La audiencia intermedia que marcó el inicio del juicio por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea inició bajo la mirada de apenas tres periodistas, una representante de Reporteros Sin Fronteras y dos familiares del imputado Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry” o “el Wa”.
El reloj marcaba las 9:56 de la mañana. En la sala oral número 1, distribuida en un rectángulo horizontal vista desde la zona destinada al público, estaban sentados al centro y al frente la jueza de distrito Cristina Lozoya Gámez; a su izquierda el secretario frente a una computadora y más atrás el acusado y su abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz.
Del lado derecho un equipo de siete abogadas y abogados de la FEADLE, Propuesta Cívica y CEAVE y al fondo nueve personas del público sentadas en sillas pegadas a la pared, separadas de la sala por un muro de poco más de un metro de altura.
Dos guardias de seguridad privada resguardaban la entrada principal y la salida lateral por donde entró la jueza, vestida con toga negra, una estola guinda y un traje sastre de blazer y falda oscuros.
Detrás del acusado un Policía Federal no armado vigilaba de pie.
Casi rayando las 10:00 de la mañana la jueza hizo una presentación breve del caso, preguntó a la defensa y a los fiscales si habían llegado a un acuerdo para un procedimiento abreviado y respondieron que no.
Entonces preguntó si pedirían la exclusión de alguna de las pruebas y ahí inició la parte más larga de la audiencia.
Durante casi tres horas la defensa enlistó todos los testimonios y pruebas documentales y materiales que según él, debían ser desechadas por la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado que indica que si las mismas se obtuvieron de manera ilegal, perdían su valor probatorio en juicio.
En ese supuesto entrarían los hallazgos de la casa de Villas del Rey: el auto Malibú gris usado por los presuntos, un tambo de basura con una cartulina con letra similar a la del mensaje amenazante dejado en la casa de Miroslava, la laptop SONY VAIO donde estaba la grabación de la llamada con el secretario del PAN Alfredo Piñera, y recibos de Telmex a nombre de la mamá de Wilbert Jaziel, Mercedes Artemia Villa Villa, de donde se obtuvieron los números celulares desde los que se coordinó la operación.
También presentó un elemento nuevo, desconocido hasta esa fecha por la opinión pública que ha seguido de cerca el caso de la periodista asesinada.
La coartada
Tres testigos estarían dispuestos a declarar que el día del homicidio -jueves 23 de marzo de 2017- el acusado habría estado tomando café en un restaurante de Chínipas a más de 400 kilómetros de la capital chihuahuense.
Pero las intenciones de Valencia no llegaron tan lejos.
El numeroso equipo jurídico integrado por abogados y abogadas de la PGR, CEAVE y Propuesta Cívica, defendió los argumentos de la acusación y logró que todas las pruebas fueran incluidas en el juicio.
Con las pruebas expuestas se supo que el 24 de marzo de 2017 a las 7:00 de la mañana -un día después del homicidio de Miroslava- un taxista llevó a Wilbert Jaziel Vega Villa y a su hermano de crianza Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, de la casa marcada con el número 16327 en la calle Arroyo de Sacramento en la colonia Quinta Balboa (donde vivía la pareja de Wilbert Jaziel, Anahí Ángela Villalobos Pérez, identificada como testigo de la Fiscalía como “Ruby”) al aeropuerto y los dejó en la zona de aerotaxis o avionetas.
Otro testimonio confirmó que un día después, el 25 de marzo, los hermanos aterrizaron en Chínipas.
Antes de la detención de “El Larry” que ocurrió el 25 de diciembre de 2017, el 15 y 16 de septiembre de ese mismo año el propio Wilbert Jaziel -identificado por la Fiscalía como el testigo de identidad reservada Cholugo- fue interrogado por la Fiscalía y dejado en libertad, en una pifia procesal que no se entiende más que porque no tuvieron la capacidad de presentar elementos técnico-jurídicos para retenerlo, de acuerdo a lo explicado a Norte por las abogadas de Propuesta Cívica.
Al inicio de la audiencia quedó establecido que la Fiscalía determinó con pruebas materiales, que el 23 de marzo de 2017, minutos antes de las 7:00 de la mañana, Miroslava Breach Velducea fue muerta de 8 disparos, que hicieron blanco en la zona aórtica y el corazón, por el pistolero Ramón Andrés Zavala Corral.
La investigación también comprobó que Zavala usó una pistola Colt calibre 38 súper y dejó una cartulina en la escena del crimen con un mensaje amenazante.
Quedó establecido con videos de cámaras de vigilancia de vecinos y testimonios recabados durante un año, que el sujeto no actuó solo.
Para cometer el crimen Zavala Corral, quien fue ejecutado en Álamos, Sonora pocos días antes del 25 de diciembre de 2017, fue apoyado por Wilbert Jaziel Vega Villa, hasta el día de hoy prófugo de la justicia, y por el hoy imputado Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry” o “El Wa”.
A pesar de los hechos presentados por la Fiscalía, y con tal que la jueza no admitiera los videos de las cámaras de vigilancia, el abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz arguyó que fueron obtenidos sin el consentimiento de sus propietarios.
“Policías requirieron a vecinos los videos de las cámaras de seguridad (…) por ejemplo al testigo de indentidad reservada Ataulfo, quien en la entrevista con los federales dijo que (los agentes estatales) llegaron sin identificarse y lo obligaron (a entregar los videos)”, refirió Valencia Díaz.
En ese sentido argumentó la inviolabilidad de las comunicaciones privadas que para ser revisadas, el acto debe ser autorizado por un juez federal.
Pero en los oficios que los estatales les mostraron a los vecinos, añadió, los engañaron señalándoles que era obligatorio entregar los videos.
“Tanto la federación como la Fiscalía obtuvieron de manera ilegal los videos porque primero debieron asegurarlos”, apuntó.
Otra estrategia fue argüir que habrían sido ilegales los cateos realizados por la Fiscalía, el primero el 26 de marzo de 2017 en la casa de avenida Las Torres número 1914 en la colonia Villas del Rey.
Ahí se localizó el vehículo Malibú gris que usaron Jaziel y Zavala y una computadora donde había evidencias cruciales que revelaron tanto la mecánica de hechos, como la participación de tres funcionarios del gobierno de Javier Corral y del PAN estatal en la trama que derivó en la muerte de Breach. En esa casa vivía Wilbert Jaziel Vega Villa.
Y el segundo cateo el 3 de mayo de 2017 en el domicilio ubicado en la calle Arroyo del Sacramento 16327 de la colonia Quinta Balboa, donde vivía una de las parejas sentimentales de Wilbert Jaziel, la ya mencionada Anahí Ángela Villalobos Pérez, identificada por la Fiscalía como “Rubí” con la calidad de testigo protegido.
A esa casa llegaron Wilbert Jaziel, Juan Carlos y el pistolero Zavala y de ahí salieron rumbo al aeropuerto al día siguiente.
De acuerdo con Valencia, las omisiones cometidas en ambos cateos “le restan valor probatorio a todo lo encontrado en el lugar cateado”, es decir, todos los testimonios y objetos probatorios obtenidos por la Fiscalía.
Testigos cruciales y víctimas colaterales
Entre los testigos que tendrán que presentarse en el juicio oral destacan el fiscal César Peniche, los tres hombres que afirman haber visto al inculpado en Chínipas el día del homicidio, la pareja de Wilbert Jaziel que afirma que le pusieron una capucha negra para interrogarla y la hija mayor de la periodista, que salió de su recámara corriendo al escuchar los disparos y encontró a su hermano consternado en la banqueta de la casa con su madre muerta a pocos metros de distancia aquel funesto 23 de marzo de 2017.
Se tambalean las pruebas
Pero el planteamiento de que los cateos habrían sido ilegales fue rebatido en la misma audiencia por la abogada coadyuvante Sara Mendiola de Propuesta Cívica, quien anunció que están incluidas como pruebas documentales, los correspondientes oficios firmados por los jueces de garantías y de control Jorge Napoleón Raya Valdés y José Angel Moreno Campos, del distrito judicial Morelos, mismos que validaron las dos actuaciones.
Adicionalmente los fiscales federales presentes en la audiencia también refirieron que consta en la investigación, que el 30 de marzo de 2017 el juez primero de distrito Luis Manuel Fiesco Díaz, autorizó la intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de extracción, para revisar la llamada grabada entre Miroslava y el vocero del PAN Alfredo Piñera que se encontraba dentro de la computadora SONY VAIO.
También que en fechas 3 y 18 de abril, y 29 de septiembre de 2017, el mismo magistrado Fiesco Díaz autorizó la entrega de datos conservados de llamadas hechas desde distintos teléfonos celulares de los involucrados en la trama.
Empero Valencia intentó desacreditar los cateos por supuestas omisiones formales como el hecho de afirmar que no se había dejado una hoja en la que se establecieran los puntos básicos del cateo, lo cual también fue controvertido, ahora por el fiscal federal Manuel Granados Quiroz.
Un señalamiento más grave fue el que refirió el abogado cuando le dijo a la jueza que él personalmente conocía a la joven testigo Anahí Ángela Villalobos Pérez y que ella le había dicho llorando que el día del cateo en la casa de la calle Arroyo de Sacramento 16327, los agentes la habían sacado por la fuerza para luego llevarla a los sótanos de la Fiscalía e interrogarla.
“Entrando a la casa le ponen una capucha negra, la esposan, esa es una realidad, se la llevan amarrada y aparece en un sótano de la Fiscalía General del Estado”, relató Valencia.
Y agregó: “Es muy lamentable el criterio que tratándose de un asunto de trascendencia internacional, se puedan violar derechos fundamentales para resolverlo (…) ¿tenemos que violentar derechos fundamentales para acreditar?”.
Todos los detenidos o interrogados por agentes policiales o ministeriales tienen derecho a un abogado para no dar declaraciones que los incriminen, remató en referencia a lo que les dijo la joven Anahí a los ministeriales.
El reloj marcaba las 13:37 horas. Habían transcurrido más de tres horas de una audiencia repleta de señalamientos de malas prácticas procesales, por una parte, y toda una estrategia criminal para matar a la periodista, por la otra.
Pero la jueza Cristina Lozoya Gámez determinó concluido el debate y les dio a los fiscales un respiro legal.
En ese momento procesal no se podía pronunciar sobre si los cateos fueron o no ilegales, ya que esa información solo podía ser corroborada escuchando a los testigos.
Tampoco si los policías participaron o no en los cateos o si le entregaron los puntos resolutivos del cateo a “Rubí”, y si la obtención de los videos de los vecinos fue legal.
“No puedo excluir estos medios de prueba, no puedo afirmar si hay prueba ilícita, todos estos elementos deben ser analizados en juicio donde el juez de enjuiciamiento deberá valorarlos”, determinó.
Siendo las 14:38 de la tarde la magistrada federal declaró oficialmente el auto de apertura de juicio oral con fundamento en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nombró como juez de enjuiciamiento al togado Octavio Pineda Toribio.
A las 14:42 el Ministerio Público Federal pidió y le fue concedido que se ampliara el plazo de prisión preventiva para el detenido, debido a que el año fijado por el juez de control local que le aplicó la prisión preventiva vence el próximo 25 de diciembre.
Moreno Ochoa tendrá que permanecer preso en el penal de Aquiles Serdán todo lo que resta del juicio oral, que no podrá exceder de dos años.
Un amparo que había promovido la defensa quedó desistido por la misma, por lo que la jueza ordenó suspender el proceso hasta no tener la notificación oficial de ello.
Antes de terminar le preguntó al acusado si deseaba agregar algo, a lo que “El Larry” contestó escuetamente: -“Todo bien”; la jueza se levantó y todos se pusieron de pie.
El imputado salió por una puerta lateral, escoltado por el policía federal que lo cuidaba, no sin antes voltear a ver a su esposa Cruz del Rosario, levantar la mano en señal de saludo y sonreírle.
Ninguna de las víctimas directas del delito estuvo presente en la sala.
Develan placas como homenaje póstumo a periodistas juarenses fallecidos
Están colocadas en la Plaza del Periodista, ubicada en la esquina de la avenida Insurgentes y calle Constitución
Por José Estrada
Ofrecen medidas de seguridad a periodista agredido por agente municipal
El comunicador fue atacado por un elemento el pasado 10 de mayo, mientras realizaba una cobertura
Por Teófilo Alvarado
Sociedad de Periodistas condena agresión de Policía contra periodistas que cubrían homicidio
Pidieron a la Fiscalía que los proteja y lamentaron la conducta abusiva y violatoria de los derechos humanos por parte de los agentes
Por Francisco Luján
Invita APCJ a periodistas a participar en la Columna de Plata 2024
La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez informó que los interesados en participar tendrán hasta el viernes 31 de mayo para entregar sus propuestas en las distintas categorías
Por José Estrada