César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, cumplirá este año una década de haber concluido su mandato y seis años desde su detención en Miami, Florida, sin que hasta ahora haya iniciado formalmente un juicio en su contra. Su caso ha transitado por distintos juzgados, con múltiples tropiezos legales y cambios de autoridades judiciales que han impedido la continuidad del proceso penal.
Este martes, un juez federal concedió al exmandatario una suspensión provisional contra la vinculación a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que representa una nueva pausa en su causa penal.
La medida fue otorgada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, quien determinó que la suspensión tendrá como efecto que el juez de control suspenda el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva si procede una suspensión definitiva.
Actualmente, la justicia estatal acusa a Duarte de dos delitos: asociación delictuosa y peculado, ambos en su modalidad agravada. La imputación señala el desvío de 96 millones de pesos del erario público hacia organizaciones “fantasma”, en las que —según la acusación— él fungía como principal operador. Por ninguno de estos casos ha enfrentado juicio, luego de que su defensa promoviera diversos amparos para frenar el avance del proceso.
De manera paralela, la justicia federal inició un proceso penal en su contra por presunto lavado de dinero, al haber utilizado —según la Fiscalía General de la República (FGR)— el sistema financiero nacional para “lavar” 75 millones de pesos provenientes del erario estatal.
Jueces que han marcado el proceso
Aunque las carpetas de investigación en contra de Duarte comenzaron a integrarse desde 2017 —hace casi nueve años— durante la administración del entonces gobernador Javier Corral Jurado, el exmandatario no ha enfrentado un proceso continuo. Incluso, su caso ha pasado por al menos tres juzgadores distintos.
Desde su extradición a México en 2022, el expediente de Duarte ha estado bajo la atención de diversas autoridades judiciales y ha registrado episodios que han concentrado la atención pública.
En el ámbito federal, la jueza María Jazmín Ambriz López fue quien dictó la vinculación a proceso el 14 de diciembre de 2025 por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, además de imponer la prisión preventiva justificada que mantiene a Duarte en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.
En el ámbito local, el proceso estuvo inicialmente a cargo de la jueza Delia Valentina Meléndez, quien sostuvo un altercado con el imputado en noviembre de 2023, cuando le negó una solicitud de libertad condicional por motivos de salud.
Durante aquella audiencia, el exgobernador se negó a acatar la autoridad judicial y profirió la frase: “usted a mí no me manda”.
Poco después, se autorizó el cambio de jueza.
El caso pasó entonces a manos de la jueza Hortensia García Rodríguez, quien en junio de 2024 concedió a Duarte la libertad condicional por motivos de salud y modificó su medida cautelar, decisión que generó controversia política y cuestionamientos públicos.
El año pasado, García Rodríguez dejó el cargo tras ser electa magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Posteriormente, el expediente fue asignado al juez Omar Felipe García Cano, del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, encargado de parte del proceso penal local, particularmente de las causas por peculado y asociación delictuosa. García Cano fue hallado sin vida en diciembre de 2025 en un domicilio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades informaron que el hecho se investiga como un suicidio.
El juez, de 38 años, había asumido el cargo apenas unos meses antes, tras resultar electo en las elecciones judiciales, y llevaba parte de la causa abierta en Chihuahua contra Duarte por delitos distintos a los que motivan el proceso federal.
Acusaciones de la FGR y estado actual del proceso
La Fiscalía General de la República sostiene que Duarte habría instrumentado un esquema para desviar recursos públicos originalmente destinados al sector ganadero hacia empresas en las que figuraba como socio mayoritario, y que posteriormente parte de esos bienes terminaron en cuentas personales suyas y de su familia.
Con la suspensión provisional vigente, el proceso penal permanecerá en pausa hasta que se determine si procede una suspensión definitiva, la cual podría detener el avance del caso por un periodo más prolongado. Hasta el momento, la autoridad judicial no ha dado a conocer los plazos ni la fecha para la audiencia correspondiente.
Pese a los compromisos públicos de las fiscalías y del propio Poder Judicial, el caso de César Duarte evidencia cómo las etapas procesales, los amparos y los constantes cambios de medidas cautelares pueden prolongar durante años un proceso penal, incluso tratándose de un expediente de alto perfil y fuerte impacto político.
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