El Colegio Teresiano de Ciudad Juárez fue obligado a pagar tres millones de pesos como reparación por daño moral y responsabilidad civil, luego de que se acreditaran omisiones del plantel al no intervenir oportunamente ante un caso grave de acoso escolar contra uno de sus alumnos.
Los hechos ocurrieron en 2019, cuando la violencia escaló y un compañero del menor lo empujó con fuerza durante el recreo, provocándole fracturas en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con lo expuesto, el alumno ya había sido víctima de acoso en ocasiones previas, sin que la institución adoptara medidas para prevenir la agresión.
La diputada local María Antonieta Pérez Reyes informó que este es el primer caso formal en Ciudad Juárez en el que un colegio privado enfrenta consecuencias legales por no actuar ante situaciones reiteradas de bullying, lo que derivó en un acuerdo reparatorio a favor de la víctima y sienta un precedente para casos similares.
Recordó que el 4 de diciembre de 2019, el menor fue embestido físicamente por otro estudiante que lo superaba en peso y estatura, lo que lo proyectó varios metros y le ocasionó fracturas en hombro, muñeca y dedos, además de lesiones en la cabeza que requirieron hospitalización y una intervención quirúrgica.
Pérez Reyes señaló que docentes y personal del colegio tenían conocimiento del acoso que sufría el alumno, sin que se activaran protocolos de prevención o contención. Tras la agresión, no se brindó atención médica inmediata, y el menor fue trasladado a la dirección para esperar a su madre, quien acudió aproximadamente una hora después.
Ante la petición de la madre del estudiante, la legisladora presentó una denuncia ante el Juzgado Quinto Civil, bajo el expediente 1100/21, el 26 de mayo de 2022. Después de dos años de proceso judicial y presentación de pruebas, el Colegio Teresiano decidió llegar a un acuerdo reparatorio, al quedar acreditada su responsabilidad por las omisiones cometidas.
“Esta resolución manda un mensaje claro a las escuelas privadas: no actuar ante el bullying también genera responsabilidad legal. Ya existe un antecedente y deberán responder por los daños que se causen a los alumnos”, subrayó la diputada.
Finalmente, Pérez Reyes hizo un llamado a las familias que enfrenten o hayan enfrentado casos graves de acoso escolar a denunciar y exigir responsabilidades, y se ofreció a orientarlas en los procesos legales correspondientes.
Además del acuerdo económico, el alumno agresor fue sancionado con trabajo comunitario y la obligación de tomar cursos de tratamiento relacionados con agresividad y respeto.
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