La diputada federal María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que las recientes reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones, inteligencia y control de datos personales, representan una regresión autoritaria impulsada por Morena y sus aliados, al eliminar contrapesos, debilitar órganos autónomos y abrir la puerta a la vigilancia masiva sin control judicial.
En conferencia de prensa, Granados Trespalacios advirtió que el periodo extraordinario celebrado entre el 23 de junio y el 2 de julio sirvió para aprobar un conjunto de leyes que, en su conjunto, “concentran el poder en el Ejecutivo, eliminan instancias independientes y vulneran los derechos humanos”.
Entre las reformas cuestionadas, señaló la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, que introduce el uso obligatorio de una CURP biométrica, medida que, si bien apunta a simplificar trámites, “implica riesgos por la concentración de datos sensibles en una sola instancia controlada por el Gobierno”.
También criticó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al considerar que elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual “afecta la libertad de expresión y el acceso plural a los medios”, y permite la geolocalización en tiempo real de los usuarios de telefonía móvil sin orden judicial, “una forma de vigilancia inconstitucional”, advirtió.
Otra modificación que consideró grave es la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, que otorga amplias facultades a la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y recolectar información, también sin supervisión judicial. “Esto abre la puerta al espionaje político y la persecución”, denunció.
La legisladora panista también expresó su preocupación por la reforma en materia de lavado de dinero, ya que si bien busca alinearse a estándares internacionales, “impone mecanismos invasivos de control de información sin filtros legales”, lo que puede derivar en abusos contra ciudadanos sin garantías de defensa.
Finalmente, cuestionó la adscripción formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le otorga atribuciones de inteligencia y detención sin orden judicial.
“Todos estamos expuestos a que nos vigilen, nos aprehendan o investiguen sin controles ni rendición de cuentas. Estas reformas se aprobaron al vapor, sin dictámenes claros ni debate técnico. Se está debilitando el Estado de derecho en nombre de una supuesta modernización digital”, concluyó la diputada chihuahuense.
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