Corrupción en cuatro actos: combustibles, autos, fayuca y extorsión en la aduana de Juárez

IGNACIO ALVARADO ÁLVAREZ | 17 diciembre, 2025

Su tamaño y alcance, sin embargo, solo puede intuirse ante la opacidad de la data oficial. Por los cruces internacionales que corresponden a Ciudad Juárez no solo se extorsiona de forma indiscriminada. Ocurre también contrabando de hidrocarburos, precursores químicos, vehículos y armas de fuego, de acuerdo con exfuncionarios, agentes aduanales, comerciantes y abogados que han denunciado de manera pública los hilos en este nuevo modelo de descomposición.

Se trata de un negocio tan ilegal como inmenso, cuya derrama fuera del ojo fiscal oscila entre los 1.5 y 3 millones de dólares mensuales.

El escándalo suscitado tras la detención de 14 presuntos contrabandistas de hidrocarburos, entre ellos seis elementos de la Marina a cargo de las operaciones aduaneras en los puertos de Tamaulipas, no es un modelo privativo de aquella entidad.

Si bien, la corrupción histórica de puertos y aduanas terrestres, aéreas y marítimas está más que documentada, la entrega operativa a las fuerzas armadas ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha derivado en una crisis mayor y mucho más difícil de contrarrestar.

"El tema aduanal es algo en lo que tenemos que empezar a hacer más investigación, más estudios, más proyectos y propuestas", dice sobre ello Jesús Manuel Salayandía, presidente del Bloque Empresarial Fronterizo. En años recientes, el empresario ha testificado la distorsión administrativa y de operaciones en las aduanas que existen entre Baja California y Tamaulipas, incluida, desde luego, la de Ciudad Juárez, en donde tiene él mismo su empresa de acero.

Los militares no solo han irrumpido al sistema sin conocimiento de la ley aduanera, sino que en ese híbrido ideado en el sexenio anterior, han suscitado una suerte de sorteos de plazas para instalar jefes a modo en cada una de ellas.

A un mismo tiempo, se ha ido dejando de lado la modernización y tecnificación, imprescindibles para incrementar el volumen comercial de un país cuya economía depende casi en exclusiva de sus transacciones con Estados Unidos.

"La percepción que tenemos es que estas cosas están haciéndose más corruptas", añade Salayandía.

"¿De dónde hay tanta arma del crimen organizado? ¿Por dónde entra tanta fayuca al sur del país? Por vía terrestre, pero también por vía marítima. No tenemos que saber específicamente de un caso para comprender lo que sucede. Ahí están las respuestas", indica.

Diagrama de la ilegalidad

Por décadas, la Aduana Fronteriza ha sido el eterno confín de la corrupción. Con ello estableció un sistema en el que la ley se ha aplicado a voluntad de sus administradores. El contrabando se dio sin recato hasta establecerse como parte de lo cotidiano, a una escala en la que cualquier ciudadano sabía —aun sin ser testigo— que existía y podía servirse de él. La tradición de esa ilegalidad fue, sin embargo, volviéndose más oscura en los últimos 18 años, cuando la ciudad quedó envuelta por dinámicas de violencia y crimen que jamás había vivido.

Los convenios entre contrabandistas habituales quedaron en un segundo plano ante el flujo de mercancías mucho más lucrativas que el mundo del vestido y los electrodomésticos. En todo caso, fueron sujetos de nuevas cuotas de extorsión e intimidaciones, en un momento en el que se estableció de facto un estado de sitio durante la presidencia de Felipe Calderón. Para 2018, una vez iniciada la administración de López Obrador, la corrupción se convirtió en eje central de su discurso y, para despojar al país de ella, entregó al Ejército y a la Marina todo aquello que, desde su perspectiva, habría de restablecer el orden. El sistema aduanero y el control de puertos a cargo de ambas Secretarías fue anunciado en julio de 2020. Pero el remedio, si es que genuinamente se pensó así para Ciudad Juárez y el resto del país, salió peor que la enfermedad.

Los años en los que la seguridad pública de la ciudad quedó en manos de militares primero y federales después, derivaron en un mayor número de asesinatos, desapariciones, secuestros, casos de tortura y extorsión. Ese mismo patrón se ha repetido en cada una de las regiones del país en las que las fuerzas armadas y elementos federales han entrado para supuestamente combatir a las organizaciones criminales. La línea entre quienes lastiman a la sociedad hace tiempo quedó diluida. Ahora no se sabe con certeza si se es víctima de unos o de otros. O lo que es peor, de una misma estructura que los aglutina.

Por norma, las fuerzas armadas se conducen bajo sus propios códigos. No son instituciones que suelan rendir cuentas al poder civil. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha tornado la ilegalidad operativa más activa que en el pasado, y el abuso ciudadano en hechos sin réplica legal.

"Me tocó alguna vez, cruzando hacia Juárez por el Puente Libre, que un guardia nos detuvo para revisión, sin ninguna razón. Mi esposa le dijo que teníamos un vuelo y el oficial le gritó a mi esposa, le dijo que ella no tenía por qué decirle cómo hacer su trabajo", cuenta Luis Manuel Terrazas, quien fue administrador de esa misma aduana 30 años atrás. Elaboró una queja dirigida al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. La respuesta llegó 10 meses después, con evasivas absurdas.

"Si una queja común, bien redactada, es ignorada, es fácil imaginar lo que pasa con el resto", detalló.

Una queja común entraña, sin embargo, un problema de fondo. Más en una aduana como esta, la segunda en movimientos comerciales del país, en la que hace unos años comenzó a desarrollarse otro tipo de contrabando, con artículos altamente lucrativos.

Durante el sexenio anterior se propusieron una serie de cambios a la Ley Aduanera con los que se buscaba fortalecer la fiscalización, digitalizar procesos, profesionalizar a los agentes aduanales y hacerlos corresponsables de las declaraciones de sus clientes. Es decir, justo el tipo de contrabando, extorsión y maltrato como el narrado por el exadministrador de la aduana. Nora Yu, una reconocida agente aduanal de la ciudad y actual senadora suplente, cree que los cambios al marco jurídico produjeron avances importantes, sobre todo en materia tecnológica y de simplificación administrativa, pero también abusos "de los actores" metidos al sistema, que han derivado en nuevas formas de contrabando, mucho más complejas y, sobre todo, con participación activa de los grupos criminales.

"El contrabando (en la ciudad) cambió muchísimo. Anteriormente era de artículos electrónicos, de ropa. (De pronto) empezaste a ver cambios muy fuertes, porque cambió ese tipo de artículos a químicos, a psicotrópicos, a hidrocarburos, armas... a otro tipo de artículos en los que ya empezó a hablarse del involucramiento del crimen organizado", explica.

La era de los combustibles

Tras el escándalo suscitado por la desarticulación de la red dedicada al contrabando de hidrocarburos en los puertos de Tamaulipas, la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez es señalada por la Fiscalía General de la República como una de las diez por las que ocurre el "huachicol fiscal". Es algo que existe por lo menos desde 2014, de acuerdo con un alto exfuncionario de la misma aduana local que prefiere el anonimato.

En años recientes, sin embargo, esos movimientos ilegales se han disparado. Cada día, entre lunes y sábado, un promedio de 20 pipas cruzan cargadas de gasolina y diésel por el puente Zaragoza-Ysleta, siempre de madrugada, a partir de las 00:00 horas. La mayoría de las pipas se interna por el área de vacíos, un carril destinado para vehículos comerciales que retornan sin mercancía. La maniobra sirve para no registrar la carga.

Otras lo hacen con pedimentos de aceite usado o aceite automotriz, y las cantidades que declaran son menores a las que transportan.

"Ellos dicen que traen 10 mil litros cuando la pipa en realidad lleva 40 mil litros. Eso es diario", explica el exfuncionario.

Esta es la forma con la que se evade el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y solo se grava el IVA para el caso de los aceites usados. La diferencia entre los impuestos que se declaran y los que se evaden es significativa. Una pipa que cruza sin documentación, es decir, por el área de vacíos, evade el 35 por ciento del valor arancelario; y una que declara importar aceites lo hace con un 20 por ciento, ante el subregistro.

"Es un negociazo por donde quiera que se le vea. Hablamos de costos de entre 15 mil hasta 20 mil dólares por pipa doble, y 10 mil por tanque sencillo. […] Tan solo por las pipas cargadas de gasolina, cada mes se generan más de un millón y medio de dólares para la Aduana, y a ello hay que agregar lo que se le da a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Estatal, porque esto no opera sin contubernio. Tiene que ser para todos".

Se trata de una operación que solo es ilegal en la parte mexicana y, por lo tanto, la refinería texana suele reservarse información específica, como por ejemplo el volumen real que ha sido adquirido por la parte mexicana. Pero una vez que atraviesan la aduana, las pipas suelen concentrarse en un corralón ubicado a la altura del kilómetro 27 de la carretera Panamericana, listas para continuar el viaje hacia la capital del estado. Es ahí en donde inician las caravanas que no serán molestadas por ninguna autoridad.

El porcentaje de gasolina de contrabando que no se despacha a la ciudad de Chihuahua se distribuye en gasolineras de Ciudad Juárez, de acuerdo con el exfuncionario. Del conjunto de empresas del ramo que opera en la entidad, únicamente figura sujeta a investigación Energética Carvel S.A. de C.V., propiedad de Carlos Velázquez Nieto y Homar Prieto Barrera, de acuerdo con el acta constitutiva fechada el 10 de octubre de 2013 ante el Registro Público de Comercio.

El nombre de la empresa, que ha establecido contratos con el Gobierno estatal en al menos dos ocasiones (2019 y 2023), ha vuelto a resurgir en la trama del caso Tamaulipas. Es una de las diez a las que la FGR mantiene bajo escrutinio en todo el país.

Autos, fayuca y la nueva red de extorsión

Hace poco más de un año, el abogado Samuel Gutiérrez subió un pequeño video a sus redes sociales. Documentaba el intento de extorsión en un retén carretero instalado por agentes de la Fiscalía General de la República sobre la carretera Juárez-Chihuahua. Los agentes, que primero quisieron intimidarlo, recularon al enterarse de que era abogado.

No fue la primera vez, ni sería la última en la que confrontaría tanto a elementos de esa dependencia como a miembros de otras Fiscalías estatales, policías municipales, militares o guardias nacionales, apostados estos últimos en la Aduana Fronteriza. Así que decidió publicar un anuncio para ofrecer sus servicios gratuitos. Lo dirigió a tovareros, transportistas, vendedores, yonqueros e importadores.

"Tengan mucho cuidado si traen carros americanos o con cita, están los de la Fiscalía bien bravos en el navegante Juárez-Chihuahua, km 100, y piden miles de pesos, si no, te detienen", les advirtió. Desde entonces no ha pasado un día sin que reciba llamadas de auxilio.

Esa larga cadena de extorsión principia en la aduana local, en la que el contenido de la ley y los decretos de importación, en todo caso, sirven para intimidar a ciudadanos comunes y corrientes que se internan con autos importados, electrodomésticos y otros enseres nuevos o usados; por los que, si no ceden a la cuota ilegal, serán interceptados por células de delincuentes o por elementos de seguridad previamente alertados vía mensaje de celular.

La aduana como mercado del despojo

"Las personas compran sus vehículos y están siendo extorsionadas por diferentes tipos de corporaciones", dice el abogado. "Yo mismo lo he vivido. Pero lo que el ciudadano debe saber es que en ninguna parte de la ley viene establecido que una persona no puede ingresar a Estados Unidos con un vehículo que está regularizado por decreto. Pero ellos (los militares y guardias), de cualquier forma, a la hora que tú vienes entrando a México por Ciudad Juárez, te inspeccionan y te dicen que únicamente puede circular en el país, y te piden 500 dólares para dejarte entrar".

Solo en una ocasión Gutiérrez cedió al cobro, pero exigió que se le diera el formato legal que amparaba el pago de 100 dólares que le pedían, y pagó con tarjeta. Lo hizo porque cruzó con su hijo de cuatro años y no se atrevió a tentar su suerte.

"Muchas personas que me han llamado para consulta; me cuentan que han sido detenidas por el crimen organizado", cuenta. "Personalmente no me ha tocado sufrir algo así, salvo con agentes en retenes, pero no quise arriesgarme. Los rumores son demasiados como para no tomarlos en cuenta".

Justo la red aludida por Héctor Lozoya, el presidente de la Unión de Yonqueros, y por la que los vendedores de carros usados han decidido someterse al régimen del despojo impuesto en la aduana.

La maquinaria de los tramitadores

La red de complicidades funciona con algo de complejidad para reducir, en lo posible, cualquier señalamiento en contra. Los comercializadores de vehículos suelen adquirirlos en auctions o mercados de subastas en Estados Unidos. Para un mercado como el de Juárez, la principal apuesta son carros cuyo valor en punto de venta oscila entre los 500 o mil dólares. Por cada unidad adquirida, el vendedor emite un comprobante.

La cantidad descrita en ese recibo debiera fijar un estándar impositivo, pero no es así. Los comercializadores o particulares no pueden siquiera realizar los pagos de importación ellos mismos. Forzosamente deben hacerlo a través de intermediarios, muchos de los cuales son antiguos trabajadores de la misma aduana. Con ellos inicia la compleja burocracia de las irregularidades.

"Vas con el tramitador, cotizas el vehículo, pero no es válido, no te lo hace válido la aduana. El agente aduanal te argumenta que es la aduana. La aduana no te vale la hoja de compra, y entonces ellos ponen su valor en una factura que está arreglada. Tú pagas lo que te cobre el tramitador", intenta explicar Andrés, un vendedor de carros usados que lleva más de dos décadas en el negocio. Andrés es un nombre falso. Revelar el suyo, dice, puede costarle visitas incómodas en su punto de venta.

El pago inicial se realiza directamente con el tramitador, a quien se contacta en El Paso. A él se le entregan cantidades diversas, que pueden ser 15 mil o 30 mil pesos. Con ese dinero, ellos entregan el pedimento de importación.

"La transa está en que ellos hacen su convenio con la aduana a partir de una factura que no se corresponde con el costo real del vehículo. Si tú no vas con esa factura o con los papeles que te pide la aduana, del tramitador que ellos digan o de la persona encargada de recoger la cuota, ese carro te lo detienen, te tienen en semáforo rojo y al agente aduanal le extienden un pago. Es una multa por no tener los requisitos esenciales para la importación del vehículo", explica.

Las reglas del juego han cambiado de la misma manera en que se conducen los militares en los puertos de entrada, dice el comerciante.

"Básicamente te están cazando, y eso es corrupción. Porque te van a detener y ahí solo te arreglas con dinero. Aun cuando tú quieres declarar algo voluntariamente, y les dices 'quiero declarar esto, mira, aquí traigo mi factura de 100 dólares, voy a pagar por 100 dólares'. No, ellos ven en internet un artículo similar, ven lo que cuesta y declaran los impuestos a lo que les da su gana".

Un negocio que se multiplica en millones

Esta distorsión de la ley genera un mercado inmenso. Los vendedores de autos que deciden entrar al juego de la extorsión lo hacen porque finalmente cobran el monto al comprador final, que lo mismo se encuentra en la ciudad, el resto del estado o en tianguis de Zacatecas, Durango, Jalisco y Michoacán. Juárez se mantiene, pese a todo, como la entrada principal de vehículos extranjeros con propósito de venta.

"Hablamos de 100 carros diarios, mínimo", dice el exfuncionario de la aduana que habló bajo anonimato. "Pero fíjate cómo funcionan las cosas. Ante el volumen de quejas por corrupción ligada al mal llamado huachicol fiscal, la Agencia Nacional de Aduanas inició una investigación hace unos tres meses. En realidad todo fue una faramalla porque todos están arreglados. ¿Cómo vienes a fregar algo en lo que están tanto la Fiscalía General como la Guardia Nacional? Lo único que hacen es que les tienen que dar más dinero. Si antes cobraban 300 dólares, lo subieron a 400. La aduana duró cerrada tres semanas. Después la abren una semana y vuelven a cerrarla, pero ya quieren 500 dólares por carro, que no tiene nada que ver con el contrabando de combustible".

El cruce de autos para venta ocurre esencialmente por tres puentes: el de la Lerdo, Zaragoza y Guadalupe, en una proporción de 100 unidades por día. Si la extorsión asciende a 500 dólares o 600 cuando se trata de camionetas, tal y como dicen el vendedor y el exfuncionario, cada día quedan fuera de registro unos 50 mil dólares. "Si lo multiplicas por siete días son 300 mil dólares a la semana, y un millón 200 mil dólares mensuales. A ello suma lo de la gasolina, más el contrabando normal. Para que te des una idea, por el Puente de la Lerdo una pickup con camper, o una van con fayuca, paga 500 dólares, o mil dólares si trae remolque. Hablamos de una ganancia global, sumando todo, que ronda los tres millones de dólares".

La derrama de ese circuito criminal alcanza para todos, incluidas células del crimen local. Nora Yu, la agente aduanal que es senadora suplente, dice que la única forma de terminar con ello es involucrando a todos los entes que intervienen en el comercio binacional. Esa fue la manera en la que el contrabando, en términos generales, fue reduciéndose. También hay que convertir la aduana en un punto de mayor flexibilidad administrativa, de tal suerte que la ciudadanía y los comercializadores cumplan. Pero sobre todo, se requiere modernidad.

El problema radica en los grandes intereses que envuelven al sistema. "¿Por qué no se dota de alta tecnología a las aduanas? Pues porque hay dinero de por medio. Porque hay esa resistencia de las gentes que están ganando por ese lado, por cuestiones del contrabando, de la evasión, de todo eso, pues están ganando dinero. Pero es como con el SAT: los grandes empresarios que tenían la ilusión y la evasión fiscal, ahorita ya los tienen agarrados de las orejas y son los que están a llore y llore". La pregunta es, ¿quién tomará a los militares corruptos de las orejas?