Entre 2013 y 2015 se hicieron seis entregas en efectivo, tanto a Cruz como a su hermano Alejandro, dinero que se sustrajo de la bóveda de la tesorería estatal, de acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía de Chihuahua
Redacción | 31 enero, 2024
El escándalo por otra acusación de hechos de corrupción marcó en el pasado la trayectoria política del alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar.
Los hechos narrados en seis denuncias que hoy están en manos de la Fiscalía Anticorrupción en contra de Pérez Cuéllar y varios de sus funcionarios municipales, no son los únicos que han colocado al expanista en la antesala de un proceso penal por presuntos delitos de corrupción.
Cuando ejercía como senador de la República y antes de enfrentar los señalamientos en torno al Mochilagate, los sobreprecios en pruebas Covid, el presunto desvío en el Presupuesto Participativo, la casa del Campestre, la construcción de una casa de cambio en El Chamizal y el contrato por artículos de limpieza que habría beneficiado a un excolaborador, fue acusado de recibir recursos del erario estatal de manera ilegal.
En 2020, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua le imputó haber recibido, entre 2013 y 2015, un total de 2.5 millones de pesos de la “nómina secreta” de César D.J., el exgobernador preso por presuntos delitos de corrupción.
Como parte de una operación que llevó ante los tribunales a 47 personas entre funcionarios, políticos y empresarios vinculados a desvíos de recursos presuntamente ordenados por D.J., la Fiscalía en tiempos del gobierno panista de Javier Corral, intentó desaforar a Pérez Cuéllar como senador de la República, para procesarlo penalmente.
Los fiscales que manejaron los llamados “Expedientes X” en torno a la red de corrupción duartista, acusaron al entonces senador (hoy es todavía titular de ese cargo, pero con licencia), de encubrimiento por receptación y promoción de conductas ilícitas, precisamente respecto a la sustracción de recursos públicos operada por el exgobernador priista.
El encubrimiento por receptación se configura cuando, a sabiendas de la comisión de un delito y sin haber participado en este, una persona adquiere o recibe el producto del mismo, mientras que la promoción de conductas ilícitas se presenta si un particular promueve la conducta ilícita de un servidor público, lo que habría ocurrido cuando Pérez Cuéllar supuestamente acudió a solicitar ante los funcionarios de Hacienda la entrega de apoyos económicos pactados ilegalmente con César D.J.
Conforme a la legislación vigente, los juicios de desafuero competen a la Cámara de Diputados, pero los legisladores que integraron la Sección Instructora (dos de Morena, una del PT y una del PRI), resolvieron el 28 de abril de 2021 aprobar un dictamen que rechazó la procedencia del desafuero solicitado desde diciembre de 2020.
Un día después, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, también bajo la mayoría morenista, por 240 votos a favor, 141 en contra y 11 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora y pidió dar por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia, además de archivar el expediente contra Pérez Cuéllar, identificado como SI/LXIV/DP/01/2021.
Sin embargo, en ese expediente que se replicó en la Gaceta Parlamentaria, quedó el registro de los hechos atribuidos a Pérez Cuéllar y la forma en que el hoy aspirante a la reelección para la presidencia municipal de Juárez, habría recibido seis distintas entregas de efectivo, para sumar dos millones 500 mil pesos.
Mantenía Duarte alianza política con Pérez Cuéllar: Jaime Herrera
Conforme a la narrativa presentada por la Fiscalía y con base en el testimonio del secretario de Hacienda con César D.J., Jaime Herrera Corral y otros exfuncionarios de esa dependencia, como el tesorero encargado de la bóveda que resguardaba el efectivo, el dinero lo habría recibido el hoy alcalde juarense, debido a la alianza que mantenía con el exgobernador priista.
Aunque en ese momento no era legislador ni dirigente formal partidista, Duarte apoyó económicamente a Pérez Cuéllar, según los testimoniales, como actor político con presencia en el estado, “dada su trayectoria como líder del PAN”, ya que el hoy morenista fue diputado local y federal por ese partido, además de presidente del Comité Directivo Estatal.
De acuerdo con los exfuncionarios de Hacienda, Pérez Cuéllar presuntamente firmó algunos recibos de las entregas en efectivo “muy a fuerzas”, además de que cambiaba los trazos de su firma.
La Fiscalía incluyó en la carpeta para la solicitud de procedencia, los seis recibos originales supuestamente firmados por Pérez Cuéllar, quien, igual que otros actores vinculados a la “nómina secreta”, negó en sus alegatos presentados por los abogados, que las firmas fueron verdaderas, y que hubiese recibido el efectivo.
Los fiscales de los “Expedientes X” dijeron en su tiempo que en una caja fuerte de la Secretaría de Hacienda fueron encontradas dos carpetas, una del 2014 con 190 recibos simples y otra con 306 recibos del 2015.
En el clímax del escándalo por corrupción política, la Fiscalía de Chihuahua afirmó que el desvío de recursos públicos, vía “nómina secreta” o “caja chica”, alcanzó los mil millones de pesos durante el sexenio duartista, con entregas continuas a más de 100 personas, principalmente actores políticos de todos los partidos, además de los propios familiares del exgobernador.
En el expediente contra Pérez Cuéllar, el Ministerio Público expuso que el desvío de recursos públicos a través de múltiples actores, fue por 542 millones 365 mil 800 pesos, al menos respecto a los movimientos con el respaldo documental de los recibos.
Ese desvío millonario está detallado en la carpeta de investigación 19-2017-13994, por el delito principal de Peculado Agravado, a la que se le acumularon previamente tres denuncias vinculadas al caso Pérez Cuéllar, de acuerdo a la argumentación de la Fiscalía ante la Sección Instructora.
Siguiendo con esta narrativa, Duarte presuntamente buscaba comprometer apoyos políticos para distintas acciones gubernamentales y mantener injerencia y control al interior de los partidos, lo que también quedó descrito en las testimoniales de sus excolaboradores que operaron el esquema de desvíos, todo de acuerdo con la misma teoría del caso que derivó en múltiples carpetas de investigación contra el exgobernador y varios actores de la vida pública, como el político juarense que hoy busca la candidatura para postularse por un segundo periodo en la alcaldía.
De acuerdo con lo expuesto por los fiscales en las audiencias públicas en Chihuahua (antes de actuar contra Pérez Cuéllar), con ese mismo esquema, César D.J. habría pagado además a periodistas y directivos de empresas de comunicación por cuidar su imagen y su gestión, igual que se congració con los distintos obispos del estado, a quienes hizo entregas mensuales por 100 mil pesos, la mitad de lo que habría entregado (200 mil) al arzobispo de Chihuahua, por su mayor jerarquía.
Presentó Fiscalía recibos por seis entregas de efectivo
En el caso de Pérez Cuéllar, la carpeta señala que la primera vez que se le habría entregado efectivo fue el 14 de marzo de 2013, por la cantidad de 100 mil pesos.
La segunda sería el 26 de agosto de 2013, cuando la cifra subió a un millón de pesos. La tercera se habría registrado el 10 de octubre, por 300 mil, y la cuarta el 24 de noviembre de ese mismo año, por 500 mil pesos.
Para el siguiente año supuestamente se registró una sola entrega. El 15 de agosto de 2014 Pérez Cuéllar habría recibido 100 mil pesos. En el 2015 hubo otra más, ya que el 20 de enero de aquel año, según la Fiscalía, Pérez Cuéllar firmó el último recibo por 500 mil pesos.
En uno de los testimonios de Jaime Herrera se detallan los intereses que tenían Pérez Cuéllar y el exmandatario en distintos momentos del tiempo en que se hicieron las entregas de efectivo.
Se hizo alusión a que en la Legislatura LXIII, correspondiente a 2010-2013, eran diputados locales su hermano Alejandro Pérez Cuéllar y Héctor Ortiz Orpinel, uno de sus operadores políticos hasta la fecha y entonces coordinador de la bancada panista.
Ambos siguen siendo hoy operadores de Pérez Cuéllar, el primero en la organización política Frente 4T vinculada a Morena, y el segundo como secretario del Ayuntamiento juarense.
Se consideraba que para César Duarte era importante el apoyo de los actores políticos en el Congreso del Estado. Así justificaba, supuestamente ante sus subordinados, la alianza con Pérez Cuéllar y la entrega de los recursos.
Herrera narró en su testimonio, que en 2013 Pérez Cuéllar solicitó apoyo para buscar por tercera vez la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN rumbo al proceso interno de 2014. Según Herrera, en un principio Pérez Cuellar pretendía competir directamente, pero luego modificó su plan para impulsar a Héctor Ortiz Orpinel. El objetivo era quedarse con el control partidista que en ese momento tenía Mario Vázquez, actual precandidato al Senado por el PAN y uno de los operadores políticos más cercanos a la gobernadora Maru Campos.
La narrativa indica que el recurso lo destinaría el hoy alcalde de Juárez para articular una “guerra sucia” contra Vázquez, quien de cualquier manera repitió en 2014 para un segundo periodo al frente del Comité Directivo Estatal.
El propio Herrera reconoció que Duarte jugaba un “rol doble”, ya que en otro momento supuestamente apoyó con la “caja chica” a actores panistas vinculados a Mario Vázquez, por lo que aseguraba así su injerencia partidista.
También Alejandro Pérez Cuéllar recibió el efectivo: Testimoniales
En los testimonios también se señala que Alejandro Pérez Cuéllar, entonces diputado local, recogió uno de los apoyos por un millón de pesos. Alejandro se habría apersonado en la oficina de Herrera para solicitar el apoyo convenido entre su hermano y el entonces gobernador, lo que debía corroborar el funcionario, antes de pedir al tesorero sacar los recursos de la bóveda y hacer la entrega.
“Al hablar con César Duarte me indicó que, en efecto, como parte de la alianza con Cruz Pérez habían acordado otorgarle este apoyo económico para sus pretensiones políticas dentro del PAN”
Jaime Herrera
Exsecretario de Hacienda estatal
“Al hablar con César Duarte me indicó que, en efecto, como parte de la alianza con Cruz Pérez habían acordado otorgarle este apoyo económico para sus pretensiones políticas dentro del PAN, las cuales ya expliqué, pero que a cambio esperaba el voto a favor en el Congreso del Estado por su hermano Alejandro Pérez Cuéllar en el tema de la reestructura y/o refinanciamientos de los financiamientos de corto y largo plazo, de la cual se había presentado la iniciativa por el titular del Ejecutivo del Estado”, narró Herrera, identificado en los expedientes como el testigo de identidad reservada AZ55869/2017.
Nada más en ese año, supuestamente le fueron entregados a Cruz Pérez Cuéllar, un millón 900 mil pesos, apoyos solicitados por el propio político juarense que habría de renunciar al PAN en 2015.
Sobre el 2015 narró que, a principios de año, tanto Alejandro como Cruz Pérez Cuéllar acudieron a su despacho para señalarle que Duarte había autorizado otro apoyo de medio millón de pesos.
“Corroboré la instrucción con César Duarte y me dijo que, en efecto, que se le otorgara este apoyo económico solicitado, pues era parte del acuerdo de respaldo mutuo. Incluso recuerdo que me dijo que sí se les apoyara, porque no tenían ingresos económicos, y esto le servía para seguir manteniendo esa buena alianza con Cruz Pérez y poderlo aprovechar a futuro y esto así era con todas las personas que César Duarte sabía que le podrían servir a futuro, porque en caso contrario era muy rudo con las personas que no le eran gratas”, detalló en el testimonial.
El tesorero recibió la orden de Herrera de hacer la entrega de los 500 mil pesos y Pérez Cuéllar habría firmado el recibo.
Hubo apoyos para la campaña del 2016: Exsecretario de Hacienda
El secretario duartista declaró que cuando Cruz Pérez Cuéllar fue candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en 2016, también recibió apoyos económicos desviados del erario, como lo hicieron otros candidatos.
Sin embargo, indicó que en ese año cambió la mecánica de entrega de recursos y ya no operó la llamada “caja chica” o “nómina secreta”.
“Estos últimos apoyos ya no fueron mediante los recursos desviados de la Secretaría de Hacienda dentro de la llamada caja chica, pues en el año 2016 la dinámica de obtención de recursos cambió, y el dinero se obtenía a través de la simulación de contrataciones públicas con empresas fantasma; es decir, para ese entonces fue maquinado a través de operaciones simuladas de contratación de servicios”, explicó Herrera.
El exsecretario de Hacienda aseguró que durante su gestión, se reunió en varias ocasiones con Pérez Cuéllar, algunas para tratar directamente la entrega de dinero que solicitaba y otras al coincidir con él en la Casa de Gobierno de la avenida Zarco, en la capital del estado, el inmueble que sería utilizado en el quinquenio corralista como búnker de los fiscales para los Expedientes X.
No concedieron diputados valor probatorio a los recibos
Cuando se solicitó el desafuero de Pérez Cuéllar, la Fiscalía anexó en las documentales los recibos, las declaraciones de los testigos de identidad reservada y los informes periciales vinculados con la firma del senador.
El 7 de diciembre de 2020, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aceptó iniciar el expediente para el proceso de desafuero del senador, mediante un Acuerdo de Radicación de la Solicitud de Declaración de Procedencia.
Sin embargo, la resolución de abril del 2021 de la Comisión Instructora, no les concedió valor probatorio.
De acuerdo con el dictamen, la Fiscalía de Chihuahua no acreditó la existencia de los delitos y la responsabilidad del servidor público inculpado. El dictamen votado por la mayoría morenista también consideró la prescripción de los delitos perseguidos en la causa penal.
Antes, políticos y periodistas regresaron el dinero
Durante la integración de las carpetas de investigación de los Expedientes X, varios personajes confesaron que recibieron ilegalmente recursos del erario por medio de la “nómina secreta” y se acogieron a la figura de criterio de oportunidad ante el Ministerio Público.
Aceptaron la comisión del delito, devolvieron el dinero y ofrecieron ser testigos colaboradores.
El exalcalde juarense, Armando Cabada Alvídrez, admitió haber recibido 4.3 millones de pesos del exgobernador y devolvió el recurso, antes de pedir licencia para contender por la diputación federal que consiguió por la vía plurinominal.
Javier Contreras Orozco, exdirector del periódico El Heraldo de Chihuahua, de la Organización Editorial Mexicana, reconoció la existencia de un convenio para manejo de imagen a cambio de cuotas mensuales. Devolvió 10.3 millones de pesos.
Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta estatal del PRD, regresó 2.3 millones de pesos. Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI de Chihuahua capital, también regresó a la arcas estatales 467 mil pesos.
Los casos en los que se recuperaron recursos públicos fueron incluso considerados por el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez , cuando resolvió las vinculaciones a proceso de otros actores políticos relaciones con la “nómina secreta”.
La colaboración del testigo de identidad reservada DF23M11578/2018 ayudó al MP a identificar a la mayoría de las personas que recibieron dinero de los recursos desviados del Gobierno del Estado a través de la “nómina secreta”, toda vez que hizo las entregas personalmente y llevó un registro contable, así como una relación analítica de los acontecimientos.
“Las entregas de dinero que realicé fueron a favor de diversas personas, entre ellas funcionarios públicos y partidistas, legisladores locales y federales, candidatos, actores políticos, miembros de la Iglesia y de medios de comunicación, entre otros. Todos ellos, según la superioridad, resultaban de interés para el gobernador. Aunque también de ese dinero desviado se tomaba para gastos personales del exgobernador y para algunos de sus familiares”, declaró el exfuncionario, el mismo que también testificó en el expediente contra Pérez Cuéllar.
La “nómina secreta” no fue ficción
Otros testigos de identidad reservada, protegidos como AAZ55869/2017 y DF-23N1578/2018, complementaron información clave al detallar la mecánica para crear la “caja chica” en la Secretaría de Hacienda. El saqueo mensual fijo ascendía a cinco millones de pesos, según las necesidades personales del exgobernador.
El dinero salía de la Secretaría de Hacienda a través de cheques, desde las cuentas que la institución tenía en Bancomer, Santander y Banamex. Esos cheques se depositaban en Bancomer a nombre del Servicio Panamericano.
Un día después del depósito, el Servicio Panamericano entregaba el dinero en efectivo en la Secretaría de Hacienda, el cual era resguardado en la bóveda de la institución.
De acuerdo con el juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, con los documentos de prueba y las declaraciones de testigos, se corroboró que la mecánica de la “caja chica” o “nómina secreta” no era una ficción o un invento de las personas que laboraron en la Secretaría de Hacienda, además de que quedó clara la ruta del dinero, respecto a cómo entraba y salía.
Así se estableció en la narrativa de los diversos testigos que participaron en la elaboración de cheques, su depósito en bancos, canje en ventanilla y su resguardo en la bóveda de la dependencia una vez que la empresa de valores lo convertía en efectivo, así como todas y cada una de las entregas efectuadas.
El juez sostuvo que las declaraciones de beneficiarios que se acogieron al criterio de oportunidad y devolvieron los recursos, confirmaron la existencia de la “nómina secreta” y los fines para los que fue creada.
Consideró como una actividad sistemática el otorgamiento de cheques de la Secretaría de Hacienda para sí misma, su depósito a la empresa de valores y su retorno en efectivo, para ser entregado a los diferentes destinatarios, como habría ocurrido en el caso de Pérez Cuéllar.
Cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados propuso no considerar procedente la petición del Ministerio Público de Chihuahua, estableció que ello no significaba que los legisladores prejuzgaran, en cualquier sentido, que de ninguna manera pudo la persona señalada haber cometido los delitos.
“No se propone eso. Se propone, simplemente, no admitir la pretensión de la Fiscalía, porque no nos dio la suficiencia probatoria en esta ocasión”, aseguró el diputado presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez.
La resolución le allanó el camino al senador para iniciar su campaña a la presidencia municipal de Juárez el primer minuto del jueves 29 de abril del 2021. Hoy, Pérez Cuéllar busca ser considerado por Morena para la reelección en su cargo como alcalde, en medio de un cúmulo de denuncias que están en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.