Daniel Pando Morales, dueño de las dos propiedades de El Campestre, una de las cuales ocupaba el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, que fueron aseguradas por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) el pasado 23 de abril, buscó la protección federal contra órdenes de aprehensión y otras acciones de autoridades judiciales y prejudiciales.
En la Lista de Acuerdos de la Dirección General de Gestión Judicial se publicó la solicitud bajo los números de expediente 455/2024, con fecha del 24 de abril pasado, y el 479/2024, publicitado este mismo 3 de mayo, solicitudes que fueron admitidas.
El acto reclamado es una orden de aprehensión y su ejecución en el trámite promovido contra el exfuncionario del Municipio contra actos del juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, pero también contra el juez de Control del Distrito Judicial Morelos y otras autoridades.
Hasta hoy no se conoce que se haya girado alguna orden de aprehensión en contra de quien fungió como director de Regulación Comercial por cerca de un año, en la administración de Cruz Pérez Cuéllar.
En el expediente 479/2024 se establece que el interesado busca la protección federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) y de la FACH, así como del coordinador regional Zona Norte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del jefe de Grupo y del coordinador de la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la misma instancia; además, contra el Agente del Ministerio Público de la FACH.
La autoridad estableció el próximo jueves 9 de mayo como fecha para llevar a cabo la audiencia incidental.
El aseguramiento de las propiedades, ubicadas en la calle Del Fresno con los numerales 1564, donde vivía Pérez Cuéllar, y 1642, que se encuentra en obra, se generó por la denuncia interpuesta ante la FACH el pasado 30 de noviembre en contra del alcalde y Pando Morales.
El cargo fue enriquecimiento ilícito y fue presentada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes argumentaron que ninguno de las dos personas demostró tener capacidades económicas para adquirir y ocupar esas propiedades con base en sus declaraciones patrimoniales que, por ley, deben rendir de forma pública.
Pérez Cuéllar informó que estaba pagando una renta de 70 mil pesos mensuales por el inmueble.
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