“Nadie que sirva o que haya servido en mi Gobierno, nadie está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie. Vamos a seguir combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México y con nuestros socios estratégicos y siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo este gran estado de Chihuahua”, enfatizó la gobernadora Maru Campos.
A través de un video compartido en sus redes sociales, la mandataria estatal rompió el silencio en torno a las órdenes de aprehensión que se ejecutaron este fin de semana en contra del exfiscal general del Estado César Gustavo J. M.
Recordó que, desde que se iniciaron las investigaciones, anunció que se abstendría de emitir cualquier pronunciamiento. Al haber concluido su etapa inicial y derivado en la judicialización del caso por delitos del fuero común, optó por hablar sobre el asunto, subrayando que la cooperación con autoridades de otros países es legítima, pero debe hacerse con total apego a la ley.
Aseveró que durante su mandato toda relación binacional se había encaminado conforme a lo que exige la Constitución; es decir, por medio de las secretarías estatal y federal de Seguridad. “Así actúa mi Gobierno y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo”, dijo.
Precisó que la Fiscalía General de la República ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia, de acuerdo con sus propias investigaciones, por lo que garantizó que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que requiera la Federación.
Asimismo, detalló que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad Pública federal para tratar el asunto del operativo de El Pinal, Morelos, en Chihuahua, anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado para garantizar la mayor transparencia y claridad sobre los acontecimientos.
Con ese acuerdo, se otorgó el mandato expreso de investigar y analizar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de personas servidoras públicas y deslindar responsabilidades, todo esto en coordinación con los órdenes de Gobierno.
De tal forma, la gobernadora Maru Campos dejó en claro las atribuciones y competencias que se le otorgaron a la unidad especializada y la apertura para seguir colaborando con la Federación en caso de ser necesario, ahora que el acusado se encuentra interno en el reclusorio de máxima seguridad El Altiplano.
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