El descubrimiento de 386 cuerpos en estado de descomposición en el crematorio Plenitud no solo horrorizó a la población juarense, sino que volvió a colocar a la ciudad en el foco mundial. Nunca antes se había registrado un hecho similar en otra parte, señaló la doctora Olivia Aguirre Bonilla, especialista en Derechos Humanos.
Más aún porque se trataba de un negocio legalmente establecido, donde los cuerpos debían ser cremados. En su lugar, los familiares recibieron supuestas cenizas mientras los restos se descomponían en la colonia Granjas Polo Gamboa.
Capitalismo Gore
Lo ocurrido en Plenitud, describió, encaja perfectamente con el concepto acuñado por la investigadora tijuanense Sayak Valencia: Capitalismo Gore.
“En el Capitalismo Gore se comercializa con los cuerpos; estos pierden su valor humano y se convierten en mercancía, en algo con lo que se puede lucrar y acumular ganancias”, explicó.
Derechos vulnerados
De acuerdo con Aguirre Bonilla, múltiples derechos fundamentales fueron violentados tanto de los familiares como de los cuerpos hallados en el crematorio.
Recordó que los derechos humanos son interdependientes: si se viola uno, los demás también resultan afectados.
Bajo esa óptica, lo ocurrido en Plenitud es un cóctel de omisiones que arrastra un halo de sufrimiento para las víctimas indirectas y para toda la sociedad juarense.
Omisiones de las autoridades
En primer lugar, señaló, hay fallas graves en el debido proceso, pues los deudos no han tenido acceso a una justicia pronta y eficaz.
Criticó además que la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de investigar el caso, no haya informado públicamente sobre la apertura de carpetas en contra de funcionarios por presuntos actos de omisión, particularmente en el caso de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), responsable de supervisar estos establecimientos.
Más allá del hallazgo atroz de cientos de cadáveres en condiciones insalubres, el crematorio representó un riesgo de salud pública que pudo poner en peligro a las familias que viven en los alrededores, advirtió.
Daño a las familias
Sobre el derecho a la vida familiar y a la religión, subrayó que la imposibilidad de cumplir con los ritos funerarios de acuerdo con sus creencias constituye un daño emocional profundo.
Enfatizó que incluso negar a las familias el acceso al cuerpo para despedirse de su ser querido se contempla como una forma de tortura psicológica.
Reparación y dignidad post mortem
En cuanto a la reparación integral, explicó que los familiares no han tenido acceso al derecho a la verdad, pues la información difundida por la FGE ha sido limitada y no se conocen los avances completos en la identificación de los cuerpos.
Para quienes ya recibieron a sus familiares, añadió, el proceso no termina con la entrega de restos: necesitan rehabilitación psicológica y compensación por el daño sufrido.
Agregó que las autoridades deberían emitir una disculpa pública por las omisiones que permitieron la acumulación de cadáveres y sancionar a todas las personas responsables.
Finalmente, subrayó que es evidente la violación de la dignidad humana post mortem, por la forma en que los cuerpos fueron encontrados y tratados.
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