La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictará sentencia este miércoles en contra del Estado mexicano, por el feminicidio en 2001 de Lilia Alejandra García Andrade.
Después de la sentencia del Campo Algodonero, esta será la segunda resolución de la Corte por feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez.
El crimen de Lilia Alejandra fue perpetrado a manos de un sujeto, presuntamente familiar de un agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).
Hace 24 años, la madre de la víctima, Norma Esther Andrade, emprendió una lucha social y jurídica para lograr el castigo de el o los agresores de su hija.
Entrevistada este lunes, Andrade dijo que la parte medular de las omisiones de la Fiscalía, es que hubo pruebas de ADN que confirmaron la consanguinidad del feminicida, con los restos de semen encontrados en el cuerpo de su hija.
Con todo y la prueba científica lograda con la coadyuvancia de un equipo de antropología forense llegado de Argentina, la Fiscalía estatal –incluso hasta el día de hoy– se ha negado a reconocerlo.
De acuerdo con Andrade, el Ministerio Público estatal optó por inculpar a un asesino serial quien estaba en la cárcel por haber violado y estrangulado a otras jovencitas entre 1995 y 2005.
“Presentaron un agresor llamado Manuel Rivas Navarro, al que no le hicieron la prueba de ADN para cotejar con el del agresor de Alejandra”, recordó.
Planteó como inconcebible que se hubieran negado a hacerle la prueba de ADN a esa persona, encarcelada desde 2018.
“Si lo fuera, ya le hubieran hecho la prueba desde 2018 para comprobarlo y callarme la boca”, recriminó.
En cambio, el rastro tomado del cuerpo de su hija, coincidió con una muestra de ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz.
Castañeda trabajaba en la Unidad Especializada de Delitos contra la Vida desde el 12 de junio de 1990 y fue asesinado el 19 de febrero de 2010 de veinte balazos calibre 9 milímetros, afuera de su casa en la colonia Oasis Revolución.
La prueba de ADN apuntó a que el verdadero asesino de la hija de Norma Andrade, era pariente del agente ejecutado.
La evidencia que Norma Andrade tuvo en sus manos es que la muestra de fluidos vaginales de su hija Alejandra, coincidió con la tarjeta de sangre de ese agente ministerial.
Investigaciones detenidas
En ese sentido, Andrade sostuvo que actualmente las investigaciones siguen paradas, siguen igual.
“Míreme a mí, a veinticuatro años no se tiene al verdadero agresor detenido, no se han buscado a los otros agresores”, reclamó.
En 2023, en el segundo año de la administración de Maru Campos, lograron que sacaran el expediente del juzgado y lo llevaran nuevamente a la Fiscalía, recordó.
Después de eso, la Fiscalía fijó su postura ante la Corte en un comunicado oficial diciendo que estaban “perfeccionando la línea de investigación para que el que está detenido, siga detenido”.
Esto significa que las actuaciones ministeriales se siguen enfocando en que el asesino de Lilia Alejandra, sería Manuel Rivas Navarro, a quien por sus antecedentes no resultaba difícil fincarle un cargo más.
Para la también maestra jubilada, la lucha por las desaparecidas en Juárez debe continuar, y la sentencia de la Corte es una oportunidad para exigir que el gobierno las reconozca como madres buscadoras.
Su exigencia, además del castigo al verdadero asesino o asesinos de su hija, es que se les reconozca como padres y madres buscadoras, para se genere un mecanismo de seguridad.
“Para que quienes nos dedicamos a buscar en vida y en muerte a nuestras hijas, podamos seguir haciéndolo sin tener problemas”, señaló.
No puede darse el lujo de cansarse
Cuestionada sobre si no se siente cansada después de tantos años, Norma Andrade se apresuró a afirmar que ese es un lujo que no se puede dar.
“Yo creo que no me puedo dar el lujo de descansar, siguen asesinando jóvenes, siguen desapareciendo jovencitas. Así que no me puedo dar el lujo de descansar”, enfatizó.
A la gobernadora Maru Campos le envió el mensaje de que “se ponga las pilas”.
Admitiendo que es complicado que la jefa del Ejecutivo pueda “ponerse en sus zapatos”, la hoy activista remarcó que sería bueno que Campos fuera sensible y “cuando menos” le exigiera a su gente que se ponga a trabajar.
A unas horas de viajar a Costa Rica, a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la entrevistada puntualizó que su principal anhelo es que se reconozca que todo lo que ellas han dicho, es la verdad.
Que en los atentados que han sufrido, no se ha hecho nada, que los hijos de Alejandra han tenido daños, que su esposo murió a consecuencia de esos daños, y que no ha habido garantías de no repetición.
Remarcó que las investigaciones de todas las jóvenes que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, han sido hechas a modo, para eliminar cifras por parte de los gobiernos y que puedan decir “no es cierto, porque ya tengo resueltos tantos casos o sentencias”, aunque ellos sepan que en muchas ocasiones a quienes están sentenciando no son los culpables.
Juárez sigue siendo un lugar en donde las mujeres no están seguras, el estado de Chihuahua tiene el tercer lugar en feminicidios y Juárez es el municipio que más feminicidios registra, apuntó.
“Queremos que ya no haya otras familias como nosotros y esperamos que esta sentencia signifique un freno a los funcionarios que han permitido que esto se siga reproduciendo”, indicó.
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