CASA DE CAMBIO en El Chamizal, impunidad a la vista

Los señalados en la denuncia, además del alcalde Pérez Cuéllar, son el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; el director de Parques y Jardines, Daniel Iván Zamarrón Saldaña; la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina; así como el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Andrés Domínguez Alderete.

Entre otras posibles violaciones a la ley que los entrevistados por Norte Digital enumeran, se encuentra la supuesta posesión ilegal del predio donde la OMEJ permitió la construcción y operación del negocio particular a cambio de una renta mensual de 13 mil 500 pesos, ya que en los comodatos vigentes ninguno está a nombre de esa dependencia.

También señalan la existencia de posible nepotismo, ya que el director de la OMEJ es hermano de Antonio Domínguez Alderete, uno de los integrantes del Cabildo fronterizo, el órgano más importante en la toma de decisiones del Municipio; vislumbran, adicionalmente, tráfico de influencias.

Otra situación irregular, afirman, es la impunidad con la que se cometió el acto ya que, hasta ahora, no hay ninguna sanción a pesar de las violaciones cometidas y, por el contrario, sí protección para los involucrados.

Además, se exhibe una aguda contradicción luego de que, para que el negocio fuera construido, al parecer se obtuvieron las anuencias municipales que le permitieron contar con servicio eléctrico, contrato para el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) requiere del permiso de Uso de Suelo expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio.

También, se descubrió que el local estaba conectado de forma ilegal a la red de suministro de agua de la red de El Chamizal.

La autoridad municipal cayó en otra contradicción, ya que cuando acudió a clausurar el local, después de la protesta de ciudadanos y la exposición mediática, lo hizo precisamente por la falta del consentimiento oficial.

Los promoventes de la denuncia son los regidores juarenses por el PAN, Enrique Torres Valadez, Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, Myrka Rebeca Villalva Rosales, Alma Edith Arredondo Salinas, Joob Quintín Flores Silva y Víctor Manuel Talamantes Vázquez. Además, las regidoras por Morena Vanesa Mora de la O y Yolanda Cecilia Reyes Castro.

Norte Digital buscó a la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, y al director de la OMEJ para que dieran su versión de los hechos, pero ninguno de los funcionarios respondió a la solicitud de entrevista.

Impunidad y tráfico de influencias, monedas de cambio

El terreno de 300 metros cuadrados donde se construyó la malograda casa de cambio Dollar 2 Go, se ubica sobre la avenida Rafael Pérez Serna, a unos metros de la avenida De las Américas, muy cerca del puente internacional de Córdova-Américas o Libre y, supuestamente, pertenece al perímetro del estacionamiento que se ubica en esa intersección y que es administrado por la OMEJ.

Fue el pasado 8 de agosto cuando se dio a conocer de forma pública, por primera vez, la intervención en ese predio, cuando el integrante del Frente en Defensa de El Chamizal, Daniel Delgadillo Díaz, publicó en sus redes sociales que se realizaba una construcción en ese sitio, contemplado dentro del perímetro del parque nacional.

Sin embargo, cómo él mismo dice a Norte Digital, nadie hizo nada; fue hasta el 19 de diciembre anterior cuando, en compañía de otros activistas, se plantó a protestar en el exterior del local, que ya estaba funcionando.

Dos días después, el 21 de diciembre, inspectores de Desarrollo Urbano municipal se presentaron en el lugar para verificar la situación y, ante la omisión de permisos, clausuraron el negocio, acción que luego fue impuesta de forma permanente por la autoridad municipal, pero la mecha ya estaba encendida.

El ambientalista recuerda que fue uno de sus amigos, el historiador Iván González, quien le pasó el tip luego que escuchó que se iba a construir una casa de cambio en ese sitio.

“La verdad yo no lo creí porque no se me hacía posible que fuera cierto, aun así, cuando llego al lugar, me doy cuenta de que efectivamente se estaban colocando los cimientos para alguna construcción”, menciona.

Enseguida, realizó una transmisión a través de sus redes sociales para exponer la situación que parecía irregular, ya que el dato que le enviaron afirmaba que se construiría un negocio de intercambio de moneda; al terminar, se retiró del sitio.

Pensó inicialmente que era una edificación para dar servicio a los usuarios de la OMEJ y no se imaginó otra cosa, pero no obtuvo información por parte de las autoridades municipales que corroboran la información.

Los acuerdos que se pactaron entre autoridades municipales y federales para que no se realice ningún proyecto dentro del perímetro de El Chamizal, subraya, permanecen vigentes.

Delgadillo Díaz afirma que se dio cuenta de que en realidad se trataba de un local comercial hasta que le avisaron que estaban inaugurando el negocio, en diciembre pasado.

“Ya les plantaron una casa de cambio en El Chamizal y nadie dice nada, acudí de nuevo y comprobé que, efectivamente, ya estaba abierta”, recuerda.

Enseguida revisó el polígono del parque y comprobó que el negocio estaba dentro de sus límites, por eso decidió denunciar de forma pública el hecho y solicitó a los regidores del Cabildo juarense que investigaran.

El entrevistado afirma que el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal omite atender denuncias, por eso expuso la queja a través de sus redes sociales para que la autoridad correspondiente la atendiera.

Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), considera que existen varias irregularidades que se tienen que revisar, ya que no se trata de una simple polémica, sino más bien de una serie de actos de impunidad.

Para empezar, dice, la violación al Reglamento de Desarrollo Urbano es un punto importante, otro es que el local se construyera en ese espacio y que fuera rentado porque, hasta donde sabe, esa actividad no aparece en la Ley de Ingresos, entonces se obtendría una ganancia al margen.

Hace la observación de que, curiosamente, Andrés Domínguez Alderete es hermano de un regidor, Antonio Domínguez Alderete, lo que genera más suspicacias.

Afirma que Andrés está violando el Reglamento de Desarrollo Urbano y toma facultades que no le competen, como rentar ese espacio sin dejar claro hacia dónde iría ese dinero o de qué manera se va a gastar, un manejo con total impunidad.

Añade que pareciera que el titular de la OMEJ tiene una “palanca”, que es el hermano, en el máximo órgano de toma de decisiones del Ayuntamiento, que es el Cabildo, para garantizar que puede tomar acción al margen de la legalidad.

“Para poder construir se requería el permiso de Uso de Suelo, pero se hizo todo al margen de la legalidad como si fueran amos y señores, como barones propietarios de la tierra de la Edad Media, se ‘saltan’ toda la institucionalidad… en este caso los cacharon, pero qué hubiera pasado si no”, advierte.

Aunque Domínguez Alderete argumenta que el caso de Dollar 2 Go se trató de un acto de buena fe, Ortiz Quintana afirma que no es válido porque un funcionario público debe conocer los reglamentos y lineamientos con relación a su trabajo para llevarlo a cabo, por lo que este “acto de buena fe” nada tiene que ver con la institucionalidad gubernamental.

Enfatiza que lo que pone en evidencia con ese argumento, es que ignora cómo debe llevarse la administración pública.

“Lo peor del caso es que a esa persona ignorante de la función pública le estamos dando la confianza para que administre bienes municipales, un funcionario no puede actuar de buena fe, hay reglamentos, lineamientos, institucionalidad, si no la conoce ¿qué hace en ese puesto? Ah, ya sé lo que hace, es hermano de un regidor, eso es lo que hace”, resalta.

Es una burla que director de OMEJ siga en su cargo: regidora

Para Reyes Castro, el hecho de que Pérez Cuéllar no retire de su cargo a Domínguez Alderete es una burla, por lo que infiere que hay una protección clara, total y absoluta porque todos están inmiscuidos.

“¿Usted cree que el presidente no sabía? El mismo presidente lo dijo ahí en la Comisión: sí estaba enterado, claro que estaba enterado, porque el mismo Andrés Domínguez dice que el Consejo le dio permiso, y el Consejo lo preside el presidente municipal, claro que estaba enterado de todo”, enfatiza.

Con relación a este tema, el regidor Torres Valadez tiene una perspectiva un tanto distinta.

Que haya nepotismo porque el director de la OMEJ es hermano de un regidor no se da porque, considera, la OMEJ es un ente descentralizado del Gobierno municipal, no una dependencia, como serían otras donde el alcalde hace la designación de su titular.

Sin embargo, en este caso, Pérez Cuéllar hizo la propuesta para que Andrés Domínguez Alderete ocupara el cargo ante el Ayuntamiento, organismo que aprobó la sugerencia.

Explica que, desde el inicio de la administración actual, el representante de los regidores ante la operadora era Antonio Domínguez Alderete, pero había otro titular (Francisco Javier Ibarra Molina), cuando entró su hermano -en noviembre de 2022-, Antonio se retiró del Consejo y hasta ahora no se ha designado a su sucesor.

“En este caso sería una situación muy discutible el tema de nepotismo porque es una descentralizada del Gobierno y no es una dependencia como Obras Públicas o Desarrollo Urbano, habría que analizar el contexto jurídico de cada una de estas áreas; es discutible, sobre todo porque los dos entraron al mismo tiempo al Gobierno”, expone.

Con relación al posible tráfico de influencias, indica que sí pudiera darse porque hay una cuestión que se debe desentrañar, pero eso le corresponde a la instancia investigadora.

Ciertamente, continúa, Domínguez Alderete mencionó a la persona con la que se celebró el contrato de arrendamiento, a la que tampoco han visto, por lo que se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que la llame a comparecer.

Informa que lo que se conoce es que la empresa de Dollar 2 Go se denomina Centro Cambiario Fronteras Unidas S.A. de C.V. y que aparecen como socios Salvador Navarro Carreón y Víctor Manuel Alcalá Villalobos.

Establecer una relación entre las empresas y otro actor relacionado con el Municipio es una tarea de la instancia investigadora, indica.

El edil da a conocer que existen otras situaciones de actuación irregular similares y por eso se presentaron siete denuncias en contra de Pérez Cuéllar y otros funcionarios de su Gobierno.

“Hay un desaseo en cómo se hacen las cosas en muchos temas de la administración; si nosotros encontramos cuestiones que no correspondan al buen manejo de los recursos públicos tenemos una función de supervisión y vigilancia dentro de la administración”, declara.

Conforme vayan encontrando ese tipo de situaciones anómalas, los regidores tendrán la obligación de denunciarlas para que se regularicen y se sancione a quien esté incurriendo en actos ilegales, advierte.

Una bien tejida red de contradicciones

El caso de Dollar 2 Go puso al descubierto una serie de irregularidades y contradicciones en el desarrollo de las actividades del Gobierno municipal, indican los denunciantes.

La regidora Reyes Castro cuestiona cómo es que construyeron el local comercial en medio de El Chamizal y nadie lo había visto; además, no se explica cómo es qué les dieron contrato del servicio de electricidad.

Afirma que funcionarios de la CFE, a los que cuestionó sobre el particular, le dijeron que los representantes del negocio les presentaron documentos de Desarrollo Urbano, una carta expedida por Presidencia municipal, en la que manifiestan que tienen comodato de ese terreno y que otorgan el permiso para abrir la casa de cambio.

Ese entramado, añade, refleja otra omisión, por no decir delito, ya que solo una autoridad puede hacer ese trámite cumpliendo con la legalidad, la paraestatal federal no puede otorgar un servicio sin que se cumplan todos los requisitos reglamentados, sin excepciones.

Las partes, señala, deben explicar cómo es que sacaron el permiso o, también, si es falso el documento, que digan que la autoridad no lo expidió y que establezca quién lo hizo; esa solicitud está en la carpeta de investigación y está debidamente sustentada.

Recuerda que cuando Domínguez Alderete compareció ante Cabildo dijo textualmente que lo hizo de buena fe porque quiso contribuir con el Municipio, pero la regidora cuestiona por qué él decide lo que se hace en un parque público federal, porque ni siquiera es del Municipio.

“No es nadie para decir sí ellos pueden hacer negocio o no, porque es un negocio y todos lo sabemos… ¿usted cree que se la van a jugar por 13 mil pesos mensuales? Pues que nos lo renten a cualquiera de nosotros”, enfatiza.

Para el edil Torres Valadez, el tema de la posesión del terreno en El Chamizal, más que nada, es la ilegalidad que representa hacer un contrato de renta sin que en realidad exista un comodato.

Con relación a los permisos de la Dirección de Desarrollo Urbano para la autorización de la construcción y apertura del local comercial, señala que debieron contar con el permiso de Uso de Suelo por parte de Desarrollo Urbano, un documento que no se ha mostrado.

Sin embargo, sí contaban con el servicio del suministro eléctrico y medidor, para el cual debe tener esa anuencia; la CFE da ese servicio cuando se justifica la existencia de una edificación que lo requiere.

De alguna forma, considera, ese documento sí existe, pero hay versiones que indican que la empresa Dólar 2 Go utilizó un Uso de Suelo de otra de sus sucursales para obtener el contrato de energía eléctrica.

“Todo ese tipo de cuestiones es lo que queremos que se investigue… lo que creemos es que se tiene que transparentar lo que ocurrió y deslindar responsabilidades… que se apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo al Código Penal… esperamos que, por lo menos, se llegue a una sentencia en este tema”, dice.

Todo mundo, añade, espera que se aplique alguna sanción, una que no permita que en el futuro se den este tipo de situaciones.

Con relación al argumento que esgrime Domínguez Alderete para explicar la acción, que se trató de un acto de buena fe, considera que es totalmente inválido.

“Ese tipo de dependencias no dan para la buena fe, son instancias lucrativas cien por ciento; la OMEJ es una descentralizada que no recibe subsidio del Municipio, obtiene sus recursos de los estacionamientos y no existe la buena fe en ese lugar porque, aparte, su objetivo es muy claro: tiene solamente facultad para abatir el rezago de estacionamiento en la ciudad, es todo lo que tiene que hacer”, establece.

Torres Valadez indica que esa actuación de buena fe, implicó, en este caso, hacerle un negocio a un particular.

Entonces, cuestiona, ¿dónde está la buena fe? Como el mismo director de la OMEJ lo dijo en su comparecencia, la descentralizada no requiere de subsidio municipal, entonces el Municipio no necesita los 13 mil 500 pesos mensuales de un espacio sin saber a dónde van a destinar ese recurso y para qué.

No hay una justificación, aquí prevalece la ley a través de la cual se maneja esa operadora y definitivamente lo que especifica es lo que se tiene que hacer, así que el funcionario se salió de sus parámetros, señala.

El regidor indica que existe un Consejo que, se supone, autorizó la celebración de ese contrato, pero debieron establecer cuál es el beneficio para la ciudad; se habla de una negociación por cuatro años que generaría poco más de 600 mil pesos, pero no hay realmente una ganancia para Juárez porque con esa cantidad no se resuelve nada, ya que es ridícula.

Considera que existe otra situación delicada y grave, ya que parte del espacio que ocupó la casa de cambio, en su momento era un área verde y se retiraron árboles, así que también hay comisión de delitos que no observó la Dirección de Parques y Jardines, instancia que omitió otorgar los permisos necesarios.

En el caso de Desarrollo Urbano, añade, para tramitar un contrato con el fin de instalar un tendido eléctrico se requiere el permiso de la dependencia municipal, por eso se solicitó que se investigue para establecer qué fue lo que pasó con las anuencias requeridas.