La agrupación Abogados Postulantes Independientes, integrado por alrededor de 250 profesionistas, emitió un llamado urgente al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos, para que sean adoptadas medidas necesarias para mitigar los impactos ante la crisis epidemiológica que comienza a causar estragos en el gremio de los abogados y su situación económica y personal, ante el paro de labores de todo el sistema de justicia con motivo de la pandemia.
De acuerdo a lo expuesto a Norte Digital por Juan Ángel Lira Quintana, presidente de Abogados Postulantes Independientes, el pasado 27 de marzo fue enviada una petición a nombre de cientos de profesionistas de Juárez, para que el Poder Judicial intervenga y “tome medidas urgentes y necesarias que mitiguen estas lamentables circunstancias, y se dé a la tarea de establecer una estrategia incluyente que permita el ejercicio profesional, que tanto nos ha sido limitado por la discriminación que a lo largo del tiempo hemos sido objeto”.
Ante el panorama de la crisis epidemiológica por el coronavirus, pide, entre otras cosas, implementar medidas sanitarias para el público, abogados y servidores públicos, implementar un área destinada para el desahogo, programación y atención a los abogados litigantes y capacitación gratuita en línea.
Además pidieron la asignación de una cantidad económica base, donada para traslados y copias para abogados de la tercera edad, la disminución de los recursos económicos destinados a otros rubros, solicitando que los mismos sean utilizados para implementar los filtros de salud para el público que ingresa a los edificios; la liberación de quienes se encuentran privados de su libertad por la comisión de “delitos menores”, entre otras medidas.
Por su parte Mardia Astorga García, encargada de vinculación y comunicación de la agrupación de litigantes, mencionó que “como abogados no pertenecemos al gobierno del estado. Nunca se había dado ni tomado una iniciativa para alzar la voz a nombre de todos los colegas, hoy obligados por la condición de la pandemia”.
“El coronavirus expuso la realidad que vivimos en el gremio. No hay capacitaciones, no hay recursos, mientras a los abogados que trabajan para el estado reciben otro tipo de beneficios y prestaciones”, dijo.
Ante el cierre de operaciones del Poder Judicial y por consiguiente de los juzgados, los litigantes se quedaron varados, y sin poder cobrar honorarios ante la falta de trabajo.
La abogada Astorga expresó que hay casos dramáticos de “abogados de la tercera edad que no cuentan con prestaciones, o algún tipo de subsidio, sin apoyo de ningún tipo”.
“Es necesario que el Poder Judicial plantee una política pública, incluyente, que respete los derechos humanos de los abogados, y si en realidad existe la voluntad, que se implementen medidas emergentes en favor del gremio que ha entrado en situación crítica y de vulnerabilidad”, añadió.
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