El Congreso de Chihuahua inició el procedimiento para elevar a rango constitucional los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas del estado.
La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Poder Legislativo estará a cargo del proceso de consulta para concluir en una iniciativa de gran alcance. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos fungirá como observador. El Instituto Estatal Electoral, por su parte, será el organismo garante de que se realicen correctamente las consultas.
Esta deberá modificar tanto el texto constitucional como una serie de leyes reglamentarias relacionadas con los derechos de los pueblos originarios.
El mecanismo de Parlamento Abierto contribuirá en los trabajos legislativos de la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Para tal efecto, se preguntará a los indígenas sobre 10 asuntos y dos sentencias concernientes a sus pueblos.
La diputada Rocío Sarmiento (PAN), presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, afirmó que la reforma es para favorecer la vida de los pueblos indígenas e impulsar derechos humanos.
Indicó que se busca consultar a más de cinco mil personas que representen a las más de 500 comunidades indígenas que hay en la entidad. Para ese efecto, se instalarán 36 mesas de consulta en un igual número de municipios.
La presentación del proyecto legislativo tuvo lugar en la torre del Congreso del Estado, en una ceremonia a la que acudieron representantes de diversas instituciones.
Sarmiento reconoció que el Congreso ha recibido diversas iniciativas en materia indígena, pero no se había consultado a plenitud a sus comunidades.
“Tenemos una verdadera zozobra sobre lo que nos van a responder, porque hemos presentado iniciativas en este Congreso del Estado. Sin embargo, no sabemos si es lo que ellos necesitan, si es lo que ellos quieren”, agregó.
Representación indígena en ayuntamientos y centro de traducción
Con ese objetivo, se determinó pedir la opinión y decisión de los pueblos originarios en temas como la representación política indígena, que incluye legisladores y regidores.
Así también, se creará un centro de traducción indígena, a la vez que se impulsará la formación de investigadores indígenas. Además, la promulgación de una ley de consulta y una nueva ley de Derechos de Pueblos Indígenas.
La presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Rodríguez, aseguró que la principal tarea de ese organismo es la inclusión las comunidades indígenas. Estas deben participar en la vida política y social de Chihuahua para disminuir la brecha de desigualdad de los mismos.
La mesa interinstitucional, agregó, “será la clave para poder lograr cada uno de los objetivos que nos hemos planteado para enaltecer los derechos fundamentales de los pueblos originarios”.
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