El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua advirtió que el fallo del Tribunal Colegiado que “federalizó” la causa penal en contra del exgobernador Javier Corral Jurado puso en riesgo toda la función de fiscalización de los órganos estatales e incluso municipales.
En un pronunciamiento signado por todos los integrantes del SEA, dicho organismo fijó postura frente a la resolución del conflicto competencial 20/2025, en el que un Tribunal Colegiado determinó que la justicia federal debe conocer la causa penal iniciada contra el exgobernador (a quien refieren únicamente por las iniciales de su nombre y apellidos: J.C.J.) acusado de presunto peculado agravado por 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales.
El posicionamiento advierte que, si el criterio adoptado se generaliza, podrían generarse efectos de alto impacto en toda la cadena de fiscalización, ya que la Auditoría Superior de la Federación podría asumirse como única autoridad competente para fiscalizar participaciones federales.
Si todos los recursos que distribuye la Federación a los estados son competencia federal, entonces las auditorías estatales quedarían desplazadas, agrega el documento.
De ser así, las fiscalías anticorrupción y tribunales administrativos locales perderían competencia sobre casos vinculados al manejo de participaciones, añade el SEA.
También los municipios podrían verse impedidos para auditar recursos que constituyen la base de su financiamiento, tal como lo hacen actualmente mediante sus propios órganos internos o la figura de la sindicatura.
El Comité recordó que en algunas entidades federativas más del 90% del presupuesto proviene de recursos federalizados, por lo que un cambio de criterio tendría repercusiones profundas.
En su posicionamiento oficial, el Comité advirtió que la decisión judicial podría tener implicaciones estructurales para el funcionamiento de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción y de Fiscalización, al modificar el criterio tradicional sobre la naturaleza jurídica de las participaciones federales.
El fondo del conflicto
Aunque el fallo de Tribunal Colegiado sostiene que el dinero que el Gobierno de México entregó a los estados conserva una naturaleza federal aun después de transferirlos a las entidades federativas, por lo que el asunto debía tramitarse en el ámbito federal.
Sin embargo, añade, la postura del Gobierno, de los órganos de fiscalización y de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es el de defender el punto de que las participaciones federales son recursos de libre disposición que, una vez transferidos, se integran al patrimonio estatal, lo que daría competencia a las autoridades del fuero común.
El Tribunal Colegiado resolvió a favor del juez federal, sustentando su decisión en disposiciones relacionadas con el ejercicio y control del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Confusión conceptual, advierte el Sistema Estatal Anticorrupción
El Comité Coordinador señaló como uno de los puntos más delicados que la resolución habría utilizado normas aplicables a aportaciones federales —recursos etiquetados para fines específicos— para justificar conclusiones sobre participaciones federales, que tienen un régimen jurídico distinto.
Subrayó que equiparar ambas figuras altera el diseño del federalismo fiscal mexicano y puede generar interpretaciones que desdibujen las competencias de las autoridades estatales en materia de fiscalización y sanción.
Llamado al diálogo institucional
Sin cuestionar la independencia judicial ni la validez formal de la resolución, el Comité consideró necesario profundizar en el análisis del criterio adoptado para evitar que interpretaciones extensivas debiliten las capacidades locales de control y sanción.
En ese sentido, hizo un llamado al diálogo entre las autoridades que integran los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción y los Sistemas Nacional y Locales de Fiscalización, con el objetivo de revisar las implicaciones de la resolución.
Para el SEA de Chihuahua, el combate efectivo a la corrupción requiere claridad en la definición de competencias y un federalismo funcional que no erosione las atribuciones históricas de los estados en materia de investigación y sanción penal, concluyó.
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