La detención del exfiscal César Jáuregui Moreno y las responsabilidades de los Gobiernos estatal y federal en el caso presentan claroscuros, consideró Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos.
La académica cuestionó tanto la explicación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre su desconocimiento de la colaboración con agentes estadounidenses como la decisión de solicitar apoyo a un Gobierno cuyo presidente ha planteado intervenir militarmente en México.
Consultada sobre la acusación de traición a la patria, Correa-Cabrera dijo desconocer si existen precedentes cercanos que permitan comparar la situación jurídica del exfiscal chihuahuense.
La especialista, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y se dedica al estudio de la seguridad fronteriza, el crimen organizado y la migración, consideró que aceptar el ingreso de agentes extranjeros para realizar labores reservadas a las autoridades mexicanas podría ser el fundamento de la acusación de la Fiscalía General de la República.
Señaló que Donald Trump ha advertido en reiteradas ocasiones que busca intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles de la droga. En ese contexto, cuestionó que se haya solicitado ayuda a un Gobierno al que calificó de “hostil”.
Al mismo tiempo, interpretó la aprehensión de Jáuregui como la presentación de un posible “chivo expiatorio”. Para sostener esa opinión, señaló que Campos Galván afirma que desconocía la colaboración y que fue su propio Gobierno el que detuvo al exfiscal.
Cuestiona criterios de investigación
Correa-Cabrera también consideró que el Gobierno federal aplica criterios selectivos al investigar delitos de alto impacto que involucran a políticos mexicanos.
Señaló que, si el Gobierno de Chihuahua permitió la intervención de agentes de la CIA, habría que revisar la actuación de otras administraciones de la franja fronteriza e, incluso, del interior del país.
Como parte de ese cuestionamiento, mencionó la causa que, según expuso, se ha iniciado contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por delitos relacionados con el “huachicol fiscal”.
Tras aclarar que no busca defender al político expanista, consideró que podría haber otros personajes de la política vinculados con ese delito o con otros de dimensiones similares.
“El Gobierno federal ha sido muy selectivo, porque ya vinculó a políticos como Ruffo, pero no ha intervenido contra los de la 4T”, comentó.
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