Cambio de juego:Juárez y la agonía de su modelo maquilador

A comienzos de 2025, Oscar Ibáñez estaba en ruta para convertirse en rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ). Hasta entonces se había desempeñado como representante del Gobierno del Estado en el municipio y llevaba tres décadas alternando la función pública con una larga trayectoria dentro de la academia. Tenía claro que, en esa nueva encomienda, necesitaba poner en práctica sus conocimientos en una y otra área para garantizar la supervivencia de la institución. No solo se trataba de reorientar el plan de estudios, sino de adecuarlo a lo que él mismo considera el advenimiento de un nuevo ciclo económico, que habrá de producir cambios sustanciales en la vida de decenas de miles de individuos. Algo que, en los hechos, ha iniciado con la pérdida de más de 64 mil plazas laborales en la industria maquiladora desde 2023.

Una vez en el cargo, Ibáñez partió de la premisa más básica: ¿qué hacer? Como universidad, dice, se hallan estrechamente vinculados al sector industrial, a tal grado que cualquier modificación que suceda ahí les impacta. Y esas modificaciones, en apariencia inofensivas, tienen a su vez repercusiones fuera de sus muros: moldean el perfil de quienes operan las líneas productivas que dan sentido y fuerza a la ciudad. Ahora ese orden se ve amenazado por la implementación de la Inteligencia Artificial para generar procesos de manufactura avanzada, así como por el nuevo orden global que impulsa la política proteccionista del Gobierno de Donald Trump, que le ha llevado también a catalogar como grupos terroristas a las organizaciones criminales que operan en México, lo que pone en aprietos transacciones habituales del sector. Lo mismo han hecho decisiones internas, como la implementación de un salario diferenciado para la zona fronteriza desde 2022, que hoy alcanza los 419.88 pesos diarios, 141.80 pesos por encima del resto del país.

Es el contexto con el que el rector se puso manos a la obra. Convocó a expertos en economía y procesos productivos de universidades estadounidenses, así como a ejecutivos de grandes corporativos en Norteamérica, Europa y Asia. Con ellos realizó mesas de análisis en las que sentó a empresarios locales. El resultado de esas sesiones verá luz en enero próximo a través de un Policy Paper, o documento de políticas, que propondrá soluciones basadas en evidencia para ser tomadas en cuenta por funcionarios de Gobierno y legisladores, que son, a final de cuentas, los encargados de generar políticas para no ahogar la economía y, por consiguiente, la vida social.

“El chiste es comprender lo que está pasando”, dice Oscar Ibáñez. “Lo que viene abre oportunidades, pero también abre riesgos. Si de repente no sale un empresario o una universidad que aproveche las oportunidades, (esto) ya se jodió”.

Los cambios de paradigma han sido una constante en esta ciudad por más de un siglo. El modelo maquilador, sin embargo, se ha mantenido como motor de la economía regional por la mitad de ese tiempo y, si bien garantiza seguridad social a la masa productiva, engendró una legión creciente de obreros con bajos salarios, así como un atraso en materia urbana que sentó la base para fenómenos sociales irreductibles, como la alta tasa criminal y la corrupción institucional que la vuelve impune. La pérdida de casi 65 mil plazas, a diferencia de otras crisis laborales —como la de 2008 por el crack que siguió a la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, o la generada por la pandemia de Covid, que paralizó la cadena productiva— conduce hacia un punto sin retorno. Eso comienza a verse en las dinámicas no solo de los mercados productivos, sino en algo tan profundo y poco medible como la transformación de los métodos de subsistencia de una multitud que se anticipa por instinto a lo que el rector de la UTCJ califica como un cambio de era.

Es jueves por la tarde. Sobre las banquetas y el parque del fraccionamiento Parajes del Sur, mujeres de distinta edad ofrecen ropa usada que cuelgan en rejas y barandales o la exponen sobre mesas de plástico y lámina. Unas prendas a 10 pesos y otras a 40. Buena parte se ha quedado sin trabajo en la maquila y se han visto obligadas a vender también comida chatarra. Lo que puedan cada día, sin importar si hay o no clientes potenciales.

“El dinero tiene que salir de alguna parte”, dice Martha. Ella perdió su trabajo en línea en junio de 2024. Se empleó como conductora de Uber, pero nunca se sintió segura. Lo poco que pudo ahorrar lo invirtió en ropa usada, y otra tanta salió de la que sus dos hijas y ella misma dejaron de ponerse. Con 50 años, algo tiene en claro: su vida como obrera terminó, lo mismo que las garantías que eso le prodigaba. El mundo no es que se le termine, solo le ha cambiado.

Martha y el resto de las mujeres que han tomado el frente de sus casas como punto de venta son una muestra de los cambios que comienzan a darse en tiempos recientes, silenciosos e inexorables. El tipo de conversión apenas perceptible que anida más en la idea que en el dato firme, pero que tendrá un impacto profundo en la ciudad. El Inegi registra un incremento menor al punto porcentual de la economía informal respecto a 2024, y en términos generales coloca a Chihuahua como una de las tres entidades con menor proporción nacional, con 34.3 por ciento de su Población Económicamente Activa, solo debajo de Coahuila y Nuevo León. Organismos como Immex o Coparmex, sin embargo, advierten lo opuesto con un sentido de alerta. La pérdida de plazas laborales no la perciben como transformación de un modelo, sino como declive en sus rentas. Lo que se ve en Parajes del Sur tiene sus equivalentes en los fraccionamientos vecinos, habitados por la clase obrera desde su construcción, hace tres décadas. Ocurre también sin mucha conciencia, como algo que simplemente obedece a un mecanismo de sobrevivencia. Al menos así lo percibe Sandra Ramírez, directora de Colectiva Arte, Comunidad y Equidad (Colectivarte), una asociación civil cuya intervención en esas comunidades ha servido para visibilizar parte de una realidad social rara vez atendida por instituciones públicas.

“No sé si es por tanto agravio que vive la ciudad, que este tema (de la pérdida de plazas) no es la gran preocupación. Pero es verdad que se está viviendo una recesión, que están cerrando maquilas y que las familias se están quedando sin trabajo”, dice. Así que mujeres y hombres buscan alternativas, y entre ellas, la más inmediata y viable es también la más ancestral: el comercio.

Moverse al lado de la informalidad puede sustituir el salario, no así la estabilidad. Las mujeres obligadas a la vendimia tienen historias detrás: hijos menores que han perdido seguridad médica, así como créditos hipotecarios que difícilmente podrán pagar. Al dinero fijo de la maquila —que, si bien se elevó desde 2022, se mantiene bajo— tampoco le restaban, como ahora, los pasajes de autobús ni la comida que se les provee en las zonas de ensamble. Los varones corren la misma suerte y han debido cambiar de ramo por igual. Y si bien es posible que ambos alcancen la media de ingresos que tenían, la tensión ante la falta de un contrato que les ofrezca certidumbre en áreas como la salud y la vivienda encuentra una salida que se ha vuelto lugar común en momentos de crisis: la violencia.

“Hemos visto un repunte sobre todo de padres y madres hacia niños, niñas y adolescentes”, dice la directora de Colectivarte.

Y desde ahí, esa violencia se expande a las fiestas y calles del vecindario.

La pérdida del empleo formal, cuando ocurre de un día para otro, no solo deja ausentes los derechos laborales; aumenta la precarización y la inseguridad del individuo, dice Salvador Salazar, sociólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que ha estudiado el tema durante años. Ello no significa que se tenía un modelo de economía funcional que les procuraba certidumbre sostenida, pero tampoco que adentrarse en la informalidad restablezca la confianza de cara al futuro. Por el contrario, eso puede generar altos niveles de estrés, porque la precarización, cuando llega de golpe, conduce a la exclusión social y eso desata malestar en su sentido más amplio.

“Lo vemos no solamente con la problemática de perder un salario. También lo vemos en el sentido de lo que implica perder la posibilidad de generar un proyecto de vida. Esto es como una bola de nieve, porque también es propicio para generar dinámicas que se vuelven de repente muy problemáticas, como por ejemplo entornos de violencia intrafamiliar, entornos de violencia en los barrios, en las colonias”, explica Salazar. “La relación con el incremento de otro tipo de delitos, como el robo, no tiene bases y no estoy de acuerdo con ello, porque se convierte en una especie de justificación para construir un estigma. Y ese es el otro gran problema, porque el estigma tiene un impacto en la producción de vida en comunidad”.

La informalidad del mercado no deja de ser un acto desesperado ante la crisis de un sistema económico que históricamente se ha servido de mano de obra intensiva y barata. Al mismo tiempo, exhibe la pobreza de políticas públicas y sociales que han sido medianamente efectivas. A ello se suman tres posiciones de Gobierno que, a juicio del sociólogo, colocan la realidad fronteriza en un callejón sin salida: la falta de certidumbre que deja la Reforma Judicial, lo que inhibe la inversión extranjera; la falta de creatividad del Gobierno estatal para atraer nuevas empresas, y la posición de un Gobierno municipal completamente rebasado por las circunstancias, sin ideas siquiera para intervenir en materia de seguridad. Todo bajo el sello de los tiempos actuales: el del cambio irreversible del orden mundial.

“A diferencia de 2008, e incluso a diferencia del contexto del Covid, la apuesta ahora es negar completamente cualquier relación económica de intercambio, respaldada por el incremento o la amenaza de aranceles. La de un discurso proteccionista de Trump ante ese nuevo orden, que también podemos ver aquí, con el famoso Plan México, que recién está implementando el Gobierno federal”, dice el sociólogo.

El plan emprendido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, aludido por Salazar, tiene como objetivo central posicionar al país como una de las 10 potencias económicas, y para lograrlo buscará fortalecer la producción nacional, la inversión extranjera y alcanzar soberanía energética y alimentaria. Salazar está esperanzado, pese a todo, en que la realidad de los mercados internacionales se encargará de flexibilizar ambas posturas políticas. Pero si eso llegara a suceder, se vería las caras con una ciudad distinta.

Nadie tiene una bola de cristal que le permita ver el futuro. Sin embargo, hay indicadores que dan cuenta del cambio y hacia dónde conduce. En 2023, la industria maquiladora alcanzó su máximo histórico como generadora de empleos formales. Ese pico sucedió una vez que se restableció la dinámica del comercio global tras la pandemia. Fue solo eso: una instantánea del momento. Para mayo de 2025, dice el economista de la UACJ Luis Gutiérrez, el municipio registraba ante el IMSS, en términos redondos, 261 mil trabajadores, unos 63 mil menos que en el verano de hace dos años. Pero el empleo llegó a 40 mil en otras áreas de la economía formal. “Esto es solo para matizar el dato, porque sí suena alarmante hablar de 63 mil empleos perdidos”, dice.

Lo que muestran los números es un cambio inimaginable hasta hace muy poco: el fortalecimiento de los mercados internos desprendidos de la maquila, particularmente en el comercio y los servicios. “Lo que vemos bien puede ser explicado en gran parte por el incremento de los salarios mínimos”, señala Gutiérrez, a contrapelo del impacto negativo que ven en la diferenciación salarial organismos empresariales y otros analistas del fenómeno industrial.

Las restantes 23 mil o 24 mil plazas que siguen en el aire no necesariamente significan desempleo. Parte de ellas engrosan las filas del mercado informal y otra, las de la emigración. Aun así, dice el economista, el desempleo en Juárez es muy bajo, con alrededor del 2 por ciento. Si bien la precariedad laboral se agudiza en una economía informal, la ciudad no está perdiendo, al menos no en la dimensión que se lee cuando se habla estrictamente de plazas en la industria de ensamblaje. Eso, como rasgo de transformación, se ha explicado desde el ámbito académico a los organismos empresariales, pero no logran asimilarlo tal cual. Simplemente están en la lógica de la crisis y el caos de sus propios intereses, en vez de idear nuevas formas mercantiles y procesos productivos.

“Obviamente perder 63 mil, 64 mil empleos es alto, pero también el resto de los sectores está funcionando. Particularmente un sector terciario, en parte formal y en parte informal. Si ves la estadística del último año verás algo muy evidente, como que pusieras un espejo en contra: en la medida en que va cayendo el empleo maquilador formal, en esa medida va subiendo el empleo formal del sector terciario. Así que, en este momento, en la ciudad no hay consecuencias dramáticas en torno a la pérdida de la masa salarial”, explica Luis Gutiérrez. Eso es lo que ha dejado el incremento del salario mínimo para la franja fronteriza. Un alza en el poder adquisitivo se traduce en mayor derrama, así sea desligada del principal motor económico de la región, que sigue siendo la maquiladora. Y su impacto comienza a notarse.

Hablando estrictamente de la industria ensambladora, una lectura inicial sobre la pérdida de plazas tiene como base la reconfiguración del orden mundial, que se afianza con las nuevas zonas de influencia de Estados Unidos, China y Rusia. Es la razón por la que el Gobierno de Trump emprendió un viraje drástico y agresivo de sus relaciones comerciales, en un afán proteccionista y, regionalmente, con la idea de condicionar a México y Canadá de cara a la renegociación del tratado comercial. Son decisiones que, a querer o no, amenazan al modelo de economía que se tiene en la ciudad. O al menos lo empujan a un cambio apremiante, distinto del que ha vivido por más de medio siglo.

Gutiérrez no está solo en su análisis. En una de las mesas convocadas por Oscar Ibáñez en la UTCJ, Thomas M. Fullerton, secretario técnico del Departamento de Economía de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), ofreció indicadores sobre el comportamiento de las variables del sector primario, secundario y terciario de la ciudad. En síntesis, habló de crecimiento, sobre todo en el área de servicios. Y el sector lo hace por encima de los registros de la industria maquiladora.

“Cuando ves los datos desglosados —dice Ibáñez— tratas de analizar lo que está sucediendo y la conclusión es que hay modificaciones que se están dando, pero no son lineales o de una sola variable. Estamos, definitivamente, entrando a una nueva era”.

Aun con el descalabro que ha significado la pérdida de plazas, la maquiladora se mantiene a la cabeza de empleos formales, con más del 60 por ciento del total, de acuerdo con el Inegi. Ese promedio ha variado poco desde su primer gran auge en la década de 1980. Pero, una vez firmado el primer tratado comercial de América del Norte en 1994, el equilibrio entre empleo formal y calidad de vida se perdió. La ciudad se llenó de parques con naves industriales, atrajo mujeres y hombres en busca de trabajo y generó especulación de la tierra a un nivel en el que se perdió toda capacidad de respuesta, tanto urbana como de servicios públicos. El nivel salarial fue decreciendo gradualmente, hasta dejar a dos terceras partes de la población con ingresos menores a dos mínimos.

Al paso de los años, se ensanchó un modelo de bajos salarios, de bajo valor agregado y de escasa ramificación de cadenas industriales y proveedurías.

“La maquiladora no tenía un efecto de enlazamiento, de lo que llamamos trickle down, el efecto derrame. Sino algo que yo llamo ‘efecto túnel’, por el que todo se va”, dice el economista de la UACJ. “Eso no lo entendíamos, pero desde hace algunos años lo estamos haciendo. Ahora, el tema es cómo salir de él. (…) La maquiladora, francamente, en términos de desarrollo y bienestar, ha traído más problemas a la ciudad”.

Lo que sucedió en materia pública después de la firma del Tlcan fue una serie de modificaciones a la Constitución y a las normativas y reglamentos locales que hicieron de ciertas zonas del país un paraíso para el establecimiento de maquilas. Ciudad Juárez es la que más.

“El Gobierno les ha garantizado que no prolifere quien pelee por los derechos de los trabajadores, desde el punto de vista sindical”, dice sobre el punto Susana Prieto, la abogada laboral con mayor número de confrontaciones legales en contra de esa industria en el norte del país. Agrega un dato para poner en perspectiva lo que afirma, y que al mismo tiempo respalda lo dicho por Luis Gutiérrez: de los 33 municipios que existen en el país con industria transnacional, Juárez se encuentra penúltimo en bajos salarios.

Eso es pasado y presente. El problema es lo que sigue. Si bien la pérdida de plazas tuvo su nivel más elevado en 2023, un reporte actualizado por Coparmex dice que, de enero a julio de este año, los trabajos en maquila que se han perdido llegaron a mil. Muy pocos en comparación, pero inquieta que la tendencia se mantenga. Susana Prieto está convencida, a su vez, de que esa tendencia irá aumentando conforme pasen los meses, sobre todo después de la renegociación del T-MEC o, como predicen varios economistas, la continuidad con un tratado binacional que deje fuera a Canadá.

Existen razones para pensar de esa manera. De entrada, el salario diferenciado resta competitividad a la franja fronteriza. Si las empresas no se han movido fuera de ella para esquivar así el costo nominal, es porque falta mano de obra en municipios del sur del estado, dice Prieto. Pero lo que terminará por dosificar el modelo maquilador en el mediano y largo plazo serán las políticas que ha comenzado a implementar el Gobierno de Donald Trump. Y el reloj de arena ya se ha invertido.

Una de las causas fundamentales de la pérdida de plazas será el aumento de los aranceles a productos y componentes chinos, predice la abogada. En Juárez operan empresas como Tridomex, Trico, BPI Manufacturing o Centric Parts, dedicadas a la remanufactura de autopartes para grandes refaccionarias estadounidenses como AutoZone, y para hacerlo se valen de piezas chinas.

“Ahora tienes al corporativo First Brand, por ejemplo, que absorbe a todas estas maquilas, acogiéndose al capítulo 11 de bancarrota en Estados Unidos. Eso enciende las alertas de los trabajadores. Porque, según el corporativo, es para reestructurar deuda y sostener las operaciones en lo que a Donald Trump le baja la intensidad. El problema es que entre los acreedores y deudores están los trabajadores mexicanos que tienen un pasivo contingente, el equivalente al pago de indemnizaciones, y si no pueden reestructurar la deuda, tendrán que cerrar”.

First Brand opera en Ciudad Juárez con 2 mil 800 trabajadores. El futuro de todos ellos no solo queda fuera de su comprensión, sino que además la ley no les brinda protección. No hace mucho, Edisa, una empresa local que manufacturaba moños para su venta en la cadena estadounidense Dillard’s, fue puesta a la venta. Sus compradores fueron una pareja de estadounidenses radicados en El Paso, Texas. El aumento de aranceles les hizo declararse en bancarrota muy poco tiempo después. Cerraron sus dos plantas en Juárez e indemnizaron con 10 mil pesos a los 350 trabajadores, la mayoría con 30 años de antigüedad.

“No hay una garantía establecida en la legislación mexicana para que cuando cierren este tipo de empresas ofrezcan una garantía de pago del 100 por ciento de las indemnizaciones”, explica la abogada. “Anteriormente, cuando había una empresa golondrina, los trabajadores podían embargar la maquinaria y rematarla. Aunque no salía el 100 por ciento de sus indemnizaciones, salían porcentajes que no los dejaban tan raspados, tal y como está pasando con EDC ahora mismo”.

Bajo el proyecto de Immex, dice Prieto, las importaciones de la maquinaria son temporales y pertenecen a las empresas extranjeras, lo que imposibilita el embargo. Así que todo debe regresar a Estados Unidos por ley.

El desamparo legal empeora en un momento de fragilidad para obreros del sector. “Ya estamos ahorita en la implementación de la Inteligencia Artificial, de fuentes mecánicas para suplir a los operadores que realizan trabajos manuales, robótica avanzada, y la legislación en México va para atrás. Hay un retroceso de las últimas reformas constitucionales a la ley de amparo y a la ley del Infonavit, por ejemplo. Mientras Europa, Japón, China están previendo que va a darse una suplantación de trabajadores por robots o por Inteligencia Artificial, así que obligan a pagar un impuesto extraordinario para que el Gobierno tenga forma de solventar, mediante una ayuda casi socialista, a quienes queden desempleados. Aquí no tenemos un plan B”.

Oscar Ibáñez ha salido de una reunión en la que se analizan los presupuestos de la Universidad Tecnológica y se dirige a su oficina, en lo alto de un edificio de cuatro plantas, desde donde se observa buena parte del sur de la ciudad, la parte construida después de la firma comercial de 1994 y que, para unos, marcó el repunte económico y, para otros, el comienzo del declive urbano y social. El rector está convencido de que la guerra arancelaria de Trump no es la causa, ni lo será, del cambio de ciclo económico local. Por el contrario, cree firmemente que Juárez se verá beneficiado justo por su industria maquiladora. Al menos en el corto y mediano plazo. Lo crucial, dice, son los efectos del salario diferenciado, así como un elemento en la ecuación que deja fuera casi cualquier otro análisis: la guerra contra las drogas que se ha propuesto librar Estados Unidos.

“Eso de declarar terrorista a todo el mundo —dice refiriéndose a la orden presidencial emitida por Trump a comienzos de 2025 para designar a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)— y eso de haber cerrado tres bancos… (…) eso ha representado a las empresas, en términos legales y financieros, cuidados adicionales. ¿Qué pasa si tú le compras a un proveedor que lava dinero? Esas cosas están impactando más aquí, localmente, en los aspectos financieros. Antes había un trato normal de los bancos, digámoslo así, que tenían una bola de criterios de revisión, seguros y montos. Cuando la categoría cambia a fondos de organizaciones terroristas, esos filtros, esos límites, crecen de una manera distinta. Y eso tiene un impacto”.

Las cosas para el rector no tienen una sola lectura y tampoco pueden reducirse a explicaciones simplistas. De ahí que, una vez a cargo de la universidad, decidió convocar a especialistas del ámbito académico y de la empresa privada para discutir el futuro.

“Ahora es como si estuviéramos en medio de una tormenta”, dice Ibáñez. “Y si el barco lo dejas a la deriva, se lo va a cargar la chingada. Entonces me siento y veo dónde está la presión. Léeme el barómetro. ¿Ya cambió el aire para aquel lado? ¿Cuánto traemos de combustible?… Haz de cuenta que así me siento”.