Luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortara a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, a no retrasar la justicia, las impugnaciones contra la admisión de la controversia constitucional presentada por Coahuila contra la distribución de los libros de texto gratuitos fueron turnadas a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar.
Mediante una tarjeta informativa, la SCJN informó que, conforme a los procedimientos establecidos por ley y mediante acuerdo del 5 de septiembre de 2023, se turnaron los recursos de reclamación a la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, derivado de la controversia constitucional 412/2023, presentada por el gobierno de Coahuila, encabezado por el priista Miguel Ángel Riquelme.
En consecuencia, señaló, el pasado 5 de octubre el presidente de la Primera Sala, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, tomó conocimiento del asunto y lo remitió a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien se le turnó el expediente electrónico el pasado 9 de octubre y quien designó como secretario proyectista a Marat Paredes Montiel.
“Esta información es pública y cualquier persona puede conocerla a través de los sistemas de consulta públicos con los que cuenta la Corte, específicamente de la Primera Sala”, indicó.
Recordó que los recursos de reclamación (342/2023-CA y 346/2023-CA) van en contra de la admisión de la controversia constitucional que presentó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y que mantiene congelado el reparto de los libros de texto gratuitos en ese estado norteño.
El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la impugnación de Coahuila, al igual que lo hizo en el caso de Chihuahua.
Este lunes, un juez federal otorgó una suspensión provisional para impedir la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, con un juicio de amparo con el expediente 1724/2023, presentado por Gabriel Alejandro V. M.
La medida cautelar se solicita para que cese la impresión y distribución de libros de texto gratuito que no tengan respaldo en planes y programas vigentes.
La resolución del pasado viernes y publicada este lunes resalta que mientras las autoridades efectúan el proceso de verificación, se podrán utilizar los libros de la SEP entregados el ciclo escolar pasado.
Indicó que la parte quejosa aduce que los actos reclamados afectan los derechos protegidos que contempla su objeto social, pues el incumplimiento por parte de las autoridades respecto de las obligaciones en materia educativa, inciden en el derecho a la educación respecto del cual tiene una especial posición.
Ya que el objeto social tiene como finalidad verificar el cumplimiento de ese derecho, entre otros.
Esto debido a que los nuevos libros de texto gratuitos supuestamente no se emitieron conforme los lineamientos previamente autorizados
Por ende, se considera que al menos de manera indiciaria, la quejosa acredita el interés suspensional, al existir un agravio diferenciado en cuanto al objeto social y la alegación de los derechos controvertidos en la demanda.
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