La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) está en espera de ampliar el convenio firmado en 2020 con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fin de contar con facultades que, entre otras cosas, permitan evitar el uso inadecuado del agua en la entidad.
Uno de estos aspectos tiene que ver con la situación que priva en el caso de los pozos agrícolas de Ciudad Juárez y Samalayuca, de los que se extrae agua para usos diferentes a los autorizados.
Asimismo, intervenir en la regulación de pozos de riego existentes en antiguas zonas del Valle de Juárez que, con el crecimiento urbano, han quedado integrados a la ciudad.
Pozos que actualmente son utilizados para la extracción y venta ilegal de agua que es utilizada para fines ajenos a los autorizados por la Conagua.
En el caso de Samalayuca y el Valle de Juárez, esto se ha visto reflejado en el uso de agua de pozos agrícolas utilizada en la construcción del Libramiento Oriente.
Agua proveniente de estos pozos ha sido utilizada para el riego de terracerías durante la construcción de esta importante obra.
Así pudo constatarse en un recorrido y una publicación al respecto, realizados por Norte Digital en días pasados, en el área de construcción del libramiento.
Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, expreso que la ampliación del convenio con la Conagua se viene negociando desde hace tiempo.
Según el funcionario, esto permitiría ampliar el campo de acción de la JCAS y las juntas locales en labores de supervisión e intervención que por ahora sólo competen a la Conagua.
Lo que se busca, señaló, es garantizar la gobernanza y gobernabilidad hídrica del estado, factores que forman parte del al Plan Hídrico 2040.
Las condiciones existentes actualmente en la región Juárez, el Valle y Samalayuca, podrían incidir, en un futuro cercano, en el abatimiento del acuífero profundo.
“Lo que estamos buscando es que este convenio con la Conagua se amplíe para tener facultades de inspección y regularización de los pozos”, manifestó.
Dicho acuerdo contempla actualmente compromisos de inversión conjunta en materia de agua potable, mantenimiento de infraestructura, alcantarillado, saneamiento y cultura del agua.
Pero en lo referente a acciones de regulación en el uso que se da a las concesiones de tipo agrícola solo comenten a la Conagua. Incluyendo los pozos absorbidos por el crecimiento urbano en los que no puede intervenir la JMAS porque no han modificado su status de pozo agrícola.
“La sustentabilidad hídrica es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y algo muy importante al respecto es que no seamos omisos; aquí hay una irregularidad que no es la única en el estado, sobre todo de pozos ilegales que ni siquiera pagan energía eléctrica. Es un daño patrimonial al erario público, tanto en explotar los mantos como en muchos casos no pagar la energía eléctrica”, declaró.
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