Chihuahua se encuentra entre las cinco entidades del país que ya cuentan con inhibidores de señal telefónica en sus centros penitenciarios, una medida clave para frenar las extorsiones telefónicas que se realizan desde el interior de las cárceles, confirmó el general retirado Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario estatal.
Durante la conferencia de prensa que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) los lunes de cada semana, el funcionario dio a conocer que los Ceresos estatales número 1 y 3, de Chihuahua y Ciudad Juárez, ya están equipados con inhibidores de alta gama, capaces de bloquear las comunicaciones no autorizadas desde el interior.
Sin embargo, otras 27 entidades federativas tienen centros penitenciarios, pero estos no tienen sistemas para inhibir llamadas telefónicas desde su interior, por lo que se convierten en centros de generación de delitos como la extorsión.
A ese respecto, dijo que, si bien Chihuahua cuenta con esos instrumentos, la gente puede ser víctima de llamadas extorsivas provenientes de otros penales del país.
“Tenemos inhibidores en el Cerezo 3 y en el Cerezo 1. Son de alta gama y evitan que salgan llamadas. Incluso llegamos a afectar líneas telefónicas en Estados Unidos, pero ese problema ya se resolvió en una reunión técnica reciente”, explicó.
El funcionario añadió que, aunque Chihuahua ha avanzado en este rubro, siete Ceresos más del estado aún no cuentan con esta tecnología, lo que representa un reto en materia de seguridad penitenciaria.
En el encuentro nacional, autoridades federales reiteraron la urgencia de que todos los centros de reclusión del país cuenten con inhibidores.
Incluso, mencionó Fernández Acosta, el gobernador de Nuevo León reveló que gran parte de las extorsiones telefónicas que llegan a Monterrey provienen de penales ubicados en Tamaulipas.
“La mayoría de los estados no tienen inhibidores, y seguimos siendo víctimas de llamadas de extorsión que provienen de cárceles de otros estados. Por eso el gobierno federal está presionando para que se instalen en todo el país”, señaló.
Además del tema de inhibidores, en la reunión se abordó la necesidad de homologar protocolos y códigos operativos a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la comunicación, la prevención del delito y la reacción ante emergencias dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, el funcionario no detalló qué tipo de vigilancia o sistemas de inhibición se aplican en los otros 9 Ceresos del estado de Chihuahua.
Según cifras del Inegi, Chihuahua tiene una población penitenciaria de 8 mil 586 personas privadas de su libertad, aunque la propia SSPE afirma que son casi 10 mil.
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