Ante la decisión del gobierno federal de realizar un recorte presupuestal al programa nacional de Estancias Infantiles, argumentando desvío de recursos, el presidente municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional, la primera, contra la reducción de recursos a ese programa.
Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya Santillán, externó ante medios de la capital del país, no estar de acuerdo con las decisiones de la presidencia de la república, por ser “un atentado contra quienes están haciendo bien su trabajo”.
Desde su perspectiva es más fácil eliminar las posibles irregularidades que acabar de tajo con todo.
“Espero que esto no se convierta en una política pública, el Estado tiene la obligación de crear bienestar alrededor de los niños”, dijo.
Hay corrupción: federación
Desde finales de 2018 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha venido anunciando la clausura del programa de estancias infantiles, debido a que cientos de ellas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos de afiliación, ni la capacitación de más de 20 mil responsables de estancias, ni la acreditación del 62.8 porciento de las personas incorporadas, entre otras.
Bajo esos argumentos se determinó que los apoyos ya no se entregarían a las estancias sino directamente a los padres de familia, quienes recibirán 1 mil 600 pesos bimestrales por cada niño.
Incluso Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, sugirió que en lugar de que se le pague a las estancias se remunerará a los abuelos que cuiden a sus nietos.
Violentan los derechos del niño
Para Lozoya Santillán esa decisión vulnera los derechos de los niños por lo que apela a que el Alto Tribunal le de la razón.
“Resulta muy preocupante eliminar dicha atención y el tratar que alguien más adquiera esa responsabilidad. Queremos que la Suprema Corte se pronuncie ya que no se conocen los mecanismos para hacer llegar el recurso a padres que tendrán que pagar el doble por la atención de sus hijos a partir del 15 de febrero”, expresó.
Advirtió que en caso de obtener un fallo desfavorable a apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “porque la ciudadanía elige a sus autoridades para que realicen acciones en su favor y no en contra del bienestar familiar”.
Dijo que su gobierno generará un subsidio emergente de 200 mil pesos mensuales, en favor de las madres trabajadoras de su municipio para que 350 niños no se vean afectados con la decisión federal.
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