La defensa de uno de los venezolanos acusados de provocar el incendio en la estación migratoria el pasado 27 de marzo, señaló que la indemnización a los familiares de los 40 fallecidos no se ha entregado, por lo que dicha omisión del Gobierno de México está afectando el proceso de todos los acusados, incluyendo al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.
El abogado Jorge Vázquez Campbell señaló que de haberse entregado los 3.5 millones de pesos a cada uno de los parientes de los muertos, ya se hubieran modificado algunas cosas.
Dijo que para empezar, al titular del INM ya le hubieran modificado la medida cautelar de ir a firmar cada 15 días, porque se habría garantizado la reparación del daño por las víctimas.
Por el contrario, indicó que ya le realizaron otra audiencia al funcionario federal el pasado 23 de agosto, donde le ampliaron el periodo del término de investigación.
“Tenemos la certeza de que no es cierto, porque si hubieran pagado (Francisco) Garduño hubiera recibido el beneficio de la medida alternativa y se acababa el juicio”, subrayó el litigante.
Vázquez Campbell anotó que por escrito ya solicitó al Ministerio Público Federal, que se informe el nombre de los beneficiarios, sus domicilios y montos que se les pagó a cada uno.
“Ya exigí que me den una copia de la indemnización porque si eso fuera todos los detenidos se benefician que ya está reparado el daño y la penalidad les bajaría de 400 años a 8 años”, anotó.
Señaló que es una diferencia enorme en responsabilidad y tiempo las que hay, dependiendo de si se garantiza el pago o no.
Mencionó que la agente del MP se negó a contestar y le envió un segundo escrito donde le dice que al no proporcionar la información solicitada, se “le prolonga dolosamente la prisión preventiva de mi cliente (lo cual) constituye un acto de abuso de autoridad y tipicidad del delito de tortura”.
Asimismo le recordó que el día 4 de septiembre del 2023 vence el plazo que se le concedió para integrar la carpeta de investigación “y al estar usted obstaculizando la información solicitada incurre en responsabilidad oficial”.
Agregó que está haciendo pasar cárcel innecesariamente a los ocho acusados.
También explicó que cuando interpuso el amparo para el venezolano Jeison, tuvo que poner quiénes serían los terceros perjudicados si lo lograba, por lo que se les tiene que dar aviso para que señalen lo que a ellos les ataña, como puede ser la objeción.
Agregó que el amparo que ha solicitado y que deberían de haberle comunicado el resultado en audiencia, en la realidad ha ocurrido que se las han suspendido por que los familiares de las víctimas no han sido notificados.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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Los hechos ocurrieron el viernes 13 de octubre de 2022 en la zona comprendida entre las colonias Manuel J. Clouthier y San Francisco
