ahorraron 35 por ciento todo el proyecto para la instalación de las cámaras, un proyecto muy bien elaborado, no genera deuda, las vamos a pagar durante mi gobierno, pero además nos dan 17 meses para empezar a pagar, lo cual nos ayuda”, dijo la gobernadora el pasado 12 de mayo.
Igual que ya lo declaró aquí la panista Maru Campos, la morenista Ávila Olmeda aseguró que Baja California va a contar con uno de los mejores sistemas de videovigilancia a nivel nacional, con tecnología de punta, “con lo que se pretende reducir la incidencia delictiva en la entidad”.
El C5i de Tijuana es todavía un expediente abierto. Zeta también detalló irregularidades en Guanajuato y Estado de México, donde destacó que “los proyectos con mayores problemas fueron los de mayor incidencia delictiva”. Entre ambos estados, entregaron a Seguritech más de 8 mil millones de pesos para la implementación de los C5i.
Precios inflados también en Ciudad de México
En el reportaje de Proceso titulado “Seguritech: servicio deficiente, ganancias millonarias”, el periodista Jenaro Villamil dio cuenta de las fallas en el funcionamiento de las cámaras en la Ciudad de México y del sobreprecio que se pagó por su servicio.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera le había adjudicado un contrato, desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018, para operar 501 mil “alarmas vecinales con servicio integral de enlace, monitoreo y mantenimiento de las mismas”.
Por ese contrato se le entregaron un total de 2 mil 318 millones de pesos. Cada una de las 501 mil alarmas vecinales de Seguritech se cotizó en casi 4 mil pesos (3 mil 989), según la copia del contrato administrativo obtenido por Proceso.
De acuerdo con la investigación periodística, esa misma alarma vecinal se cotizaba en otras empresas, como Rivata Telecom, en 350 pesos por casa y con el mismo servicio de Seguritech: sirena por cada 10 casas, botones de pánico, asesoría, garantía y mantenimiento por un año.
“A pesar de las fallas en la mayoría de las alarmas vecinales y del escandaloso sobreprecio y elevado costo del mantenimiento de los aparatos de Seguritech, el gobierno de Mancera planea adjudicarle otro multimillonario contrato para la adquisición y sustitución del equipo de videovigilancia del C5, en el marco del proyecto México Ciudad Segura, que inició en 2009”, escribió entonces Jenaro Villamil.
En otro reporte sobre el estado de Oaxaca, se informó que el 6 de diciembre de 2013, Seguritech obtuvo un contrato directo para servicio de mantenimiento en los Centros de Control, Comando y Comunicaciones por 90 millones 955 mil pesos.
Meses después, el gobierno de Gabino Cué inició una investigación por no haber comprobado gastos de inversión de aquel contrato, publicó entonces el periódico El Financiero.
El caso Guanajuato, sin autorización del Congreso
El contrato SSP/C4/001/2012 para la adquisición del proyecto C5i fue firmado entre el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez y Seguritech en 2012.
El contrato se adjudicó de manera directa y sin llevar a cabo un estudio de viabilidad financiera. Además, sin la autorización del Poder Legislativo, un hecho que en su momento fue señalado por la Auditoría Superior del Estado, publicó en su reportaje el semanario Zeta.
El plan consistió en instalar un esquema de videovigilancia, fibra óptica y arcos carreteros que se convertirían en los “ojos de Guanajuato”, con un costo de 2 mil 727 millones 893 mil 413 pesos a pagarse durante todo el sexenio de Márquez.
Zeta logró una copia del contrato y detectó que, pese a lo elevado del costo, se trataba de un arrendamiento donde todo el equipo es propiedad del “prestador del servicio”, por lo que debía devolverse al término del contrato.
Había una opción de compra para el Ejecutivo Estatal, para lo cual que tendría que pagar el 2 por ciento del total, lo que representa poco menos de 50 millones de pesos.
Sin embargo, el Gobierno de Guanajuato decidió extender el servicio y a la fecha de publicación del reportaje erogó más de 100 millones de pesos.
Deficiencias en el equipo
Además, el semanario publicó varias observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Esa instancia refirió que los arcos carreteros no pueden detectar placas de vehículos robados si transitan por el acotamiento de las vialidades y que existen errores en la instalación de los postes donde descansan las cámaras de vigilancia.
También reportó discrepancia en la tecnología utilizada con la ofertada y destacaron que los videos captados por el equipo de Seguritech son borrados a los 30 días, por lo que en caso de no solicitarse a tiempo la información de un hecho ocurrido en determinado día, ya no puede ser cotejable.
De acuerdo con Zeta, la Auditoría Superior encontró que no se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados y se omitieron compromisos de entrega de obra, al igual que información precisa sobre las sanciones en caso de incumplimiento de contrato.
En ese informe de auditoría, se detectaron fallas en 46 de los 56 arcos carreteros revisados, solventando la mayoría varios años después de su instalación.
Sobre el caso Guanajuato, el semanario Proceso consignó desde 2018, que ese contrato por más de 2 mil 700 millones de pesos, resultó en un fracaso para echar a andar el Programa Escudo.
El caso del Estado de México
Zeta documentó irregularidades similares en el proyecto del Estado de México, donde el gobierno de Eruviel Ávila comprometió las arcas por un monto de 6 mil 376 millones 773 mil 027 pesos.
“El esquema fue el mismo: una adjudicación directa entregada de manera injustificada, obligándose a erogar una importante suma de recursos en los siguientes 6 años, para un equipo que finalmente sería devuelto a Seguritech cuando terminara la administración”, señala el reportaje.
El contrato administrativo ADP-002-2018 de prestación de Servicios de 62 páginas, nunca especificó los precios unitarios de cada uno de los productos y servicios.
Denuncias llegaron hasta la Cámara de Diputados
La investigación periodística de Grupo Reforma recuperó la forma en que las denuncias acumuladas desde 2008, por su operación en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero (Acapulco) y Sinaloa, fueron llevadas ante el pleno de la Cámara de Diputados.
El entonces diputado federal por Morena, Vidal Llerenas Morales, presentó un exhorto el 8 de agosto de 2017, en el que se dirigía a la ya extinta PGR y a la Auditoría Superior de la Federación.
El exhorto pedía a la entonces PGR, indagar una posible coacción de Seguritech para la contratación de servicios. A la Auditoría Superior de la Federación le solicitaba revisar el estado que guardaban los contratos, la calidad de insumos y sus costos en el mercado.
De acuerdo con la denuncia de Vidal Llerenas, en el caso de Acapulco, la Auditoría Municipal acusó incumplimiento de un contrato por 25 millones de pesos para la operación y mantenimiento de cámaras y botones de pánico, por lo que fue multada con un millón 750 mil pesos. Contradictoriamente, aunque el legislador acusó las irregularidades en múltiples ocasiones, cuando se convirtió en alcalde de Azcapotzalco (en el periodo 2018-2021) también contrató a Seguritech para el servicio de videovigilancia con cámaras y drones.
Acapara Seguritech adjudicaciones directas
Proceso documentó en su reportaje de 2018, la forma en que Seguritech acaparó el 80 por ciento de las adjudicaciones directas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad pública.
El semanario informó que Seguritech obtuvo otros millonarios contratos por adjudicación directa, como el de Michoacán, por 5 mil 500 millones de pesos, con las mismas características que el proyecto de “solución integral” del Estado de México, y al que este año se suma Chihuahua.
En Sonora obtuvo otro contrato de 2 mil 400 millones por el arrendamiento de un C5. Sinaloa le pagó mil 307 millones por videovigilancia y botones de pánico, durante el gobierno de Mario López Valdez (2011-2016).
Además, la firma de Ariel Picker recibió 800 millones de pesos en Colima por videovigilancia y operación de un C4. También 2 mil 407 millones del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo por botones de pánico, un C5 estatal y otros sistemas, de acuerdo con Proceso.
El texto consigna una investigación de asambleístas de la bancada de Morena en la Ciudad de México, que estableció que tan solo en 11 entidades del país, Seguritech obtuvo contratos por 22 mil 307 millones de pesos.
“Tan solo para formarse una idea del crecimiento de Seguritech, en el Estado de México, el gobierno de Eruviel Ávila le otorgó un contrato para instalar 10 mil cámaras de videovigilancia por 6 mil 379 millones de pesos, en diciembre del 2013, y para mayo de 2014 le modificó el contrato original para incrementarlo a 6 mil 721 millones de pesos, según la copia de los documentos con la que cuenta este semanario”, reveló el reportaje.
El semanario también reportó quejas por el mal servicio de Seguritech en el Estado de México, en especial en municipios altamente poblados como Ecatepec y Tlalnepantla.
Además, informó que ese multimillonario contrato representaba hasta entonces el más grande de Seguritech en las 22 entidades donde esa esa empresa privada tiene presencia.
La misma oferta para Chihuahua
Cuando se incrementó el contrato, Seguritech propuso al Gobierno del Estado de México, abarcar 30 municipios durante 49 meses para dar servicios de “solución integral de enlace y monitoreo de vigilancia urbana”.
El concepto de “solución integral” incluyó videovigilancia urbana, arcos carreteros, red de transporte de datos, administración de video, sistema de posicionamiento GPS y sistema de atención a llamadas de emergencia. Además, la administración, consolidación, adecuación y equipamiento del C4 estatal, adecuación de centros de mando regionales y municipales, así como el mantenimiento preventivo y la actualización tecnológica.
En términos generales, ese es el servicio que engloba en Chihuahua, la llamada Plataforma Centinela, con un gran edificio de 20 pisos (Torre Centinela) para albergar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con un centro de mando que conectará a todo el estado desde Ciudad Juárez.
Cuando se presentó el proyecto en abril de este año en Ciudad Juárez, se informó que la Plataforma Centinela implicaba la operación de “más de 3 mil cámaras PTZ, 4 mil 800 cámaras fijas, además de mil 791 cámaras lectoras de placas, 102 Arcos Centinela, 11 filtros Centinela, y más de 800 estaciones de trabajo”.
Las cámaras lectoras deberán contar con analíticos de marca, modelo y color de los vehículos. Con la instalación de los arcos y los filtros equipados con sensores de captación biométrica, todos los vehículos entrantes y salientes del estado estarán plenamente identificados, igual que sus ocupantes.
El proyecto considera instalar subcentros en Delicias, Camargo, Ojinaga, Jiménez, Parral, Guachochi, Bocoyna, Madera, Nuevo Casas Grande, Cuauhtémoc, y Chihuahua.
También se incluye la operación de drones de vigilancia con sus respectivos hangares. Y para neutralizar la amenaza de drones hostiles, se habilitarán 15 equipos antidrones.
En la presentación se comprometieron 40 remolques de videovigilancia móvil con mástil telescópico para monitorear “puntos estratégicos y eventos significativos”.
El equipamiento contempla 2 mil tabletas de uso rudo con acceso a la plataforma de seguridad estatal y para el rastreo en tiempo real de cada elemento policiaco.
Son instalaciones estratégicas, dice secretario de Seguridad Pública
El pasado 10 de julio, cuando Gilberto Loya, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fue cuestionado por la razón para adjudicar sin concurso el contrato a Seguritech señaló que “es una instalación estratégica, que por lo mismo del riesgo que existe de la de las comunicaciones y de la información que se maneja, la ley lo prevé”.
La Torre es lo menos importante, la gente la ha dado mucho énfasis en eso, pero la verdad de todo el desarrollo tecnológico y toda la plataforma de infraestructura, la Torre termina siendo un 15 o 18 por ciento del total del proyecto”
Gilberto Loya
Aseguró que lo importante son las cámaras, las analíticas, el sistema integrador, el sistema de biométricos y la inteligencia artificial “que nos permita tener mayor capacidad”.
Aseguró que la Torre se concluirá en 18 meses a partir de la adjudicación y llevará “24 meses el proyecto”.
Informó que ya se trabaja con Seguritech en la adecuación de plataformas de software para que puedan implementarse rápidamente en el estado y que ya “se están haciendo las ingenierías, líneas de vista para las comunicaciones”.
¿Quién es el dueño de Seguritech, empresa que construye la Torre Centinela?
Ariel Picker, presidente de Seguritech, atestigua arranque de construcción de la Torre Centinela y recibe el abrazo y la felicitación de la gobernadora Maru Campos
