La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, cuestionó a través de un comunicado el actuar del Gobierno del Estado ante las incongruencias que dijo ha tenido la gobernadora, María Eugenia Campos, en un tema tan importante como el operativo en El Pinal, Morelos del cual no se ha aclarado la participación de agentes extranjeros.
“Lo que hoy sucede en Chihuahua no solamente ha puesto bajo cuestionamiento la actuación de funcionarios del Gobierno estatal. También ha dejado al descubierto las profundas contradicciones de Acción Nacional y la facilidad con la que cambia su discurso cuando sus propios intereses están en juego”, se lee en el documento.
Granados De la Rosa recordó que hace apenas unos meses la mandataria estatal defendía en medios nacionales las acciones de su Gobierno en materia de seguridad, así como al presumir la cooperación con agencias estadounidenses y sostener que habían actuado correctamente.
“Hoy, frente a la detención de César Jáuregui, acusado del grave delito de traición a la patria, la narrativa es completamente distinta. Lo que antes se defendía públicamente como un logro de gobierno, ahora es motivo de deslindes, señalamientos y responsabilidades que parecen recaer exclusivamente sobre quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos”, sentenció en su escrito la dirigente morenista.
Comentó que el hecho de que la propia defensa del exfiscal acuse a la gobernadora de haber traicionado a quien la acompañó e impulsó su carrera política durante más de una década, deja mucho qué pensar sobre el actuar de Campos Galván.
“Resulta inevitable preguntarse qué cambió, ¿los hechos, o la conveniencia política? ¿Por qué lo que antes se defendía como una decisión correcta hoy parece ser responsabilidad de una sola persona?”, cuestionó.
Por lo anterior, refirió que resulta urgente e indispensable que el Gobierno del Estado aclare las contradicciones, pues precisó que no basta con cambiar el discurso cuando las circunstancias dejan de ser favorables.
Ante esto y la gravedad del caso exige investigaciones imparciales, respeto al debido proceso y responsabilidades sustentadas en pruebas.
“Lo que no puede aceptarse es que la responsabilidad política se diluya entre versiones contradictorias, deslindes personales y disputas internas. La responsabilidad de gobernar no desaparece cuando un colaborador deja de ser políticamente conveniente”, concluyó.
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