El crimen organizado está reclutando por la fuerza a los jóvenes que viven en el suroriente de Ciudad Juárez, denunciaron Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en el foro ‘Impacta 2030, Construyendo una agenda sostenible para el suroriente’.
Mariel Martínez, coordinadora de Participación Comunitaria del Plan Estratégico de Juárez (PEJ), uno de los organizadores del foro, junto con Fechac y Ficosec, dijo a Norte Digital que el tema del reclutamiento forzado de menores, fue uno de los más mencionados.
Agregó que se encuentra entre las cinco principales problemáticas que se viven en esa zona, en materia de inseguridad.
Las organizaciones hicieron hincapié en ese tema y en todo lo que de él se deriva. Además, lo ligaron con las carencias del sector, entre las que destacaron la falta de oferta educativa, así como de infraestructura educativa en el sector.
“Es decir, ante la falta de escuelas, de espacios educativos, pues hay vacíos que (se) llenan de otras formas y desafortunadamente el tema del reclutamiento es una salida, una forma de llenar este vacío, de oportunidades, de empleo e incluso del uso del espacio público”, subrayó.
Dijo que dicho reclutamiento forzado es un fenómeno que existe y que “creo fue de los más comentados y que más preocupación causa en el sector social”.
En el tema de seguridad y justicia, las OSC que trabajan en esa parte de la ciudad, identificaron otros problemas como la inseguridad en espacios públicos, violencia familiar, normalización y movilización de conductas violentas en NNA (niñas, niños y adolescentes), así como violencia sexual, mencionó.
Indicó que, como causas de estos problemas, identificaron la falta de inversión y apoyo gubernamental, la pobreza, la marginación, falta de educación sexual, falta de supervisión parental y dificultades para acceder a justicia.
Acerca de las consecuencias de estas problemáticas, explicó que los habitantes de esa zona pueden sufrir trastornos psicológicos, consumo de sustancias, interrupción del proceso educativo, desestructuración de las relaciones sociales, entre otros.
El seguimiento a la intervención
La coordinadora de Participación Comunitaria, Mariel Martínez, señaló que las mesas de trabajo volverán a reunirse para dar seguimiento a los temas abordados, para detallar más las problemáticas y se discutirá la formasen que pudieran resolverse.
Afirmó que se detallarán mucho más las propuestas que se quieren impulsar.
Mencionó que el objetivo de las cerca de 80 asociaciones sociales y organismos donantes que participaron en el foro, fue crear una agenda social rumbo al 2030 para impactar esa parte de la ciudad.
Dijo que el foro realizado el pasado 6 de marzo, se trabajaron temas de educación, salud, capital social, seguridad y justicia, en su relación con el suroriente, donde se priorizaron los problemas y se hicieron propuestas.
Agregó que algunas de las propuestas consisten en dar seguimiento integral a los procesos de reinserción social, atención especializada para padres y madres, casas de segundo paso para mujeres en procesos de rehabilitación, ampliación de las intervenciones en espacios públicos y programas reeducativos para jóvenes, así como estrategias de prevención.
También identificaron actores claves que no están participando y que deberían hacerlo de una manera más fortalecida, tal es el caso dependencias de los tres órdenes de Gobierno –incluidos regidores–, empresas y organismos empresariales locales, instituciones de salud mental y que principalmente también tendrían que estarse involucrando con la mayor presencia las direcciones que tengan que ver con parques y espacios públicos.
Requieren de presupuesto para hacer su trabajo
“Sugirieron que las leyes reconozcan de una manera más específica la intervención de las Organizaciones de la Sociedad Civil y destinen presupuesto específico para su trabajo”, anotó.
Martínez, comentó que los integrantes de la mesa de seguridad y justicia, pugnaron porque se fortalezcan alianzas con dependencias de gobierno para visibilizar las buenas prácticas.
“Identifican (las OSC) que hay un gran hueco, un gran vacío de información. Que se requieren estadísticas oficiales y desagregadas, mayores estudios y encuestas ciudadanas, análisis de denuncias y algunas otras metodologías para conocer los problemas”, sostuvo.
La coordinadora de Participación Comunitaria del PEJ explicó que propusieron que se dé capacitación en la formación en protocolos de atención y prevención en violencia sexual infantil.
Además, que haya capacitación a las OSC en materia de primeros auxilios psicológicos, para la interpretación y uso de datos, así como reforzar los conocimientos jurídicos sobre delitos sexuales y el sistema penal para adolescentes, entre muchas otras cuestiones.
