El actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, realizó la tarde de ayer su nonagésima visita a esta frontera, con cargo al erario público, tras ser parte de una reunión de trabajo en la que se confirmó a la nueva delegada de Migración en el estado.
Por aproximadamente 8 horas, los funcionarios del INM se reunieron en las instalaciones del salón de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, en el que Zaira Flores Carrasco, rindió protesta como nueva titular de la Oficina de Representación del INM en el estado, por lo que estará encargada de supervisar la política migratoria del estado.
“En el encuentro se presentaron informes y metas de trabajo del personal, y se evaluó el cumplimiento de acuerdos establecidos para reforzar estrategias de atención en favor de las personas extranjeras que transitan por los espacios migratorios y para aquellas que solicitan los servicios que brinda el INM”, se informó a través de un comunicado de prensa.
“Entre ellas, agilización de los procesos migratorios, potenciar el desarrollo y capacidades del personal con perspectiva de respeto a los derechos humanos, así como consolidar la coordinación interinstitucional”, se indicó.



La visita del funcionario federal se da después de que el pasado 24 de enero, un juez de Control federal autorizara una suspensión condicional al proceso penal que se lleva en cabo en contra de los presuntos responsables del incendio que terminó con 40 migrantes muertos en la estación migratoria Lerdo el 27 de marzo de 2023.
Entre las acciones, el funcionario tendría que realizar un evento de “disculpa pública” para las víctimas y sus familias. Sin embargo, fuentes judiciales informaron que la defensa de Garduño consiguió que el juez autorizara aumentar el plazo de dicho acto hasta que se cumpla el plazo de 18 meses de la suspensión condicional.
Tras salir de la reunión, agentes del INM montaron una escena improvisada para que el mandatario no respondiera preguntas a medios de comunicación.
El resto de las condiciones que Garduño tiene que cumplir son no cambiar de residencia, entregar el dinero restante a las víctimas que no han sido indemnizadas, tomar cursos en materia de Derechos Humanos y Protección Civil y supervisar cada 3 meses los centros de detención.
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