En Ciudad Juárez, la mayoría de los feminicidios se pierden en el camino. Las carpetas se fragmentan, los procesos se alargan, los juicios no llegan o las sentencias no alcanzan. Este caso siguió otra ruta. El asesinato de Lizbeth Jaqueline M.G. no quedó atrapado en la estadística: avanzó por todo el trayecto judicial y terminó con una sentencia firme.
Los hechos ocurrieron entre la noche del 26 de enero y las primeras horas del 27 de enero de 2024, en un domicilio del fraccionamiento Portal del Roble. De acuerdo con lo acreditado ante el Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial Bravos, Lizbeth Jaqueline fue privada de la vida por su pareja sentimental, Marco Antonio C.G., quien la atacó con un arma blanca en el interior de la vivienda.
No se trata de una reconstrucción mediática ni de versiones encontradas, sino de los hechos que el tribunal dio por probados durante el juicio.
Por la relación entre víctima y agresor, el contexto de violencia y la forma en que se cometió el crimen, el caso fue clasificado como feminicidio con penalidad agravada, una de las figuras más severamente sancionadas en la legislación estatal.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte.
En esta ocasión, la carpeta no se diluyó ni fue reclasificada. La integración del expediente permitió sostener la acusación, llevar el caso a juicio y mantenerlo hasta el final del proceso.
El 8 de febrero de 2024, agentes de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Marco Antonio C. G. A diferencia de otros casos, no hubo una búsqueda prolongada ni una condición de prófugo que retrasara el proceso. El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial y el expediente avanzó conforme a las etapas previstas.
Durante el juicio oral, los agentes del Ministerio Público presentaron las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal del acusado. El tribunal valoró los elementos expuestos y emitió un fallo condenatorio.
Fue en diciembre de 2025 cuando, durante la audiencia de individualización de sanciones, se dio a conocer la pena impuesta: 41 años de prisión, que el sentenciado deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez. Además, fue condenado al pago de un millón 875 mil pesos por concepto de reparación del daño.
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