La audiencia de vinculación a proceso en contra de Daniel Fermín B.R., Omar Ricardo L.F. y Marco Irving G.L. tardó horas en comenzar por cuestiones administrativas del juez de Control encargado de resolver la causa penal 20110/25, en la que se acusa a los jóvenes de 22 y 18 años de edad, de los delitos de secuestro agravado y portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado, fue por hechos sucedidos el pasado 11 de abril, en el estacionamiento del Pockets de Las Torres, donde secuestraron a dos jóvenes estadounidenses, de iniciales D.R.O y J.C.L, de 17 y 18 años de edad, respectivamente.
Según el relato establecido por el Ministerio Público, y respaldado por la carga probatoria, los tres hombres que vestían totalmente de gris en la sala 19 de Ciudad Judicial, se transportaban un vehículo cuando, a las 9 de la noche, llegaron al estacionamiento del bar y se llevaron por la fuerza a los dos ciudadanos estadounidenses.
Posteriormente, durante dos días, los mantuvieron en cautiverio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Desierto de Lut y bulevar Zaragoza, en la colonia Manuel J. Clouthier.
En ese lapso, los captores pidieron rescate a los familiares de sus víctimas; un monto de 2 millones de dólares, por cada uno, para liberarlos. El testimonio de la madre de una de las víctimas indicó que ya habían pagado aproximadamente 150 mil pesos, por medio de transferencias bancarias.
No obstante, el 14 de abril, la mujer dejó de comunicarse con los captores de su hijo, debido a que estos habían sido arrestados por elementos de la Fiscalía General del Estado que, por medio de una denuncia anónima, atendieron un reporte de personas secuestradas y hombres armados, realizada por vecinos del sector.
Además de rescatar a los jóvenes americanos, se liberó a otras tres víctimas, dos de ellas mujeres, una de Tabasco y otra de China, así como un hombre guatemalteco.
De acuerdo con los dichos de las víctimas rescatadas, coincidieron en que los tres hombres detenidos habían participado en su secuestro y que eran los mismos que los cuidaban en su cautiverio, de igual manera, que habían sido los encargados de maltratarlos física y psicológicamente.
Incluso, en el caso de los secuestrados el 11 de abril, se dio a conocer que, para exigir el pago de su rescate, habían realizado videollamadas en las que mostraron golpes y señas de tortura.
Al momento de la detención, según informaron los agentes encargados de la escena, los imputados portaban tres armas de fuego: un arma tipo Glock de 10 mm, una pistola de 9 mm y una más de 45 mm.
Por lo anterior, la representación social solicitó la vinculación a proceso por los delitos de secuestro agravado, así como portación ilegal de armas de fuego.
Orden en la sala
Al inicio de la audiencia de esta jornada, tres familiares de los imputados entraron para ser parte del público en la sala 19 de Ciudad Judicial. Desde que imputados y familiares se vieron a los ojos, un dejo de alegría se notó en los rostros de quienes fueron acusados de presuntamente secuestrar a cinco personas.
Se compartieron breves saludos y gestos, pese a las indicaciones de los custodios, que señalaron que no podían tener ningún tipo de interacción con los acusados y que únicamente podían estar en la sala para escuchar lo que se mencionara en la audiencia.
Sin embargo, conforme el Juez de Control fue leyendo su resolución, el intercambio de miradas y gestos continuó, a tal punto que hasta los imputados lanzaron besos al aire, dirigidos a sus familiares.
Tras aproximadamente una hora, el juez optó por sacar de la audiencia a una de ellas, además, advirtió sobre la gravedad de la audiencia que se estaba llevando a cabo y señaló que, de continuar con las actitudes, podrían hacerse acreedoras a un arresto por desobedecer órdenes judiciales.
Con un aumento de tensión considerable en la sala, el Juez dictó el auto de vinculación a proceso contra los hombres por el delito de secuestro agravado, tomando en cuenta que el delito lo cometieron en coautoría, en un grupo de dos o más personas y empleando violencia contra sus víctimas.
Respecto al delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, puntualizó que se trata de un delito del fuero federal, por lo que declinó su competencia en favor de un juez de Control federal.
Por último, las partes del caso concordaron en determinar un plazo de investigación complementaria de tres meses, por lo que el juicio contra los acusados podría empezar el próximo 21 de junio de 2025.
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