Rosa María Ríos-Rey sufrió una caída en la cocina de su casa el 3 de febrero de este año. Esa sería su primera desgracia de 2022.
Rosa María tiene 61 años, es pensionada luego de años de trabajo como bibliotecaria. Al ser pensionada, tiene aún acceso a los servicios públicos de salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por eso mismo, les pareció preciso ir ese mismo día al área de Urgencias, al Hospital General Regional (HGR) 66 del IMSS en Ciudad Juárez. Ahí podrían atender las lesiones de Rosa María causadas por aquella caída. Pero, según cuenta, no fue así.
Rosa María esta postrada en su cama, en una habitación de su casa. En un sillón al otro lado del cuarto está sentada y atenta Claudia Sansabas, su enfermera personal.
Desde aquel 3 de febrero hasta el 29 de marzo, Rosa María estuvo internada en el hospital. Fueron 10 días en Urgencias, y el resto “en piso”.
En todos esos días no recibió ni un solo diagnóstico, afirma que fue discriminada por su sobrepeso, violentada física y psicológicamente por personal de enfermería, ortopedia y hasta la misma directora del hospital. Acusa que incluso se le negó el acceso a su propio expediente médico.
Apunta que desde que empezó a observar todas las irregularidades, comenzó a reportarla públicamente, en redes o directamente con las oficinas de atención a derechohabientes del IMSS. El resultado de todas estas denuncias que jamás se lograron imputar a nadie (porque nadie traía gafetes de identificación, dice) fue más maltrato.
Como consecuencia de su caída, Rosa María perdió poco a poco movilidad en la parte inferior de su cuerpo. Sus piernas dejaron de responderle. No obstante, aún tiene algunas sensaciones y espasmos en las piernas que hace que se muevan cada cierto tiempo. Como reflejos, muy visibles.
El tránsito a esa parálisis la vivió en la camilla del hospital, entre enfermeros que le encajaban los dedos en su antebrazo para “sostenerla”, o que le dejaban caer las piernas luego de cambiarle las almohadas que las soportaban, comenta, como si no sintiera nada.
La camilla en que estaba, además, era muy pequeña para ella, una mujer de 1.78 metros de altura. Debido a esto, su talón derecho rozaba con un tubo al descubierto del barandal a los pies de la cama, lo que causó necrosis de ese tejido y una herida que llegaba al hueso, que nadie atendió sino hasta que se fue Rosa María a casa, platicó.
Las justificaciones para dar de alta a Rosa María fueron que como tiene obesidad mórbida no se le pueden hacer estudios en ninguna de las máquinas del IMSS, sino que habría que subrogar dicho servicio, según demuestran comunicaciones copiadas a Rosa María entre funcionarios de la Jefatura de Prestaciones Médicas y la Delegación estatal de Chihuahua del IMSS.
Sobre esto, la paciente recuerda los insultos “por gorda” que recibía por parte de enfermeros.
Continúa la comunicación oficial: por parte de especialistas de ortopedia, desde el 17 de marzo “se egresó” a la paciente. Le agendaron citas de endocrinología y nutrición. A estas citas, Rosa María no podía asistir porque no tiene movilidad.
También remarca el IMSS que Rosa María no tenía apoyo familiar más que en algunas tardes, y no atendió su familia la capacitación para rehabilitación en domicilio, además de otros cursos. Sin embargo, ella precisó que su familia se la pasaba en la habitación acompañándola, cuando se podía, por los horarios restringidos de las visitas.
Paloma, su hija, denunció que esta acusación del personal médico es una reprimenda por todas las exigencias que hicieron para buscar atención digna para su mamá. Buscaban, dice, “un chivo expiatorio” para cubrir el abandono, descuidos y maltratos que sufrió su madre.
Ayer sábado 6 de agosto, Rosa María iba a realizar una huelga de hambre en el puente internacional Zaragoza. Ya habían pasado poco más de seis meses desde su accidente, y el IMSS no le ha dado respuestas sobre la subrogación de los estudios o algún diagnósticos con base en lo poco o mucho que hayan recolectado de información durante su estancia en el hospital.
Fue una huelga anunciada con suficiente anticipación, y promovida en redes sociales. Además, los tweets, comentarios en transmisiones en vivo e insistencia de Rosa María y su familia, todo eso en conjunto atrajo la atención de las autoridades federales del IMSS.
Rosa María se encuentra desde ayer a mediodía en el Hospital General de Zona 6, a petición del IMSS para atenderla con especialistas y los estudios necesarios para un diagnóstico.
A partir de las notas periodísticas generadas por su protesta ayer, el IMSS emitió una tarjeta informativa con precisiones sobre el caso de Rosa María. Aseguran que desde el HGR 66 se le ha ofrecido atención de medicina interna, traumatología y ortopedia, nutrición, neurología y terapia y rehabilitación.
Rosa María niega este punto. “Son mentiras”, dice. Según ella, únicamente la vio personal de medicina interna y de ortopedia, y se mintió sobre una supuesta revisión de neurología, que jamás sucedió.
La tarjeta del IMSS también afirma que se lleva un control médico a domicilio con especialistas, que, según Rosa María, también es mentira. Ningún especialista la ha visitado, aunque sí médicos que van a revisar su condición, sin ninguna valoración especializada, y le dan una receta con los medicamentos contra el dolor que requiere.
Su hija Paloma adelantó que el trato del personal médico del HGZ 6 es distinto, es favorable. Sí hay trabajo y voluntad, asegura.
Comentó que ella entiende que como familia también corresponde que estén ahí para cuidado y ánimo de la paciente, y que lo que toda su familia exige no son privilegios, sino un derecho humano básico: acceso a servicios públicos de salud dignos.
Aún queda pendiente el diagnóstico de Rosa María y su canalización a otros niveles de atención médica.
