Una sentencia de 70 años de prisión está buscando la Fiscalía General del Estado (FGE), en el caso del Crematorio Plenitud, informó este viernes la directora del Registro Civil en la zona norte, Karla Ivette Gutiérrez Isla.
Por los hechos ocurridos en donde fueron localizados 386 cuerpos, la sanción que contempla el Código Civil sería de 3 años y otros 17 por la Ley General de Salud, y la diferencia -que implica 50 años más- está sustentada en el criterio de acumulación de víctimas, explicó.
Dijo que actualmente y desde el primer momento el Registro Civil colabora con el Ministerio Público para robustecer la carpeta.
“Nosotros con nuestros expedientes y con las constancias que puedan servir para integrar en la parte administrativa, que puede facilitar a la carpeta de investigación, hemos estado colaborando, dando ese tipo de información para la carpeta de investigación y en colaboración con la Fiscalía General del Estado”, explicó.
Gutiérrez mencionó que la ley es muy clara, al establecer que en cuanto fallece una persona, se debe entregar el cadáver, hacer un certificado médico y hay 48 horas para que la familia contrate una funeraria y ésta presente ese certificado de defunción.
“Estamos hablando de una persona que ya falleció y se le tiene que dar un tratamiento a ese cuerpo para que no haya infecciones, aparte de un trato digno al cuerpo y respeto a las familias”, señaló.
En el caso Plenitud el problema que surgió es que se contrató la funeraria y cuando fue época de pandemia no había servicios funerarios y los cuerpos eran llevados al área del crematorio “y en esa parte todos la cumplieron”.
“El problema fue que ya internamente, esta persona (actualmente sujeta a proceso) no hizo su trabajo, no hizo para lo que fue contratado, y generó esta desgracia en la que obviamente, todos nos sentimos (…) afectados y es un dolor generalizado porque generó una incertidumbre”, afirmó.
Respondiendo al cuestionamiento planteado por quienes el día de hoy retomaron las protestas exigiendo justicia, Gutiérrez refutó que se trató de un caso atípico, que nunca se había dado y que no se presenta de forma recurrente.
Reconoció sin embargo que cada dependencia debe implementar mecanismos “para que no vuelva a suceder una situación así, pero tenemos que ser claros en que esto no había pasado en ninguna parte del mundo”.
Es precisamente por eso -reiteró- que desde la Fiscalía se está buscando pedir la pena máxima con base en la Ley General de Salud “y que sean sancionadas esas personas”.
El representante de Gobierno en la zona norte, Carlos Ortiz Villegas, al participar en la misma conferencia de prensa que este viernes ofreció el Registro Civil con el tema de los matrimonios colectivos, confirmó que la FGE dio vista a la Función Pública por la posibilidad de que sean sancionadas dependencias estatales y municipales.
Sin embargo, aclaró que hasta ahorita no hay ninguna conclusión, que se está revisando y que en su momento “se dará a conocer, se determinará si hay algún tipo de responsabilidad administrativa o de otro tipo”.
Puntualizó que es la Función Pública quien lo puede determinar, pero no hay hasta ahorita un responsable señalado en esas instancias, aclarando que aún están en el proceso de investigación y que por la importancia del caso “es un tema que se maneja con mucha secrecía”.
Ortiz agregó que han mantenido comunicación constante con los afectados, tanto así, que la reunión más reciente con el grupo de deudos del crematorio Plenitud, se llevó a cabo el pasado 22 de diciembre.
Se trata, detalló, de una mesa interinstitucional en la que mes con mes se les informa cómo va el tema de la investigación y la identificación de los restos.
“Hemos estado sacando todas las dudas de esa mesa interinstitucional y seguramente este mes llevaremos a cabo la mesa, estamos dando respuesta como autoridad a esas interrogantes que se tienen”, remarcó.
En ese sentido dijo que, como Gobierno del Estado, están abiertos a transparentar los procesos de seguimiento.
