Poco antes del medio día de ayer martes fueron asesinados el juez federal juarense Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas por sujetos que irrumpieron con armas de grueso calibre en su domicilio de la ciudad de Colima.

Medios de comunicación nacionales destacaron como posible movil del homicidio la venganza del crimen organizado, señalando que Villegas fue el magistrado que ordenó el traslado de Ruben Oseguera alias “El Menchito” a un penal de máxima seguridad en El Salto, Jalisco.
Después de ese traslado, Oseguera fue extraditado a Estados Unidos.
En ese tiempo Villegas era juez sexto de distrito en procesos penales en el estado de Jalisco.

Ruben Oseguera es hijo del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, quien mantiene actividades ilícitas en los estados de Michoacan, Jalisco, Colima y Veracruz.
El joven matrimonio Villegas-Barajas se había mudado a Colima en febrero de este año y tenían dos hijas de 7 y 3 años de edad.
En el lugar del crimen se reportaron más de veinte detonaciones de arma de fuego; las niñas se encontraban dentro de la casa junto con una mujer encargada de cuidarlas, todas resultaron ilesas.
A pocos minutos de ocurrido el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que informó que asumía la titularidad de la investigación por tratarse de un juez federal.
“La Fiscalía General de la República (FGR), asume plenamente su competencia en la investigación del artero asesinato del Juez Federal, en la ciudad de Colima, y su señora esposa”.
“A partir de este momento se inician las investigaciones correspondientes, solicitando del gobierno del Estado de Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), toda la información y apoyos necesarios”, indicó el comunicado.
Otro dato que se difundió fue el hecho de que al momento del ataque el magistrado ya no contaba con escoltas de protección.
Al respecto el Consejo de la Judicatura Federal informó lo siguiente:
“En el caso mencionado, dicho juzgador no contaba con una escolta del Servicio de Protección Federal (SPF), pues no fue indicado así por el Consejo”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionaron condenando el hecho y ofreciendo una investigación puntual.
“Queremos mandar un mensaje claro y categórico: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución”, señalaron los magistrados en un comunicado oficial.
En la conferencia mañanera de este miércoles el presidente condenó el hecho y ofreció castigar a los responsables.
“Desde luego es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta al poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el poder Ejecutivo para castigar a los responsables”, expresó López Obrador.
El gobernador de Colima por el PRI José Ignacio Peralta ofreció a través de Twitter todo el apoyo de su gobierno para el esclarecimiento del crimen.
“Es indignante el doble homicidio de un juez y su esposa ocurrido este día. El Gobierno del Estado ofrece todo el apoyo institucional a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca de inmediato”, escribió el político.
Debido a la violencia del crimen organizado Colima es el estado de la república con la tasa más alta de homicidios por cada cien mil habitantes de acuerdo con datos oficiales.
El año pasado el promedio nacional de asesinatos fue de 23.24 homicidios por cada cien mil habitantes; en Colima la cifra fue cuatro veces mayor con 85.40.
En el periodo de enero a abril de 2020 la tasa nacional es de 7.63 mientras que en aquella entidad fue de 27.51 homicidios por cada cien mil habitantes.
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