Han pasado ocho meses desde que una llamada ciudadana reveló el horror oculto en un crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa.
Desde entonces, el tiempo ha corrido sin respuestas claras, la investigación penal se torció en tribunales y la tragedia se profundizó para las familias que aún no saben si las cenizas que recibieron pertenecen a sus seres queridos o si sus cuerpos siguen entre los pendientes de identificar.
El saldo es devastador: una de las mayores tragedias forenses en la historia reciente de esta frontera y, hasta ahora, ni una sola persona en prisión.
Pasaron ya ocho meses de aquel trágico y lluvioso 26 de junio de 2025, cuando una denuncia telefónica realizada por vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa puso al descubierto una de las tragedias más atroces ocurridas en Ciudad Juárez.
El hallazgo de 386 cuerpos apilados en las instalaciones del Crematorio Plenitud trajo consigo una serie de eventos que ocasionaron un fuerte impacto social, principalmente por la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, cuyo manejo provocó que el principal sospechoso del hecho quedara libre gracias a la protección de un amparo.
A lo largo de estos meses, el caso del llamado “Crematorio del Horror” ha provocado angustia, tristeza, impotencia y un enojo colectivo, situación que llevó a las familias afectadas a organizar protestas que han trascendido hasta la capital del país.
El saldo del evento, hasta ahora, es de 191 cuerpos identificados, de los cuales 187 ya fueron entregados a sus familiares, según el reporte más reciente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Quedan todavía 195 identidades por establecer, mientras que cientos de familias fronterizas enfrentan la incertidumbre de desconocer si las cenizas que les entregaron pertenecen en realidad a sus seres queridos o si sus cuerpos están aún entre los pendientes de identificar.
Para todas ellas, e incluso para las que ya recuperaron los restos de sus consanguíneos, hasta ahora la justicia no existe porque, en la práctica, nadie ha sido responsabilizado por lo ocurrido.
La promesa que se rompió
El 1 de julio, cinco días después de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, anunció la detención de dos presuntos responsables por el acumulamiento en el crematorio: José Luis A.C., identificado como dueño del establecimiento, y Facundo Teófilo M.R., empleado del mismo.
En aquel momento aseguró ante medios de comunicación:
“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables; serán investigadas las acciones u omisiones de autoridades responsables en la fiscalización de este tipo de establecimientos y vamos a entregar una investigación seria, que busque como objetivo revictimizar lo menos posible a las familias que ya están pasando por ello”.
De igual manera, comentó que ya habían sido presentados ante un juez de Control, quien autorizó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los detenidos.
De acuerdo con los antecedentes de investigación presentados por el Ministerio Público, los detenidos mencionaron que daban servicio, cuando menos, a cuatro funerarias de la ciudad: Luz Divina, Protecto Deco, Latino Americana y Amor Eterno.
Dijeron también que el acopio de cuerpos se debió a que se les “acumuló” el trabajo y, en específico, Facundo Teófilo señaló que el negocio no contaba con servicios básicos, como electricidad o agua, desde años atrás.
También trascendió que el crematorio llevaba cerca de tres años sin recibir una visita sanitaria por parte de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), instancia encargada de las revisiones.
En las últimas inspecciones realizadas en este lugar, con fechas de 2020 y 2022, los inspectores sanitarios impusieron sanciones, como la suspensión temporal de operaciones, debido al hallazgo de cuerpos en avanzado estado de descomposición.
Sin embargo, el crematorio nunca tuvo mayores castigos por estas omisiones y continuó funcionando pese a las faltas sanitarias.
El 3 de julio del año pasado, la FGE anunció que peritos de la Dirección General de Servicios Periciales habían identificado a la primera de las 383 personas, hasta ese momento, localizadas al interior del Crematorio Plenitud.
Un día después, el 4 de julio, el juez Apolinar Juárez Castro dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de José Luis A.C. y Facundo Teófilo M.R., acusados de los delitos de inhumación, exhumación y respeto de cadáveres, fijando un plazo de investigación complementaria de seis meses, mismo que vencería el 4 de enero de 2026.
Tres días después, el 7 de julio, la FGE informó que el número de personas localizadas al interior del crematorio ascendió a 386. Al día siguiente se confirmó la cifra y se indicó que ya había concluido el procesamiento de todos los restos hallados.
Ese mismo día, personal de la FGE afirmó que habían sido entregados los primeros cuerpos identificados a sus familiares.
El 11 de julio siguiente, las autoridades dieron a conocer que se habían interpuesto las primeras denuncias de fraude en contra de “quienes resulten responsables” por parte de familiares cuyos seres queridos habían sido encontrados al interior del crematorio.
El horror no fue un hecho aislado
La presión por parte de la sociedad juarense, que señalaba la falta de revisiones por parte de la Coespris —considerada por los deudos como la principal responsable de permitir el acumulamiento de cuerpos en Plenitud— provocó que aumentaran las revisiones sanitarias en las funerarias de la ciudad.
El 12 de julio, un inspector de esa dependencia estatal visitó la Funeraria Del Carmen, ubicada en la avenida 16 de Septiembre 2469, con el propósito de realizar la revisión correspondiente. A minutos de iniciar la acción, encontró el cuerpo de un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición.
Por estos hechos, el dueño de la funeraria, Miguel Ángel A.O., fue detenido por la probable comisión del delito de ocultamiento de cadáveres. La FGE relacionó también con los hechos a su sobrina y a su sobrino nieto, con quienes administraba el negocio familiar.
Esta fue la primera de cinco causas penales por las que los representantes de ese negocio fueron vinculados a proceso.
Posteriormente, según los testimonios vertidos en las audiencias, el Ministerio Público señaló que los imputados habían construido una red de engaños consistente en ofrecer servicios funerarios que incluían la cremación, que supuestamente se realizaba en El Paso, Texas.
Sin embargo, a partir del hallazgo del cuerpo en la funeraria, así como de otros tres encontrados el 23 de julio pasado en un domicilio de la colonia Arroyo Colorado, vinculado con la familia de funerarios, se estableció la teoría de que entregaban cenizas falsas a sus clientes.
Algunos testimonios señalaron que, a raíz de la noticia de Plenitud, familias comenzaron a dudar de la autenticidad de las cenizas recibidas y, al investigar por su cuenta, descubrieron que habían sido víctimas de una trama criminal.
Aunque ambas historias coinciden en el tiempo, el Ministerio Público todavía no ha informado sobre algún vínculo que relacione directamente los casos de la Funeraria Del Carmen y el Crematorio Plenitud.
Las familias no soltaron el caso
La inconformidad y la desesperación de cientos de familias que, días después del descubrimiento de la tragedia, comenzaron a concentrarse en las afueras de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en búsqueda de respuestas, provocó el surgimiento de colectivos que exigen justicia.
Durante la mañana del 19 de julio de 2025, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos realizó la primera manifestación pública con una marcha que inició en la funeraria Latino Americana, ubicada sobre Paseo Triunfo de la República.
Ese negocio es uno de los principales señalados de utilizar los servicios del crematorio Plenitud.
Los manifestantes llegaron hasta las instalaciones de la FGE en el eje vial Juan Gabriel, donde expresaron su pesar ante la posibilidad de que sus seres queridos estuvieran entre los 386 cuerpos apilados en el establecimiento de la colonia Granjas Polo Gamboa.
Desde entonces, el colectivo se ha dedicado a señalar públicamente las irregularidades que diversas instituciones públicas cometieron en torno al caso y que, desde su perspectiva, colaboraron en el acumulamiento de los cuerpos.
En específico, han acusado a instituciones como la Coespris, así como a diversas funerarias, de lucrar con el dolor de las familias juarenses, permitiendo una trama corrupta en la que el dueño del crematorio operó sin una supervisión adecuada.
De igual manera, han realizado acciones simbólicas, como la colocación de 386 corazones en la fachada del crematorio Plenitud, además de viajar a Chihuahua y a la Ciudad de México para que la tragedia tenga eco a nivel nacional.
El 2 de agosto surgió un segundo colectivo, integrado también por familias afectadas, denominado Memoria, Dignidad y Justicia, que inició su movimiento con la pinta de un mural en las afueras de la FGE para exigir un trabajo más eficiente en la identificación de los cadáveres.
Esta agrupación se ha centrado en acciones de protesta frente a la FGE mediante actos simbólicos como “El altar de los que nunca se fueron” y la colocación de un pino navideño durante la época decembrina.
Su objetivo es que ni la ciudadanía ni las autoridades olviden el dolor y a las víctimas de la pesadilla.
Entre sus principales logros se encuentra la autorización para el envío de muestras de ADN a un laboratorio especializado de la Ciudad de México, así como la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda con la FGE para agilizar el proceso de identificación.
La justicia se cayó en el proceso
Cuando el otoño comenzaba a hacerse presente en la ciudad y avanzaba el plazo de la investigación complementaria, surgieron rumores sobre el estado de salud de Facundo Teófilo, el único empleado del crematorio y uno de los principales señalados.
Se indicó que presentaba problemas de salud graves y que requería atención médica urgente.
El 31 de octubre, la FGE confirmó que el hombre falleció a causa de un enfisema pulmonar mientras se encontraba privado de la libertad.
Personas que proporcionaron información sobre sus últimas horas refirieron que desde un día antes había presentado complicaciones y que, cuando los médicos intentaron trasladarlo, llegó al Hospital General ya sin signos vitales.
Aunque era deseo de sus familiares que sus restos fueran incinerados, tras disputas entre funerarias y la FGE se decidió que no fuera cremado, debido a que las casas mortuorias rechazaron realizar el servicio y la Fiscalía retiró el permiso previamente otorgado.
Esta situación dejó a José Luis A.C., dueño del crematorio, como la única persona detenida por el caso.
En los meses posteriores, la información proporcionada por la FGE fue escasa y se limitó a reportar cifras de identificación y denuncias por fraude.
El 5 de enero de 2026, el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, informó que había concluido el plazo de investigación complementaria y que en “próximos días” se celebraría la audiencia intermedia.
El 9 de enero, agentes del Ministerio Público acudieron ante el juez de Control para solicitar una prórroga del plazo, argumentando diligencias pendientes, entre ellas información financiera del imputado.
El juez rechazó la petición al considerar que las omisiones fueron responsabilidad ministerial y ordenó el cierre de la investigación.
El 13 de enero, el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez resolvió el juicio de amparo 746/25-III, dejando sin efecto la vinculación a proceso penal y ordenando la liberación inmediata de José Luis A. C.
Ese mismo día fue liberado.
La indignación social creció tras conocerse partes de la resolución, donde se determinó que la Fiscalía no imputó adecuadamente los delitos.
Al día siguiente, el fiscal general anunció que interpondrían un recurso de revisión.
El 15 de febrero se dio a conocer que el imputado es ciudadano estadounidense y que se encontraba en Estados Unidos.
El 20 de febrero, los deudos se manifestaron frente a los juzgados federales.
La FGE informó que el plazo para interponer el recurso vence el viernes 28 de febrero.
Este jueves 26 de febrero se cumplen ocho meses del hallazgo de los 386 cuerpos abandonados en el crematorio Plenitud y, entre los deudos, pesa una posibilidad devastadora: que la justicia, por la que tanto han luchado, nunca llegue.
