Luego del ataque en un centro de rehabilitación que dejó sin vida a un pastor, el director de otro espacio de atención a las adicciones reconoció que la seguridad es uno de los puntos más débiles que enfrentan. Al ser instituciones independientes y con poco apoyo gubernamental, no pueden pagar el personal necesario para garantizar vigilancia.
Explicó que, hasta hace poco, la comunicación con las autoridades se daba igual que la de cualquier ciudadano: mediante llamadas al número de emergencias 911. Recientemente cuentan con un botón de pánico instalado en el teléfono, pero el mecanismo consiste en que la operadora devuelve la llamada y el responsable debe contestar para explicar si todo está en orden o si se trata de una emergencia.
Señaló que lo más reciente que conoció es que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) está activando un sistema de videocámaras en los centros de rehabilitación. El dispositivo incluye un botón que, al oprimirse, inicia la grabación y permite que el CERI observe en tiempo real lo que ocurre dentro del inmueble. Sin embargo, también les informaron que tiene un costo y desconoce si podrán cubrirlo.
Por otra parte, Ramírez dio a conocer que en los centros de rehabilitación lo ideal sería contar con guardias de seguridad. Sin embargo, como operan las 24 horas del día los 365 días del año, esto implicaría un gasto demasiado oneroso.
Explicó que la mayoría de los centros trabajan con personal voluntario que, de buena voluntad, destina parte de su tiempo a estar en el domicilio por algunas horas, lo que significa que no hay vigilancia permanente.
Afirmó que otros gastos también los ahogan, como los pagos por servicios básicos —agua, energía eléctrica e internet— y los trámites necesarios para operar. Uno de los más costosos es el dictamen de Protección Civil, que terminará por costarles alrededor de 50 mil pesos, y es solo uno de varios requisitos.
El director sostuvo que el Gobierno sí brinda cierto apoyo, principalmente con capacitación y algunas becas para usuarios. No obstante, los centros se sostienen en su mayoría mediante cuotas voluntarias de recuperación. En su caso, alrededor del 50 por ciento de los usuarios tiene algún tipo de beca, incluso beca completa, porque no pueden negar el servicio cuando las personas no cuentan con familiares que respondan por ellas.
