Desde que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) asumió el control del sistema penitenciario de Chihuahua, se ha llevado a cabo una depuración constante de custodios; sin embargo, erradicar por completo a los malos elementos en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) sigue siendo un desafío.
El general de División, diplomado de Estado Mayor, Ricardo Fernández Acosta, titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, reconoció que, aunque se ha dado de baja a personal con antecedentes negativos o involucrado en malas prácticas, no se puede garantizar que estas conductas hayan desaparecido totalmente.
El funcionario señaló que actualmente las personas privadas de la libertad ya no ejercen el control de los penales, como ocurría en años anteriores, y que ahora son las autoridades quienes mantienen el mando al interior de los centros penitenciarios.
Explicó que se cuenta con inhibidores de señal telefónica, lo que ha reducido de manera significativa el uso de celulares por parte de los internos para dirigir actividades delictivas desde el interior de las cárceles hacia el exterior.
Fernández Acosta sostuvo que afirmar que las malas prácticas han sido erradicadas sería poco realista; no obstante, subrayó que estas se han reducido de manera notable gracias a los controles implementados en los últimos años.
Añadió que el funcionamiento de cámaras de la Plataforma Centinela dentro de los penales permite monitorear en tiempo real lo que ocurre al interior, fortaleciendo la supervisión y la capacidad de respuesta ante posibles irregularidades.
El titular del sistema penitenciario estatal afirmó que se ha avanzado de forma importante desde que los Ceresos fueron transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya que anteriormente dependían de la Fiscalía General del Estado.
Recordó que en el pasado se atribuía a los penales la emisión de órdenes para la comisión de homicidios y otros delitos, práctica que —aseguró— actualmente ya no se presenta, debido a la instalación de inhibidores de señal telefónica y sistemas de videovigilancia que permiten mantener mayor control y evitar que se dirijan operaciones delictivas desde el interior de las cárceles.
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