Dos años bastaron para que la postura sobre la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las calles chihuahuenses cambiara; todavía hasta octubre del 2022, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, rechazaba que la presencia de las fuerzas federales fuera necesaria de manera permanente.
Los ánimos se caldearon en septiembre del 2022, cuando se votó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En ese momento, el PAN y la gobernadora panista, rechazaron que el Ejército permaneciera en las calles y que su presencia debería de ser solo provisional, como un apoyo para las Policías Estatales y Municipales.
Sin embargo, en las últimas semanas, la gobernadora ha reclamado la poca presencia de las fuerzas federales en el estado y ha pedido que se realicen tareas de vigilancia y desarrollo de estrategias para contener los delitos del fuero federal, como lo son el narcotráfico y el tráfico de personas.
“No nos gustaría que el Ejército patrulle en las calles de manera permanente. Es necesaria su presencia, solo en tanto fortalecemos a la Policía estatal y a las Policías Municipales”, comentó la gobernadora a principios de octubre del 2022.
Pero en los dos años de su gobierno, 11 Policías Municipales fueron desmanteladas por sus vínculos con el crimen organizado y su nula aprobación en los exámenes de control y confianza. Se trata de Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravos y Práxedis G. Guerrero, municipios en los que el Mando Único realiza tareas de vigilancia y patrullaje.
Ante la vinculación del exdirector de la Policía Municipal de Janos, Higinio Solís González, con un grupo criminal, y quien murió abatido cuando se trató de ejecutar una orden de aprehensión en su contra, la gobernadora indicó que la Policía Estatal es incapaz de asumir las tareas de vigilancia y seguridad en todos los municipios.
Por su parte, Gilberto Loya informó este lunes en Hidalgo del Parral, que se han realizado solicitudes de armas de alto poder a la Sedena sin haber obtenido respuesta favorable.
“Ya van tres solicitudes que hacemos a la Sedena de ametralladoras y otras armas de alto poder, sin haber tenido apoyo de su parte”, comentó.
Insiste SSPE en la reducción de homicidios dolosos
A un año del arranque de la Plataforma Centinela, solo se han inaugurado cuatro subcentros de los 13 que se tienen previstos en todo el territorio estatal. Aun así, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) afirma que hay resultados gracias a la implementación de vigilancia por medio de cámaras y drones en todo el estado.
El pasado lunes, Gilberto Loya, titular de las SSPE, dijo que en lo que va del 2023 se ha registrado una reducción del 20 por ciento en homicidios dolosos, “es decir, más de mil homicidios que no se perpetraron, mil personas que no fueron asesinadas”, comentó el funcionario en rueda de prensa en Hidalgo del Parral.
Afirmó que estos números, y las detenciones que se han realizado, son resultado de una buena coordinación y sinergia con las autoridades federales; apenas el jueves pasado se suscitó un enfrentamiento en Madera, entre criminales y fuerzas de la autoridad.
“Tuvimos el abatimiento de generadores de violencia en Madera, donde íbamos todos juntos: el Ejército, la Guardia Nacional y la SSPE”, comentó.
Actualmente hay cuatro subcentros de la Plataforma Centinela en operaciones: Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Camargo. Próximamente se inaugurarán Delicias y Chihuahua. Posteriormente, serán Guadalupe y Calvo, Guachochi, Madera, Bocoyna, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Jiménez.
Se tiene prevista la instalación de más de 3 mil cámaras PTZ, 4 mil 800 cámaras fijas, además de mil 791 cámaras lectoras de placas, 102 Arcos Centinela, 11 filtros Centinela, y más de 800 estaciones de trabajo, entre otros equipos, con el cual se reforzará a las instituciones de seguridad redundando en resultados óptimos para la ciudadanía.
La seguridad pública corresponde a los 3 niveles de gobierno: Justicia Restaurativa
Aunque la Ley prevé distintas facultades para los tres niveles de Gobierno en cuanto a la prevención, persecución y judicialización de los delitos, la garantía de la seguridad pública y la protección a la ciudadanía les compete, y deben trabajar en colaboración y sinergia para garantizar que imperen el orden y la paz.
Raúl Servín Villalobos, abogado penalista de Justicia Restaurativa y Equilibro Emocional, explicó que el delito de narcomenudeo como tal no existe en el Código Penal, sino que se divide la facultad de judicializarse entre la Federación (fuero federal) y los Gobiernos estatales (fuero común), dependiendo de la cantidad de las sustancias.
Por ejemplo: con la mariguana, corresponde a los estados el judicializar los casos de portación y comercialización de entre 5 gramos y 4.999 kilogramos y es cuando se considera “narcomenudeo”, el cual corresponde al fuero común (estatal). De los 5 kilos en delante, se considera narcotráfico y corresponde a la federación judicializar dichos casos.
En el caso de la trata de personas, en el Gobierno estatal, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) se encarga de investigar las desapariciones de mujeres, puesto que muchas de ellas son víctimas de tratantes de personas. Sin embargo, el delito de tráfico de personas es del ámbito federal, le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) perseguirlo, en el entendido de que la trata de personas se identifica cuando la persona víctima es sustraída de su entorno habitual para llevarla a otros lugares con el fin de forzarla a trabajos sexuales o de otra índole.
Por otro lado, el nivel de prevención corresponde a las Policías Municipales, que son los que se encargan de patrullar las calles activamente. La Policía Ministerial, que pertenece al Gobierno del Estado, se encarga de investigar hechos delictivos. Este ente de Gobierno solo puede arrestar a una persona cuando ya se cometió el delito y solo con una orden de aprehensión en su contra.
Servín Villalobos indicó que a nivel federal, lo que existe es la Guardia Nacional, que es el activo de Gobierno federal y que, si hacen presencia en algún lugar, es para imponer ese tipo de vigilancia, pero no tienen facultades para detener arbitrariamente a la gente, sino solo como reacción en alguna circunstancia que atente contra la paz pública y de contención cuando hay enfrentamientos armados, pero ellos no investigan ni previenen.
Finamente, indicó que la atención inmediata para proteger a la ciudadanía, así como la coordinación, corresponde a los tres niveles de Gobierno para salvaguardar los derechos de las personas. “Es obligación de los tres niveles de Gobierno dar una atención inmediata a la población cuando suceda una situación de alerta, así como ante la comisión de un delito; el que debe atender de inmediato es quien se encuentra más próximo a la población, que es la Policía Municipal, y debe levantar un reporte para que se dé la celeridad posible y canalizar a la víctima a que haga las denuncias y trámites burocráticos correspondientes”, explicó el experto.
