La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, fue abordada el domingo por un grupo de individuos que se apostaron a la orilla de la carretera, con el rostro cubierto, a la entrada de Mazapa de Madero, al sur de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Buscaron dejarle un mensaje: que una vez a cargo de la Presidencia de la República, “limpiara” el tramo que une al municipio de Motozintla con Comalapa, “porque si pasamos para allá, nos hacen pedacitos a todos”.
Se trató de un tercer “retén” que cruzaron ese día los vehículos en los que viajaban Sheinbaum y el candidato a gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar. Algunos pobladores dijeron que ese último grupo se hallaba armado y que pertenecía al “Cártel de Sinaloa”. El momento fue grabado por al menos un teléfono celular, y una cámara de Latinus, la plataforma informativa dirigida por Carlos Loret de Mola que es financiada por empresarios y políticos adversos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En términos de estrategia criminal, la petición hecha por los supuestos narcotraficantes carece de sentido. Y en estricto orden paramilitar, rebasa lo absurdo. En los dos puntos de “control” por los que pasó la caravana de Sheinbaum y Ramírez no hubo un intento por frenar su marcha. Por el contrario, despejaron el camino de simpatizantes y curiosos. Solo en el tercero de ellos portaban armas y ocultaron sus rostros. El armamento incluía fusiles de asalto, pero en ningún momento los exhibieron cuando detuvieron la marcha de la candidata. El abordaje fue cuidadosamente amable. “Somos pueblo y estamos acá tres veces por semana cuidando a nuestro pueblo”, le dijeron a Sheinbaum. “[…] Cuando esté en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre; nada más eso le queremos decir. No estamos contra el gobierno, llévese eso en su mente”.
¿Qué caso tiene, si se trata de uno de dos grupos en disputa del territorio, una acción como esa? La manera en la que se reprodujo la noticia ofrece una respuesta probable: contribuir al análisis de quienes afirman que el actual gobierno mantiene una suerte de pacto con esa organización.
El territorio en el que se produjo el incidente ha sido escenario de enfrentamientos armados, asesinatos, extorsiones y secuestro de personas los meses recientes. La información que predomina dice que se trata de una zona en disputa por dos organizaciones criminales [la otra sería el “Cártel Jalisco Nueva Generación”], y la versión ha sido avalada por el propio López Obrador, basado en reportes de la Secretaría de la Defensa. En términos más amplios, la frontera entre Chiapas y Guatemala ha sufrido el flagelo de grupos delictivos y autoridades corruptas durante años. El tráfico de personas y mercancías, de drogas y de armas de fuego no es nuevo, como tampoco la atrocidad. Las víctimas entre los migrantes -por citar un ejemplo concreto- se cuentan por miles. Pero ni antes ni ahora se han desplegado operaciones tácticas para contrarrestar el fenómeno. La diferencia estriba, en todo caso, en el ambiente político, con un ácido que el propio presidente se propuso derramar dentro y fuera del país, y que enmarca, entre otros, la supuesta protección que brinda al “cártel de Sinaloa”, cuyos puntos de referencia clave inician con el Cualiacanazo, continúan con el saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera, las elecciones del 2021 y se mantiene hasta el #NarcoPresidente.
Las dos empresas criminales en supuesta disputa por el control de Chiapas son las mismas a las que Estados Unidos señala como causantes de la muerte de decenas de miles de adictos al fentanilo que producen en México, gracias a que el gobierno no solo ha dejado de combatirlos sino que, con su inacción, les ha cedido parte del territorio. El discurso presidencial marca efectivamente un cambio respecto al de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y, en menor medida, Enrique Peña Nieto. En los hechos, sin embargo, la militarización de la seguridad pública terminó por consolidarse en este sexenio, y los niveles de criminalidad atribuidos a los cárteles superan con creces los registros históricos. Lo de No somos iguales se queda en lo retórico. Pero, justo por ello, la narrativa que pone en la cruz a López Obrador se sostiene con clavos cada vez más punzantes. La ruptura de relaciones diplomáticas con el Ecuador proviene de allí mismo.
Después del encuentro con los encapuchados, Claudia Sheinbaum diría que todo le resulto “muy extraño”. Además de que se condujeron con un lenguaje que ella considera fuera de lugar, le llamó la atención que solo hubiera un representante de los medios, con el micrófono de Latinus. La idea del montaje la haría crecer López Obrador en su mañanera del lunes. Pero ni la candidata ni el presidente ofrecieron mayores argumentos. Es seguro que ambos disponen de información precisa sobre la identidad de quienes interceptaron el convoy, pero difícilmente la harán pública. Los desplazamientos de Sheinbaum son antecedidos por inteligencia militar y desde el comienzo de la campaña dispone, lo mismo que Xóchitl Gálvez, de custodia a cargo de la Defensa. Si de algo estuvo cierta, fue que no sería blanco de un ataque, por más que el performance sugiriera lo contrario. Como sea, el objetivo se cumplió: la idea de que el cártel mantendrá protección del gobierno, alcanzó las primeras planas.
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