Durante el paro de labores del magisterio estatal efectuado el miércoles 19 de marzo, se escucharon diversos reclamos de parte de ese gremio hacia los Gobierno estatal y federal, particularmente, por el mal servicio que reciben en las instituciones públicas de medicina y salud.
Sin embargo, también afloraron otros reclamos que tienen relación con las prestaciones eliminadas por los Gobiernos estatal y federal con motivo de la reforma educativa impulsada por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
De esas exigencias, destaca la que clama por la reactivación de la llamada “Clave L”.
Dicha prestación, conocida también como Tiempo Completo Mixto, era una prestación que consistía en que los docentes en servicio que cursen la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), reciban una remuneración económica equivalente al nivel superior.
Las categorías se dividían en los mentores que tienen medio tiempo de funciones frente a grupo, y el otro medio tiempo, de descarga académica correspondiente a la investigación pedagógica y administración escolar.
Dicha prestación tenía dos requisitos; el primero es cuando el maestro ingresa a los estudios de la UPN, adquiriendo la categoría de L-1, L-2 o L-3, según los años de estudios.
El segundo factor era el tener al menos 20 años de antigüedad, que da la L plus, que deberían poder acceder a un 38 por ciento de impacto de bono.
¿De dónde salió el L Plus?
La prestación surgió de un convenio firmado entre la Sección 42 y Gobierno del Estado, el 6 de julio de 1987.
Sin embargo, la gestión federal encabezado por Enrique Peña Nieto, en seguimiento al “Pacto por México”, se instauró la Reforma Educativa, la cual eliminó la mayoría de las conquistas sindicales a nivel nacional por las diferentes secciones del SNTE.
El entonces gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, aplicó la reforma en el año 2015 con la Coordinación del Servicio Profesional Docente y la entrada en vigencia del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.
De esa forma, eliminó las prestaciones y/o plazas pactadas para el magisterio estatal dentro del Contrato Colectivo de Trabajo a lo largo de años de Convenios, ya que todo quedaba a cargo del Servicio Profesional Docente hoy Usucamm.
Cientos de querellas en contra
La supresión de ese beneficio ha generado un descontento creciente entre el sector magisterial, a grado que hay centenas de demandas laborales en contra de autoridades estatales por ese motivo.
De acuerdo con datos oficiales a los que Norte Digital tuvo acceso, están en curso demandas promovidas por 496 personas que perdieron la Clave Plus con motivo de la mencionada reforma.
De ellas, la mayoría se encuentra en la etapa de Amparo Indirecto en contra de la sentencia de Segundo Grado. Otras más, están en espera de sentencia y/o en la de Clasificación de Pruebas.
Con motivo de las protestas efectuadas por el magisterio estatal el pasado 19 de marzo, se celebraron reuniones entre dirigentes de la Sección 42 con representantes del Gobierno del Estado y en particular de Pensiones Civiles del Estado.
Sin embargo, aún se desconoce si hubo algún acuerdo en torno a la Clave L Plus.
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