El Tribunal Estatal Electoral (TEE) instó al Instituto Estatal Electoral (IEE) a que resuelva la denuncia por violencia política de género interpuesta en contra de Raúl García Ruíz, recaudador de Rentas en esta frontera, por una de sus excolaboradoras.
El recurso fue promovido por Maura del Carmen González Barrios, excoordinadora de Administración en la dependencia estatal y actual candidata a Juez Familiar por el Distrito Judicial Bravos.
La presunta agraviada presentó primero la queja en el IEE, pero el organismo la rechazó al considerar que el asunto se encuadra más en un conflicto laboral, no en un caso de violencia política de género.
Ante el hecho, González Barrios recurrió al TEE, donde se resolvió que el primer organismo debe cumplir con el debido proceso ya que no se agotaron todas las diligencias.
En uno de los puntos de la resolución del TEE, se establece que se pidió al recaudador que ofreciera una respuesta sobre los señalamientos de la presunta afectada, pero no lo hizo.
Los juzgadores del TEE dictaminaron que las autoridades del IEE no debieron descartar la denuncias si el proceso adolece de la omisión de alguna diligencia, como es el caso.
El mismo Tribunal consideró que García Ruíz pudo haber incurrido en un acto de violencia política de género porque aparentemente habría “revocado” el contrato de González Barrios como funcionaria de Recaudación solo por ser candidata del Proceso Electoral Extraordinario para Elegir a Personas Juzgadoras.
La afectada expuso que, como empleada de confianza de la Recaudación, su último contrato venció el pasado 31 de marzo y al consultar al recaudador sobre la renovación, el funcionario optó por revocarlo.
Dijo que también le cuestionó a García Ruiz por qué sí le extendieron el contrato a otro candidato a juez penal, César Juárez, quien también es funcionario de la Recaudación y amigo cercano del titular de la dependencia.
La respuesta del funcionario fue que el puesto de González Barrios estaba sujeto a un análisis para establecer si era compatible con su candidatura judicial, mientras que para su colaborador varón no tuvo ninguna objeción y los mantuvo en su equipo de colaboradores.
García Ruíz omitió responder dentro del proceso seguido por el IEE si en su plantilla de funcionarios había algún otro candidato masculino al puesto de juzgador.
Aun así, esta autoridad electoral desechó el recurso, pero el TEE resolvió que el IEE debe de dictaminar la queja conforme al debido proceso.
La presunta afectada denunció también que Recaudación de Rentas hace campaña a favor del candidato Juárez.
Entre sus argumentos, González Barrios expuso que la violencia de la que supuestamente fue víctima a manos del titular de la Recaudación, se presentó cuando el funcionario intentó cambiarla de departamento por motivo de su candidatura.
La quejosa demandó que para la reparación del daño que le causó García Ruiz, sea sancionado con la obligación de ofrecerle una disculpa pública en la que reconozca su responsabilidad y que reconozca que sus acciones son constitutivas de una conducta de violencia política contra las mujeres por razones de género.
También solicitó que sea juzgado para que se le prohíba ocupar algún puesto político y que sea inscrito en los registros de personas ante las autoridades electorales a fin de que no pueda ser elegido para cargos de representación popular cuando menos durante un año.
Adicionalmente, pidió que se practique un peritaje experto de la Fiscalía General del Estado (FGE) para evaluar si sufrió de algún daño psicológico, entre otros.
“La actora denunció la presunta comisión de actos constitutivos de violencia política de género, a su decir, atribuidos a Raúl García Ruíz, recaudador de Rentas, y Mariana Valles Pérez subrecaudadora de Rentas, al haberse renovado y luego cancelado su contrato, por motivo de su candidatura a juez familiar”, se explica en la denuncia.
El hecho vulnera los derechos políticos y electorales de la quejosa a ser votada al generar una desventaja en la competencia electoral, mientras que a su homólogo de trabajo no lo privaron de su trabajo, expuso.
La afectada presentó además una denuncia por hostigamiento laboral en contra del mismo García Ruíz, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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