Maru Campos asumió hoy el cargo de gobernadora constitucional del Estado libre de cualquier responsabilidad penal. Además, con un fallo a su favor por parte de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El sábado 4 de septiembre, el pleno del TEPJF dictaminó que no se rebasó el gasto de campaña y además no se hallaron fundadas las querellas que reclamaban propaganda calumniosa por parte de la hoy gobernadora hacia el candidato Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, que buscaban la nulidad de la entrega de la constancia de mayoría.
La queja había escalado ante TEPJF, luego de una resolución previa de negativa en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
Previamente se habían presentado quejas por una agresión perpetrada por dos funcionarios públicos del PAN en contra de militantes de Morena, que también fueron desechadas. Con base en el proyecto de dictamen elaborado por el magistrado Indalfer Infante González; en el asunto SUP-JE-209/2021, se declararon “inoperantes supuestos hechos de calumnia de la parte actora de su otrora candidato”.
En la lectura a cargo del magistrado, secretario general del organismo; Rodrigo Sánchez, se asentó:
“El proyecto leído confirmó que los argumentos planteados por el equipo de Juan Carlos Loera de la Rosa son genéricos(…) las expresiones como hechos de denostación, encuentran su respaldo en hechos noticiosos”.
En la lectura del dictamen, la parte actoral sólo se limitó a señalar que el fallo de las autoridades locales no valoró en su totalidad el motivo de lo denunciado. Por lo tanto, la autoridad federal dictaminó que los promovientes no señalaron qué contenido no se valoró debidamente; y sobre qué bases consideran que las manifestaciones tienen como fin denostar al otrora candidato.
Desistió Fiscalía Anticorrupción sobre indagatoria a Maru
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción se desistió de seguir con la investigación en contra de Maru Campos por la presunta comisión de delitos de cohecho y uso ilegal de facultades. Esto, durante su gestión como alcaldesa de Chihuahua.
La decisión ha causado extrañeza, ya que se cuenta como antecedente que la fiscal Gema Chávez había declarado que las imputaciones estaban firmes.
La causa penal 3022/2020, en manos de la Fiscalía Anticorrupción (FA), asentaba que Campos habría recibido un millón 300 mil pesos por parte de empresas, entre 2017 y 2018. Lo anterior, aparentemente como gratificación por el otorgamiento de contratos de limpieza y mantenimiento de infraestructura pública.
La FA sustentó por lo menos tres empresas, que estaban vinculadas entre sí y entraron a procesos licitatorios a través de una negociación previa.
Además, en la carpeta de investigación se adjudicaba a Campos el uso de una tarjeta de crédito, entregada como dádiva para costear gastos personales.
Revocan auto de vinculación a proceso por “nómina secreta”
Apenas ayer, el magistrado titular de la Tercera Sala Penal, Juan Carlos Carrasco Borunda, revocó el auto de vinculación a proceso que le fue dictado a Campos en abril de este año. Lo anterior, a raíz del caso conocido como la “nómina secreta”.
El magistrado Carrasco Borunda consideró la investigación como incompleta. El juzgador además levantó además las medidas cautelares hacia su persona.
Carrasco Borunda expuso que de las investigaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado, no se conoció con precisión la supuesta negociación entre la gobernadora electa y el exgobernador César Duarte.
Según el antecedente de investigación, Campos, en su calidad de subcoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, habría recibido poco más de 9 millones de pesos para que el sentido de su votación en diversos temas enviados por el Ejecutivo, favorecieran al exgobernador Duarte.
Al respecto, el magistrado abundó que no se encontraron testigos de la entrega del dinero. Tras el fallo, el Ministerio Público no tuvo objeción alguna y sólo se limitó a solicitar las copias certificadas de la resolución.
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