Todo funcionario o ente privado que maneje recursos públicos debe ser sujeto de las sanciones que correspondan si tales recursos son ejercidos de manera indebida.
Esto en opinión del diputado local Omar Bazán, tras lo expresado por Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE); Acosta reconoció que no hay elementos para sancionar irregularidades como las detectadas a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) referentes a la cuenta pública 2021.
Igual que Leticia Ortega, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Bazán consideró necesario romper los “blindajes” que impiden sancionar a particulares.
“Hay que hacer una reforma para poder sancionar a los que reciben recursos públicos y que no los apliquen para lo que fueron otorgados; para que entonces se puedan auditar y sancionar, porque es ahí de donde se agarran este tipo de organismos para no ser fiscalizados”, comentó.
Todo esto surge de la reunión que la diputada Ortega Máynez sostuvo el pasado jueves con el titular de la Auditoría Superior del Estado.
La legisladora, acompañada de los integrantes de la citada comisión, cuestionó la falta de sanciones en el caso de la cuenta pública 2021 de Fechac; esto luego de preguntar al auditor sobre la situación que guardaban las observaciones emitidas por la ASE a la mencionada fundación.
Tales observaciones están relacionadas con contratos para la construcción del Banco de Alimentos de Ciudad Juárez, donde se detectaron irregularidades y conflictos de interés.
El motivo del cuestionamiento hecho por la diputada a la ASE fue que las observaciones derivaron únicamente en recomendaciones, y no en denuncias y sanciones.
A estos cuestionamientos el auditor se concretó a responder que la Ley General de Responsabilidades Administrativas solo aplica para servidores públicos, no para particulares.
Por tal motivo, hasta ahora no es posible establecer procedimientos contra los miembros de una asociación civil como es el caso de la Fechac.
La legisladora respondió que, mientras no se hagan reformas que permitan romper tales blindajes, las auditorías siempre serán una medida insuficiente en estos casos.
“Son entes que hacen uso de recursos públicos sin ser funcionarios. La Fechac es uno de los tantos casos que se han convertido en procedimientos inconclusos que no terminan por resolverse”, expresó la legisladora.
Ante esto, Omar Bazán consideró que todo funcionario o ente privado que maneje indebidamente recursos públicos, deben ser sujetos de sanciones.
“Tienen que ser supervisados, tiene que haber una auditoría y tienen que comprobar que efectivamente se usaron para lo que se les dio el recurso; y si no, pues que haya una sanción en consecuencia, tendrían que ser sometidos a las sanciones legales correspondientes”, puntualizó Bazán.
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