El criminólogo juarense Óscar Máynez tiene una propuesta para erradicar a los cárteles de la droga, sin necesidad de que tenga que venir un Gobierno extranjero a querer hacer el trabajo
Es una propuesta de tres pasos, donde tendría que atenderse el problema de las adicciones en un programa social y de salud, mientras en un segundo paso se combatiría frontalmente a los grupos del crimen organizado como “insurgencia” y en una fase final se atacaría el delito del lavado de dinero hasta sus últimas consecuencias.
En entrevista con Norte Digital, menciona que ha venido planteando la propuesta a diferentes públicos, tanto de manera abierta como privada, pero no ha tenido mucho eco, porque parece no haber voluntad política para una iniciativa de tal envergadura.
Refiere que el Gobierno y el partido Morena que lo respalda, tiene el control de las Cámaras de legisladores, por lo que no sería difícil sacar una propuesta de este tipo y hacerla ley, como se ha demostrado con algunas reformas constitucionales.
En general, Máynez pone de relieve que México tiene un grave problema, porque el crimen organizado controla territorialmente muchas regiones del país y el Gobierno lo tolera.
Resalta que, en muchas partes, el mismo crimen pone interés en la elección de gobernantes, sin descartar que sea quien incluso imponga jefes policiacos y alcaldes o apoye a gobernadores.
Anota que, siendo México un país donde rige supuestamente el estado de derecho, la gente “se esfuma”, desaparece para siempre al ir a su trabajo o al viaje por carretera.
Señala que el crimen organizado controla el trasiego, distribución y comercialización de la droga y que resulta inadmisible que el Gobierno no tenga “el monopolio de la violencia”, sino que lo comparta con los grupos criminales.
La fase 1: Duro contra las adicciones
Respecto a su propuesta para combatir todo lo que tenga que ver con ese poder fáctico que sería el crimen organizado, propone como primer punto, ir contra las adicciones.
Menciona que la historia ha demostrado que no se puede erradicar al cien por ciento un producto, porque leyes fuertes como cortar incluso la cabeza a los infractores, ni siquiera eso los ha detenido (pone de ejemplo un Califato, cuando se prohibió el café y sin embargo, no impidió su consumo).
Señala que en el caso de las drogas, tampoco se podría parar el consumo, pero sí se podría controlar y una de esas estrategias sería la reducción del daño.
El también profesor, propone establecer políticas públicas para postergar el inicio de consumo de las drogas, donde estarían muy involucradas las áreas de educación pública.
Máynez comenta que una idea es establecer exámenes toxicológicos aleatorios en escuelas secundarias y preparatorias, donde se incluirían pruebas de orina a los estudiantes, y a los que salieran positivos, se hablaría con los padres y se les conminaría a tomar cursos de prevención de fin de semana de varias horas y a los jóvenes se les monitorearía una vez al año, aleatoriamente también.
“Si los padres no están de acuerdo con que se les hagan esas evaluaciones a los hijos o que vayan a los cursos, entonces a esos niños se les va a poner en grupos especiales, ya sea como prepa abierta, para que estos niños no influyan en los demás”, sugiere.
Agrega que este sistema supervisado podría ayudar a que los menores se frenaran, al saber que los iban a someter a pruebas antidoping y al recibir esa presión social por parte de sus mismos compañeros.
Explica que hay toda una explicación psicológica y social de cómo funcionaría esta idea.
Subraya que esto aplicaría para los menores de edad, donde el Estado tendría la obligación de vigilar el desarrollo integral o sano de sus miembros, a diferencia de los adultos, que a partir de los 18 años, ya tienen esa libertad para decidir sobre sí mismos.
El criminólogo menciona que para los mayores de edad, las empresas o universidades podrían crear sus propios programas, donde el objetivo puede ser el mismo: retrasar el inicio de consumo de las drogas, cuando ya sea menos factible que se conviertan en adictos.
¿Qué son los Centros de reducción del daño?
En la misma línea de atender las adicciones, el profesionista señala que conviene crear “centros de mantenimiento”, donde se regule la administración de drogas, hasta llegar a controlar el consumo y reducirlo significativamente.
La ventaja de aplicarla por parte del Gobierno, es que se haría en un centro de salud, con todos los cuidados para que no se registren infecciones.
“El Estado te atrae y ya puedes entrar dentro del sistema donde te pueden buscar un trabajo o rehabilitación, o lo que sea”, sostiene.
Subraya que estos centros pretenderían la reducción del daño por el consumo de drogas.
“¿Es la solución ideal? No, pero a la sociedad le conviene”, afirma, ya que no andarían robando para conseguir droga y además se atendería el problema de salud.
Máynez comenta que de igual forma, habría un enfoque para tratar de prevenir el consumo de las sustancias.
“Son estrategias que básicamente reconocen que el consumo de drogas es algo que nunca vas a poder controlar completamente, pero sí vas a poder mejorar la situación”, enfatiza el criminólogo juarense.
Fase 2: Los narcos como “insurgentes”
Como segundo punto, el catedrático propone ir contra el crimen organizado “con una estrategia militar real, no la falsa estrategia que utilizó (Felipe) Calderón”, la cual presentaría reglas claras y una métrica definida para evaluar que esté funcionando.
Explica que consistiría en reclasificar a los grupos del crimen organizado, como “grupos que están confrontando militarmente al Estado”, en cuyo caso serían considerados insurgentes.
Máynez menciona que por parte de la legislación, hay armas que son consideradas de uso exclusivo del Ejército, de tal manera que, si cualquier ciudadano trae esas armas, técnicamente van a entrar en la categoría de soldados o grupo armado, rebelándose contra el Estado.
Indica que, en ese sentido, se pueden utilizar estrategias militares para combatirlos.
“Divides al país en zonas, si algo tiene México, son generales, tenemos muchos generales… y lo divides como zonas de pacificación”, dice.
Explica que conforme controlen su zona, a dichos generales se les darían sus reconocimientos, como podrían ser medallas; y si no consiguen el objetivo, simplemente se les cambiaría por otro.
Afirma que habría que cuidar obviamente los derechos humanos, pero se les enfrentaría en la categoría que corresponde, porque cómo se puede concebir no hacerlo, si están armados con “cuernos de chivo” y tumban hasta helicópteros de las agencias del orden.
Subraya que con el armamento tan poderoso que manejan los grupos criminales, su combate ya no está en el ámbito de las Policías municipales ni Estatales, e incluso ni federales, sino que ya debe entrar forzosamente el Ejército.
Menciona que deben activarse también las áreas de inteligencia, para que los militares salgan de sus cuarteles y realicen “operativos quirúrgicos”, luego de lo cual, regresarán a sus instalaciones para resguardarse.
Señala que de ser así, los criminales no tendrían contra quién tomar represalias.
Enfatiza que el Ejército simplemente es un instrumento del Estado que, de utilizarse bien, puede ser una herramienta efectiva para pacificar al país.
Recalca que es necesario ese combate directo y no solamente promover que deben atenderse las causas.
El criminólogo subraya que tienen razón cuando dicen que deben atenderse las causas de la violencia, sin embargo, para lograr resultados con esa sola estrategia, sería a largo plazo, donde se tardarían dos o tres generaciones y los resultados se necesitan ya.
Afirma que si no se resuelve ahorita, las causas van a seguir aumentando, porque los grupos que manejan carretadas de dinero seguirán existiendo y continuarán seduciendo a los jóvenes con ese atractivo.
Fase 3: Cortar y castigar la ruta del dinero
La tercera estrategia que propone Máynez, consiste en crear medidas verdaderamente efectivas para combatir el lavado de dinero.
Detalla que, de acuerdo con organismos internacionales, el combate a ese problema en México es una farsa.
Menciona que deben establecerse mecanismos para demostrar cómo cada funcionario o exfuncionario le hizo para tener sus bienes.
Afirma que las leyes están pensadas para proteger a la clase política y esa misma es la que se resistiría al máximo posible y pelearía contra esa idea, porque tiene beneficio de la laxitud de dicha normatividad.
Finalmente, el criminólogo explica que esta idea no la han atendido debidamente los entes involucrados en México y lo más lamentable es que ahora deberá seguirse un esquema similar, pero ya por la fuerza, por imposición de Estados Unidos, quien encabezado por su presidente, Donald Trump, nombró ya a los cárteles como grupos terroristas y no descarta entrar a este país a enfrentar a dichas organizaciones, cuando México, por sí mismo, debería atender su problemática doméstica.
