El caso de la demanda de México contra fabricantes de armas, fue desestimado bajo el argumento de que el Gobierno mexicano no proporcionó las pruebas que señalaran que las actividades de las empresas fabricantes tuvieran relación con algún delito en territorio mexicano.
Será la Corte Suprema estadounidense quien decidirá si bloquea o no la demanda por 10 mil millones de dólares que México interpuso en contra de las principales empresas que se dedican a producir armamento.
Dichas compañías son acusadas de que su giro ha propiciado gran parte de los decesos en México.
Estas empresas acusadas pidieron anular el fallo del tribunal de apelaciones que dio pie a la demanda, pese a la protección legal con la que cuenta la industria de la fabricación de armas.
México podría apelar la decisión de un juez federal que desestimó gran parte de la querella, afirmando que las empresas tenían conocimiento de que sus clientes pertenecían al crimen organizado, quienes ingresaban estas armas de forma ilegal a territorio mexicano.
Las autoridades gubernamentales creen que al menos 70 por ciento de las armas que entran ilegalmente a México, vienen de Estados Unidos.
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