A diferencia de los partidos políticos, que sí reciben financiamiento público, la “Ley Electoral Reglamentaria de los Artículos 99, 100, 101, 102 Y 103 de La Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua”, prohíbe que se inviertan recursos públicos y privados en las campañas de personas juzgadoras.
Los candidatos a cargos estatales, solo podrán usar sus recursos personales. El tope para los candidatos a una magistratura es de 380 mil 539 pesos y para los que aspiran a dirigir un tribunal de primera instancia, es diferenciado, dependiendo de en qué municipio se encuentren; para los que van a contender en Ciudad Juárez es de 232 mil 428 pesos.
Las campañas iniciaron el pasado 30 de marzo y concluirán el miércoles 28 de mayo.
“Para todos los cargos de elección de personas juzgadoras, estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio o televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidaturas”, señala el Artículo 58 de esa Ley publicada el pasado 23 de enero en el Periódico Oficial del Estado.
Para los candidatos también está prohibido contratar tiempos en radio y televisión o cualquier otro medio de comunicación; no podrán pagar en las redes sociales para que sus mensajes sean replicados o tengan un mayor alcance.
En redes y medios digitales solo podrán compartir información desde sus perfiles, pueden tener varios perfiles en una misma red social, y sus círculos de amigos podrán replicar los contenidos siempre que no sea un trabajo pagado.
Apuesta por lo orgánico y reciclable
Los candidatos podrán hacer proselitismo territorial, es decir, imprimir propaganda en material reciclable y/o biodegradable y entregarla de mano a mano, y podrán cubrir gastos personales, viáticos y traslados, dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura y dentro del periodo de campaña.
Durante los 60 días de las campañas electorales, los aspirantes podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora.
Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.
Las entrevistas con fines noticiosos y los debates están permitidos siempre que sean gratuitos, solo se establece que los medios de comunicación deberán actuar con equilibrio hacía todos los candidatos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de la fiscalización.
La plataforma oficial del IEE, para dar a conocer a los candidatos, así como información general respecto a la elección tanto federal y estatal, es “Conóceles”, que está disponible desde que iniciaron las campañas.
En “Conóceles”, se van a compartir los nombres completos de los candidatos, estudios cursados, trayectoria profesional, experiencia en la materia jurisdiccional, fotografías, datos de contacto y un video donde los aspirantes podrán presentar sus propuestas y visión de sistema judicial en Chihuahua.
Si los aspirantes lo desean, podrán informar si pertenecen a un grupo vulnerable.
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