Ciudadanos traicionan a ciudadanos

La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, creada por ciudadanos como un organismo no solo de apoyo, sino también de contrapeso de los tres niveles de gobierno, podría estar viviendo sus últimos momentos luego de que sus integrantes se han traicionado entre sí, además de haberse apartado de los principios fundamentales básicos estipulados en estatutos, y peor aún, además casi todos los consejeros terminaron evidenciando su deslealtad a la Mesa y al someterse a una consigna del gobierno estatal para provocar la destitución de la coordinadora Astrid González.

De acuerdo a sus principios, la Mesa de Seguridad fue creada con el propósito de articular a la sociedad civil con los distintos órdenes de gobierno para propiciar mejores condiciones de estabilidad social en momentos en que Juárez vivió su peor crisis de inseguridad, así como también, para exigir que se respetara el irrestricto estado de derecho, el mismo que tanto pregona la Mesa de Seguridad y cuyos consejeros terminaron violentando al hacer caso omiso de sus propios estatutos para favorecer una orden superior.

¿Qué motivó el cese de Astrid?

Durante 2016, en momentos en que la Mesa de Seguridad y Justicia se encontraba prácticamente en estado de coma tras la salida de su coordinadora Alejandra de la Vega quien fue invitada por el gobernador Javier Corral a asumir el cargo de secretaria de Innovación y Desarrollo Económico estatal, … Astrid González se propuso rescatar el organismo con el objetivo de reactivar la articulación entre sociedad civil y gobierno para sacar a Juárez del lamentable estado violento por la alta incidencia de homicidios dolosos, y reducir otros indicadores de inseguridad.

Sin embargo, tras asumir el cargo, Astrid González poco a poco se convirtió en un personaje incómodo en materia de seguridad para el gobierno. Sus precisos señalamientos no tardaron en detonar la preocupación en las distintas oficinas responsables de brindar la seguridad a los ciudadanos. Incluidas las de Palacio de Gobierno.

Astrid González fue la primera en alzar la voz sobre el daño provocado a la Mesa de Seguridad por la interferencia del gobierno, y no solo eso, sino que hizo justos reclamos sobre la separación que debe prevalecer entre el Ficosec (organismo encabezado por empresarios, supuestamente apartidista, y que recibe fondos del gobierno) y la Mesa de Seguridad (organismo autónomo ciudadano, hoy tomado por los empresarios locales).

Además, la ahora excoordinadora hizo recurrentes señalamientos sobre ciertas prácticas e irregularidades prevalecientes dentro de las corporaciones policiacas, como la falta de equipamiento a los agentes que enfrentan al crimen organizado, el traslado a Ignacio Zaragoza de casi la mitad de agentes estatales comisionados en Juárez, pese a que la frontera vive un nuevo “pico” de homicidios y que tan solo en tres meses se han contabilizado 432 homicidios dolosos (127 en mayo, 180 en junio y 125 en lo que va de junio, al cierre de esta edición).

El desorden que priva en la Fiscalía General en torno a sus agentes quedó evidenciado recientemente cuando un grupo de elementos estatales con base en Juárez, fueron obligados a trasladarse a Ignacio Zaragoza (pese al déficit de agentes que hay en la frontera), luego formaron parte de una protesta y terminaron presentando su renuncia el pasado 25 de julio.

De escándalo en escándalo

Además de lo anterior, la Mesa ha sido blanco escándalos propiciados por sus mismos integrantes que han escrito capítulos negros como el ‘golpe de estado’ perpetrado a finales del mes de junio contra la coordinadora Astrid González Ávila, identificada como la voz más enérgica que ha tenido la Mesa de Seguridad.

También se recuerdan las frecuentes dudas en torno a la actuación de algunos de sus excoordinadores como Arturo Valenzuela y Alejandra de la Vega que abandonaron la causa para terminar incrustados en cargos públicos del gobierno del estado. Valenzuela en el sector Salud, y De la Vega en Innovación y Desarrollo Económico.

Incluso la empresaria juarense fue reiteradamente señalada de caer en conflicto de interés al asumir el cargo que le encomendó el gobernador Corral, por un lado al propiciar la excesiva venta de alcohol a través de sus negocios de venta de cerveza, lo que en definitiva ha derivado en preocupantes condiciones de inseguridad en Juárez, es decir, por un lado De la Vega “luchaba” al frente de la Mesa buscó abatir la criminalidad, pero por el otro, ha alentado la desmedida venta de alcohol causante del aumento de la estadística de accidentes, balaceras, asesinatos, etc.

Evidentemente la Mesa fue utilizada como plataforma política por parte de los excoordinadores quienes privilegiaron intereses personales.

Asimismo, otro de los excoordinadores, Jorge Contreras Fornelli, hizo tambalear la reputación de la Mesa de Seguridad al lanzar por los suelos su credibilidad como organización ciudadana, luego de trascender a la opinión pública la venta que hizo a la Fiscalía General del Estado, en 2013, de una camioneta Suburban 2007, a por un monto de 954 mil pesos, en lo que fue un evidente caso de tráfico de influencias avalado por el entonces fiscal Jorge González Nicolás, sin olvidar también que Contreras Fornelli utilizó recursos propios de la Mesa de Seguridad para el financiamiento de un automóvil particular.

Otra crisis que estalló, en octubre de 2016, cuando Contreras Fornelli respaldó públicamente al recién nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública de Juárez, Jorge González Nicolás (exfiscal general del estado) vinculado al exgobernador César Duarte. Tal posicionamiento, sin consultar a los integrantes de la Mesa, le costó el cargo a Contreras Fornelli quien cedió el puesto a la empresaria Alejandra de la Vega.

Aunado a lo anterior debe también ser mencionado el caso del empresario del ramo maquilador Mario Dena, quien durante años ha sido integrante de la Mesa de Seguridad y hoy en día es subsecretario de Gobierno en la Zona Norte de la administración estatal que preside Javier Corral, y quien fue el principal orquestador de la destitución de Astrid González para imponer en un calculado y premeditado movimiento a la abogada y empresaria del sector restaurantero, Isabel Sánchez Quirarte quien a su vez es consejera de Ficosec de cual la Mesa de Seguridad debiera guardar distancia por razones de conflicto de interés.

Pierde Credibilidad

Desde su conformación, la Mesa de Seguridad ha tenido cinco coordinadores. Cuatro de ellos han caído en conflicto de interés y en cierta forma han dañado la credibilidad del organismo aparentemente ciudadano, hoy secuestrado por un puñado de personajes que pertenecen a la élite empresarial local y que utilizan al organismo como plataforma para atender compromisos de grupo y personales.

Pese a lo anterior, la Mesa de Seguridad, que estuvo a punto de su extinción hace año y medio, había logrado un segundo respiro tras la llegada de Astrid González Ávila, a base de mucho desgaste y confrontación entre los consejeros que terminaron por darle la espalda y destituirla.

Pese a las vicisitudes, Astrid González resistió en el último año de su gestión a las presiones internas y externas, por haberse atrevido a romper la insana fusión entre el Ficosec y la Mesa de Seguridad. Tal vez ahí estuvo el origen del repentino golpe de estado.

La Mesa de Seguridad nació en 2010 en un momento muy crítico y obscuro de la ciudad, formalizada en el marco del programa federal Todos Somos Juárez (y con el impulso del Observatorio Ciudadano y de Convivencia Social), recuerda la doctora Leticia Chavarría, miembro fundador, quien fungió además como presidenta de la comisión de Procuración de Justicia.

Chavarría, junto a otros personajes e incluso organismos locales, optaron por retirarse de la Mesa, tras considerar que ésta había empezado a perder el rumbo.

Intereses individuales y de grupo así como escándalos torcieron la idea original de crear un organismo ciudadanizado, apartado de los intereses políticos y de gobierno.

En aquellos primeros años de su creación, los ciudadanos que se agruparon en torno a la Mesa de Seguridad lo hicieron para trabajar conjuntamente con la autoridad de los tres niveles de gobierno, para sensibilizarlos, principalmente, respecto a lo que ocurría en Ciudad Juárez en materia de seguridad, explica.

Así lo considera la doctora Chavarría, quien asegura que aquello fue una experiencia intensa en la que se trabajó directamente con el presidente de la república, el gobernador, fiscales, generales, etc. en la que los ciudadanos debieron cambiar la visión, percepción y has- ta las soluciones que se proponían para atender la problemática.

En un inicio las propuestas fueron para atender lo que estaba causando mayor dolor, lo que era lo urgente: homicidios, secuestros y extorsiones, menciona.

Admite que en eso se estancó la Mesa de Seguridad, se logró incidir en las acciones de los gobernantes pero realmente “no se logró lo que buscábamos”, en el sentido de ir al fondo y ese fondo era la descomposición social.

Chavarría reconoce que llegó un momento en que las autoridades y los ciudadanos se relajaron. “Cuando empezaron a bajar los índices de violencia las cosas cambiaron, las autoridades ya no atendían las reuniones con la Mesa de Seguridad de la misma manera, ya no estaban quienes debían atendernos, mandaban a uno y luego a otro y ya no había seguimiento”, relata

De pronto ya no había interés, ni siquiera en la mesa, muchos se fueron alejando, porque ya no había exigencia hacia la autoridad, ya no estaba la misma fuerza del principio que era motivada por el miedo que todos tenían de la criminalidad que nos afectaba, de ese hoyo negro en el que estábamos, la situación de la ciudad también empezó a cambiar, recuerda.

La representante del Comité Médico Ciudadano, asegura que esa situación fue la que la llevó a abandonar la Mesa de Seguridad, se alejó del Consejo y presentó su renuncia formal en 2016.

Prefirieron irse

En ese mismo tenor, y por considerar que la Mesa de Seguridad habría comenzado a tener otro tipo de intereses, fue que empezaron a separarse de la agrupación ciudadana representantes de la Barra y Colegio de Abogados como Héctor Javier González Mocken; Tania Arcos, del sector Seguros, quien recientemente anunció su retirada al no estar de acuerdo en la forma como empezaron a desvirtuarse los objetivos del organismo

Hay casos también de representantes de organismos que fueron fundadores de la Mesa, como Canirac, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Comité Médico Ciudadano, de Desarrollo Económico, de la industria maquiladora, Juarenses por la Paz, Plan Estratégico, de la UACJ e incluso del Tec de Monterrey campus Juárez.

‘La mesa le pertenece a los juarenses, no al gobierno’

Astrid González Ávila, la excoordinadora de la Mesa de Seguridad y depuesta de su cargo a finales del mes de junio, asegura en entrevista con Norte de Juárez que “la mesa le pertenece a los juarenses, no al gobierno”.

Desde que llegó a ocupar el cargo de coordinadora, en octubre de 2016, en momentos cruciales cuando la Mesa de Seguridad y Justicia estaba a punto de desaparecer, Astrid González jamás quitó el dedo del renglón al insistir que ninguna de las tres instancias de gobierno tenía por- qué entrometerse en los organismos de la sociedad civil

“La Mesa de Seguridad y Justicia fue creada para que organizaciones civiles y gobierno trabajaran en conjunto en el tema de seguridad, y solo la sociedad es quien debe elegir quién está al frente de la mesa”, recalca.

Durante su gestión, Astrid González puso siempre énfasis en una mejor y eficaz coordinación policiaca, en la falta de equipamiento a los agentes, pero sobre todo en hacer una separación entre el Ficosec y la Mesa.

También hizo fuertes señalamientos en materia de seguridad, procuró que los integrantes de la Mesa permanecieran alejados de los recursos que maneja el Ficosec, rechazó cualquier tráfico de influencias y además, pidió que quienes participen en las reuniones de la Mesa, eviten participar en actividades políticas.

“Jamás he sido palera del gobierno”, dice.

Durante su periodo, la excoordinadora González Ávila abrió la comunicación con los medios de información como interlocutores con la sociedad, y fue así como dio mayor confianza entre los juarenses para denunciar cualquier delito ante la autoridad.

En año y medio al frente de la Mesa, fueron reconocidas pero también denunciadas las malas prácticas de los gobernantes y sus subalternos.

Una de sus últimas acciones, fue exigir al estado a través de la Fiscalía el retorno a Juárez de 60 agentes estatales que fueron comisionados a la sierra de Chihuahua, en momentos en que se incrementaron de manera preocupante los niveles de homicidios en la frontera.

“En este momento no se cuenta con los elementos estatales suficientes para responder a las alertas rojas”, enfatiza.

Astrid González Ávila cumplió de manera interina el cargo que dejó la entonces coordinadora Alejandra de la Vega, quien prefirió irse al gobierno del estado como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico. Tuvo la posibilidad de reelegirse, pero repentinamente fue cesada por los integrantes del consejo directivo de la Mesa.

Sin embargo, como excoordinadora, Astrid ahora forma parte del consejo técnico del organismo.

Golpe desde el Estado violentó a la sociedad civil

Uno de los capítulos más deshonrosos en sus siete años de vida de la Mesa de Seguridad fue perpetrado el jueves 21 de junio pasado cuando Mario Dena, representante en Juárez del gobernador Javier Corral, emitió una convocatoria a una sesión plenaria a la que ninguno de los 18 consejeros de la mesa debía faltar.

Lo anterior representó una clara intromisión del gobierno estatal contra el organismo ciudadano, pues en lugar de que la coordinadora en turno de la Mesa de Seguridad, Astrid González Ávila, lanzara la convocatoria conforme a lo establecido en el reglamento del organismo, la activista y abogada fue pasada por en- cima y ni siquiera tuvo conocimiento de que se había emitido el citatorio sin su aprobación.

Se estaba gestando su destitución y todos los consejeros lo sabían. Menos Astrid.

Fue un golpe operado de manera casi quirúrgica.

Prácticamente todos los convocados a la reunión del 21 de junio traían doble consigna: Uno, destituir a la coordinadora en turno, y dos, votar a favor de Isabel Sánchez Quirarte como nueva dirigente de la Mesa de seguridad, quien recibió la mayoría de votos (12) por seis abstenciones.

El golpe se había consumado y los estatutos de la Mesa de Seguridad terminaron siendo violentados. En realidad a casi nadie le importó.

El nivel de consigna incluyó la participación de consejeros que tenían más de un año sin presentarse a las reuniones mensuales de la Mesa, para prestarse y validar la consigna perpetrada desde las oficinas del gobierno estatal en contra de la coordinadora, por insistir en que Ficosec y Mesa deben permanecer separados para evitar conflictos de interés, y por hacer señalamientos sobre irregularidades en algunas de las corporaciones de seguridad, como en la Policía Estatal.

Rescata a la Mesa y la Corren a gritos

Las horas previas a la reunión plenaria habían transcurrido bajo suma tensión que luego se transformaron en gritos innecesarios entre quienes perpetraron la maniobra de destitución contra la coordinadora en turno.

-“¿!!Qué no entiendes que nadie te quiere aquí!!?”, le gritoneó el empresario Jorge Contreras Fornelli a Astrid González, la misma a la que 18 meses atrás rescató de su extinción a la Mesa.

Primero vino la votación para el cese de Astrid González, luego la elección en favor de una nueva coordinadora, Isabel Sánchez Quirarte.

Después de abandonar el cargo por la consigna consumada, Astrid González acusó a Mario Dena de intervención ante los reporteros.

Dena fue quien convocó un día antes, el miércoles, a los integrantes de la Mesa de Seguridad, con la “ayudadita” de Jorge Contreras Fornelli. La orden del día llegó puntual a los correos electrónicos de los consejeros, como de costumbre. Incluida la orden del día donde venía escondida la consigna para el cese de la coordinadora.

Dena sin Facultades; los Consejeros avalan maniobra ilegal

Al hacer referencia a sus 25 años como una persona que se ha conducido con distingos ni por sesgos políticos, la depuesta coordinadora afirmó que Mario Dena “no tiene facultades para intervenir en las políticas internas de las organizaciones civiles. El debió mantenerse ajeno, no debió convocar a un evento al cual no está facultado. Eso fue muy grave”.

Dena no solo convocó a todos los integrantes de la mesa el miércoles 20 de junio, sino que además exigió la presencia de cada uno de ellos, muchos de los cuales tenían meses, incluso más de un año sin acudir a las sesiones plenarias. Pero ese día estuvieron todos presentes para consumar el golpe dirigido desde el estado.

Fue tal el complot, que incluso una de las integrantes de la Mesa, Tania Arcos, ausente de la reunión, fue consultada vía telefónica sobre la intención de su voto. Días después Arcos se desligó de la Mesa por no estar de acuerdo con la forma como se llevó a cabo el proceso del cese de Astrid, así como por la manipulada convocatoria que avalaron los consejeros.

El representante del gobernador Corral en Juárez, Mario Dena, en su descargo, aseguró no tener nada que ver con la salida de Astrid González como coordinadora de la Mesa.

Como “testigos de honor del golpe de estado”, estuvieron también presentes el regidor Pablo Arana titular de la Comisión de Seguridad en el municipio, además el fiscal general César Augusto Peniche, y Jorge Nava, fiscal en la Zona Norte, como integrantes de la Mesa convocados a una sesión plenaria.

Primero los halagos, luego intromisión

Durante su participación en la reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia, en febrero de 2017, el gobernador Javier Corral aseguró que el organismo ciudadano “es un espacio que debemos de preservar, cuidar y fortalecer”.

“Se trata de un espacio privilegiado de interlocución, de intercambio de información y por supuesto, de cooperación y coordinación, y esto es fundamental para una materia tan compleja como es el combate a la delincuencia”, agregó el jefe del Ejecutivo.

Fue entonces cuando reconoció que la seguridad, en su etapa preventiva, junto con la sociedad, pueden hacer mucho coordinados con la autoridad.

Sin embargo, el gobernador omitió reconocer la autonomía de la Mesa de Seguridad.

Diecisiete meses después, el representante del gobernador en Juárez, Mario Dena, en su calidad de subsecretario de Gobierno recibió la instrucción de intervenir de forma inadmisible y en un claro acto de intervención a un organismo ciudadano.

Dena perpetró la destitución de la coordinadora Astrid González, en una acción “fast track” a través de la cual operó indicaciones precisas también para nombrar una nueva coordinadora: Isabel Sánchez Quirarte.

Todo con el aval de una gran mayoría de los consejeros que recibieron la instrucción de deponer primero y luego elegir una nueva cabeza.