¡Acorralados! el año de ingobernabilidad

En medio de una crisis de ingobernabilidad caracterizada en 2018 por una serie de desafortunadas confrontaciones con la federación y con el presidente saliente Enrique Peña Nieto así como con el entrante Andrés Manuel López Obrador, la administración estatal de Chihuahua transita entre la irritación social por el deficiente manejo de la administración que encabeza Javier Corral, cuyo desgobierno lo coloca en la plaza pública con una desaprobación de su administración que ronda el 75 por ciento de ciudadanos inconformes, lo cual hace pensable la revocación de su mandato.

En apenas dos años de su gobierno, Javier Corral Jurado no solo ha sido incapaz de fallarle a los chihuahuenses en el más grande reclamo social al ser incapaz de contener la lacerante violencia en el estado, sino que además su gobierno ha caído en la mediocridad en obra pública en los 67 municipios (muchos de los cuales ni siquiera ha visitado).

También debe ser tomado en cuenta el desafortunado asesinato de 70 agentes estatales (29 en 2018) como consecuencia de una fallida y necia estrategia de combate al crimen organizado.

En materia de finanzas, el gobernador de extracción panista no sabe qué hacer con la deuda de 49 mil millones de pesos que alcanzaría los 52 mil millones gracias a un nuevo préstamo que pretende solicitar el gobierno de Javier Corral, tras el rotundo fracaso al no ser cumplidos los objetivos de ahorro al no ser previstos de una manera seria y realista el comportamiento de las tasas de interés, por lo que al final de cuentas los contribuyentes chihuahuenses terminarán pagando los errores de una malísima planeación financiera donde incluso ha habido subejercicio en los presupuestos.

El desgobierno es su marca

Antes de cumplir los dos años de administración, Corral había cambiado prácticamente a la mitad de su gabinete en medio de acusaciones de no haber escogido bien a los hombres y mujeres que lo acompañen en el gobierno, e incluso de ser un político controlador cuya poca experticia en la administración pública mantiene a los chihuahuenses en la zozobra.

A lo anterior se sumaron los casos de corrupción en áreas como salud, la intromisión en los poderes Legislativo y Judicial, además de una innecesaria confrontación con medios de comunicación que son contrapeso de su gobierno, así como contra productores agrícolas y hasta con maestros.

Pésima administración y finanzas tronadas

Pese a incrementos significativos en la recaudación el Estado no tiene para pagar la nómina ni los aguinaldos, necesita de mil 500 millones de pesos para salir de la crisis

Pese a que el gobierno del estado de Chihuahua tuvo un incremento del 28.7 por ciento en sus ingresos propios en los primeros siete meses del año, la actual administración estatal a través de la Secretaría de Hacienda asegura que no cuenta con suficiencia presupuestal para hacer frente al pago de nómina y de aguinaldos en el cierre del año, por lo que necesitan de mil 500 millones de pesos para salir de la crisis.

El problema bien pudo haber sido detectado desde meses atrás.

De acuerdo a información oficial de la Secretaría de Hacienda estatal, el gobierno del estado tuvo resultados favorables en los ingresos propios con un aumento de mil 917 millones de pesos de enero a julio, equivalente al 28.7 por ciento más respecto al mismo periodo pero de 2017.

Por poner un ejemplo, en Impuesto Sobre Nóminas (ISN), hasta el mes de julio se recaudaron 274 millones de pesos más que el año anterior, al pasar de recaudar mil 817 millones a 2 mil 091 millones, lo que equivale al 15.1 por ciento más.

En Impuesto de Hospedaje, se recaudaron 44.5 millones de pesos en el periodo, equivalente al 45.9 por ciento más.

De enero a septiembre, la Tesorería estatal reportó ingresos por 6 mil 350 millones de pesos superiores al mismo periodo del año anterior, sobresaliendo el aumento en percepciones del Impuesto Sobre Nómina (ISN) superiores en 15 por ciento (507 millones más); derechos, 92 por ciento más ( mil 963 millones); participaciones federales, 27 por ciento más (8 mil 524 millones), entre otros rubros.

En términos generales, los ingresos del estado aumentaron un 14 por ciento, un 9 por ciento real descontando la inflación, y pese a ello la administración estatal insiste en que no hay recursos para atender compromisos de cierre de año, por lo que solicitaron mil 500 millones como anticipo al gobierno federal, comprometiendo así las participaciones para 2019.

El pasado 5 de diciembre, el jefe del Ejecutivo estatal presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para llevar a cabo otra reestructura de la deuda pública que alcanzó los 49 mil millones de pesos, y que alcanzaría los 52 mil millones con un nuevo préstamo que pretende solicitar la administración corralista.

El planteamiento que hace el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, es que se renegocie el total del monto de la deuda a no más de 25 años, con una tasa de interés menor a las actuales contratadas con siete instituciones bancarias.

La deuda de la entidad es de 49 mil 047 millones de pesos.

El actual gobierno, en los últimos dos años, ha adquirido compromisos de reestructura de deuda por 25 mil 840 millones, con las siguientes instituciones: Interacciones, por un monto de 5 mil 794 millones y otro por 6 mil 936; Bajío, por 990 millones de pesos; Santander por mil 329 millones; Multiva por 2 mil 712; Banorte por 3 mil 210 y Bancomer por 4 mil 869 millones de pesos.

Sin embargo, los objetivos de ahorro previstos en los pagos no se cumplieron. El refinanciamiento fracasó al no realizarse un analisis realista sobre el comportamiento de las tasas de interés, y al final de cuentas los contribuyentes chihuahuenses terminarán pagando los errores por la mala planeación.

Otro de los “boquetes” que debe atender la Secretaría de Hacienda corresponde a los denominados tenedores bursátiles que implica más de 18 mil millones de pesos, y otros cuatro créditos con Banobras por 4 mil millones.

De no renegociar, las finanzas estatales pagarían solo de intereses alrededor de 3 mil 177 millones de pesos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, y antes del 31 de diciembre, los diputados deberán hacer las observaciones y modificaciones al paquete presupuestal, antes de avalarlo.

…Y piden más dinero para 2019

No obstante al primer encontronazo que ya tuvo el gobernador Corral con la nueva administración federal de Andrés Manuel López Obrador, la administración estatal de Chihuahua pidió al nuevo gobierno un “adelanto” por 900 millones de pesos, comprometiendo las participaciones de 2019, con el propósito de pagar nómina y aguinaldos de la burocracia, según lo expuesto por el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el presupuesto de egresos para el próximo año presenta un incremento del 4.2 por ciento, es decir, el gobierno de Chihuahua pretende gastar en 2019 un monto por 72 mil 217 millones de pesos, en contraste con los 66 mil 850 millones ejercidos en el año que está por terminar, y que no fue suficiente quedándose cortos 900 millones.

Por si no fuera poco, la administración de Javier Corral pidió un incremento presupuestal para servicios personales, prestaciones y nómina de trabajadores por 10 mil 456 millones de pesos (en 2018 los recursos para este rubro fueron por 10 mil 195 millones). La austeridad no funcionó y mucho menos el recorte de plazas de cientos de burócratas.

Desaprobado en obra pública

Le mintió a los juarenses la Justicia no ha llegado

Las promesas de que atendería el desdén y el abandono de Juárez, se difuminaron rápidamente, particularmente en 2018, en que los buenos propósitos se convirtieron en una desagradable realidad

El 10 de noviembre de 2016, un mes después de haber asumido el cargo como gobernador del estado, Javier Corral  se reunió con periodistas de NORTE en sus oficinas del Pueblito Mexicano en donde expuso sus planes para Juárez.

“A Juárez le va ir muy bien con mi gobierno”, respondió lleno de optimismo al anunciar la rehabilitación del emblemático parque El Chamizal y la construcción de un estadio de futbol.

“No ha habido una época como la que hoy pensamos para Juárez, en recursos, en atención, en respuesta a demandas sociales, empezar a abatir el déficit de infraestructura, en mejorar la comunicación del gobernador con los juarenses, atraer apoyos, programas de todo tipo”, mencionó Corral Jurado en aquella ocasión.

“Habrá decisiones que favorezcan a Juárez, en muchos sentidos, aunque en Chihuahua me digan: Tu ganaste gracias a la capital, fue Chihuahua quien te dio más de 120 mil votos, y entonces yo les respondo: No estoy haciendo ningún trato privilegiado hacia Juárez. Lo que estoy haciendo es un reconocimiento de un brutal desdén, de un brutal dejo que se le ha hecho a Juárez, es un acto de justicia. Además, planteo una idea potente: Si le va bien a Juárez, si relanzamos a Juárez, le va a ir bien a todo el estado”.

Sin embargo, las esperanzas se difuminaron en los siguientes dos años, y particularmente en 2018, convirtiéndose aquellas expresiones de buenos propósitos en una desagradable realidad.

Hoy en día hay muy pocos proyectos de inversión, muy poca obra por parte del gobierno panista, ni tampoco equipamiento nuevo para Juárez.

Promesas por aquí, promesas por allá…

Los grandes proyectos, incluso con suficiencia presupuestal alentados por hombres y mujeres de negocios, miembros de la asociación Desarrollo Económico de Juárez, como es el Centro de Investigación e Integración de Tecnología Avanzada (CIITA), han sido dos veces inaugurados con la instalación de la primera piedra y en presentaciones virtuales ante ejecutivos de la industria maquiladora.

Este proyecto que no sólo cuenta con el financiamiento de 80 millones de pesos de los recursos de los Puentes Internacionales y la aportación de otros fondos, tiene todo el respaldo de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico estatal, Alejandra de la Vega, promotora del mismo desde la referida asociación empresarial a la que pertenece.

Inversiones millonarias para la segunda ruta de transporte público, la construcción de infraestructura de control pluvial, remozamiento del parque El Chamizal y cincuenta millones de pesos para proyectos en el primer cuadro de la ciudad, la construcción de un estadio de futbol y hasta un autódromo, se encuentran en las inversiones enlistadas con la hoy incumplida impronta administración corralista, aún cuando las prioridades son otras, al menos en materia de educación y salud.

En los últimos dos años, el gobierno del estado planeó grandes proyectos que en conjunto demandaban unos cuatro mil millones de pesos como el autódromo serviría para las competencias recreativa de “go karts”, exhibición y concurso de arrancones y muestras de vehículos.

La continuidad de las obras de reactivación del Centro Histórico para la instalación de oficinas de gobierno, universidades, escuelas y vivienda nueva, aún deben esperar.

El drenaje pluvial, uno de los problemas más sentidos  por los fronterizos, se construiría con un crédito de 600 millones.

Esta misma estrategia de inversión buscó en los dos últimos años que los juarenses se beneficiarían con la continuidad de los planes de movilidad urbana, con el seguimiento al proyecto de transporte semimasivo por mil 600 millones de pesos.

Con o sin recursos, es la misma deficiencia

Como parte del proyecto de movilidad urbana, la nueva Ruta Troncal Tecnológico representa un rezago de inversión que asciende a más de 2 mil 777 millones de pesos.

El  Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2018) asignó mil 187 millones para esta obra. Sin embargo, hoy en día, no hay avance físico ni fecha de arranque de los trabajos del multimillonario proyecto que también dispone de 240 millones de pesos de los ingresos del Fideicomiso Puente Internacionales de Chihuahua.

Las inversiones para la conclusión de las obras de los hospitales de cancerología y de especialidades en los terrenos del Ex Hipódromo mejorarían sensiblemente la calidad de vida de los juarenses, pero como todos los demás proyectos permanece en espera de que el gobernador ejerza el presupuesto y los recursos que están disponibles para infraestructura, y también para que gestione recursos mayoritariamente provenientes de la federación.

La continuidad de las obras de reactivación del centro histórico para la instalación de oficinas de gobierno, universidades, escuelas y vivienda nueva, aún deben esperar.

Ninguno de los grandes proyectos ofrecidos por Corral se han concretado y ni siquiera han sido empezados. La respuesta oficial es que tienen avances administrativos en los casos de los proyectos  de la Troncal Tecnológico , CIITA y parque El Chamizal, los dos primeros con autorización presupuestal y proyectos ejecutivos y el tercero, el parque, con un plan maestro y proyectos.

En este periodo el gobernador sustituyó a los titulares de las secretarías de Obras Púbicas y Desarrollo Urbano que en los últimos dos años dieron seguimiento a la construcción de la ruta troncal y del resto de los proyectos inmaterializados hasta ahora.

El subejercicio

La crítica de los diputados de la bancada de Morena en el Congreso local ha sido contundente de acuerdo con los datos revelados durante la comparecencia de Gustavo Elizondo Aguilar el 13 de noviembre de 2018, luego de que recientemente fuera designado como secretario de Obras Públicas, en el sentido de que a diferencia del ejercicio presupuestal 2017, este año solo fue ejercido el 14 por ciento de los recursos presupuestados.

Lo anterior significa que mientras en 2017 fueron invertidos 5 mil 338 millones en obra en todo el estado, en 2018 apenas se habían ejercido 773 millones.

Durante la comparecencia de Elizondo ante diputados locales en el Congreso del Estado, se refirió a los trabajos de construcción de 210 proyectos de obra pública, entre estas ampliaciones y mantenimiento de infraestructura de salud y nuevas construcciones como el Centro Estatal de Cancerología Chihuahua y el Centro de Jardines de Oriente, mientras que en Juárez el discurso del gobierno estatal panista es que la Federación rescate a la obra negra del hospital para enfermos de cáncer de Juárez, el cual se encuentra abandonado.

El 2018 no fue la excepción, el diputado Benjamín Carrera dijo a Elizondo que estaban “reprobados” y el exalcalde panista de Juárez no lo refutó.

Señaló que el 2018, esperaban más obras que 2017, pero que en realidad no se ha visto nada.

El 2018 el subejercicio del presupuesto, 1 mil 788 millones autorizados para obras, 1 mil 183 millones de pesos no habían sido ejecutados

Durante este periodo en el que los recursos no han sido bien aprovechados de manera oportuna, para la atención de los los grandes rezagos de infraestructura de la ciudad, el diputado Misael Máynez declaró que es lamentable que estando las calles en tan malas condiciones, no se apliquen los recursos donde mas se necesitan.

Elizondo expuso ante el Congreso de Chihuahua que no es un subejercicio si no “obras no realizadas” debido a que presentan muy pocos avances, lo que ha dado pie a que el propio gobierno haya rescindido contratos, pero con sus llegada a la secretaria en los próximos dos o tres meses reducirían el rezago significativamente en febrero o marzo de 2019, con la conclusión del cien por ciento de los proyectos.

Elizondo dijo que se construye una buena relación con el nuevo gobierno de la República, por lo esperan que el 2019 sea un  año con inversiones sin precedentes para ciudad Juárez, tal y como lo dijo el gobernador que el 2017 a Juárez le “iría muy bien”, lo cual no ha ocurrido.

El mismo Elizondo, como director del Fideicomiso de los Puentes Internacionales, cargo que ejerció durante dos años hasta su nombramiento como secretario de Obras Públicas, fue cuestionado por el diputado Máynez pues de un presupuesto de 500 millones de pesos para infraestructura de la ciudad, en los últimos tres años se vienen ejerciendo 70 millones de pesos anuales con todo el potencial de recaudación de los Puentes que generan un millón de pesos diariamente y tienen autorización para ejercer una línea de crédito de 1 mil 550 millones.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Gustavo Elizondo Aguilar, dijo que presentarían al Congreso del Estado la autorización para ejercer el Presupuesto de Egresos del Estado 2019, con una inversión aproximada a los 1,500 millones de pesos.

En el “año de la seguridad” desatinos mortales: la violencia nunca cesó

La política de seguridad implementada en 2018 por el gobierno panista que encabeza Javier Corral Jurado, ha dejado un saldo desastroso en el estado de Chihuahua que mantiene entre el hartazgo y la zozobra a los chihuahuenses, principalmente a los habitantes de fronterizos.

El 3 de enero de este año, el gobernador se reunió en Juárez con el alcalde Armando Cabada y con mandos policiacos estatales y municipales para anunciar que el 2018 sería el “Año de la Seguridad”, lo cual evidentemente no solo no ocurrió, sino que fue un año sumamente violento, particularmente para las corporaciones de seguridad estatal, pues de los 73 agentes que han sido asesinados desde que Corral asumió el poder, la mayoría de los ataques ocurrieron este año.

Tal como ocurrió en el nivel federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI, Corral optó por la estrategia de “alborotar el avispero”.

La desatinada estrategia provocó un baño de sangre en toda la entidad, principalmente Ciudad Juárez, Chihuahua y la región serrana.

Ciertamente hubo detenciones de algunos líderes criminales en las distintas zonas del estado, y también de cientos de narcomenudistas, sin embargo, esas capturas no redundaron en que el gobierno tomara el control de la seguridad sino al contrario.

Los hechos de sangre se multiplicaron y la superioridad del narco en armamento y tácticas apabulló a las fuerzas del orden.

Un análisis de la estadística de homicidios de la Comisión Nacional de Seguridad indica un innegable incremento a nivel estado, al pasar de mil 908 homicidios en 2017 a dos mil 80 asesinatos hasta noviembre de 2018. De acuerdo con los números de la Fiscalía General del Estado, al 6 de diciembre de 2018 el número se elevó a los dos mil 109 asesinatos.

Se impuso la descoordinación

Lejos de mostrar una capacidad de gobierno para controlar la situación, el titular del Ejecutivo Estatal optó por la confrontación con gobiernos municipales de importancia estratégica como Juárez y Cuauhtémoc, y con el propio gobierno federal. Incluso con los mandos militares quienes sorpresiva y repentinamente perdieron toda confianza con el jefe del Ejecutivo.

La descoordinación en materia de seguridad en esta frontera se reflejó en las calles al pasar de 771 homicidios en 2017 a casi el doble en lo que va de 2018 con mil 171 crímenes.

De nada valió el anuncio hecho el 3 de enero de 2018 en la sala de prensa de Gobierno del Estado en esta frontera, donde Corral anunció con bombo y platillo en medio de grandes expectativas que este año sería el “Año de la Seguridad” para Chihuahua y Juárez.

“Hemos decidido hacer del 2018 el año de la seguridad pública para Chihuahua y Ciudad Juárez, y vamos a hacerlo reforzando nuestra coordinación y cooperación pero también nuestra estrategia de inteligencia policial, poniendo énfasis en la reincidencia y el narcomenudeo”, afirmó el político.

Posterior a ello, vino una oleada de incursiones violentas donde la delincuencia organizada superó con mucho el número de agentes estatales, demostrando que la inseguridad no se combate solamente con discursos.

Aumentan los errores de la estrategia

El estado tuvo y sigue teniendo en 2018 focos rojos de alerta en las principales ciudades y en comunidades serranas.

Dos casos emblemáticos fueron los de Ignacio Zaragoza y Bocoyna, donde este año sicarios masacraron a ocho personas y cuatro agentes policiacos respectivamente, evidenciando una estrategia de uso de la fuerza sin capacidad táctica ni suficiencia numérica. El gobernador ni siquiera asistió a los funerales de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad el 8 de septiembre, y un día después, sí pudo asistir a una carrera pedestre de la Cruz Roja irónicamente denominada “Salvando Vidas”.

Otro caso similar de falta de coordinación se vivió en Cuauhtémoc donde la Policía Estatal intervino el pasado mes de noviembre, desarmando a los agentes municipales en una acción que después fue calificada como abusiva por la autoridad judicial, a pesar de que sí se corroboró que los agentes no tenían el registro de armas que exige Sedena para poder operar.

¿Era esa la mejor manera de atender un problema de control interno en la corporación responsable de la seguridad pública en el municipio que es puerta de entrada y salida del narcotráfico en Chihuahua? ¿Agotó la administración corralista todos los canales de gestión de soluciones y gobernanza antes de lanzar un manotazo como ese?

Cuauhtémoc fue uno de los municipios en los que la Comisión Estatal de Seguridad asumió el control en 2017 por decreto del gobernador, igual que Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

La intención era, en palabras del gobernador, mejorar las condiciones de seguridad.

“Se trata de una medida razonable para garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad personal; es importante redoblar esfuerzos y replantear la organización, normatividad y operatividad necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad”, expresó Corral hace ya casi dos años, el 19 de febrero de 2017. De aquel entonces a la fecha, las cosas en lugar de cambiar, empeoraron.

Sin embargo, distraído por acciones mediáticas con claros tintes políticos como la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, o la persecución política de César Duarte y sus exfuncionarios, el titular del ejecutivo del estado no vio cristalizados sus presuntos objetivos de alcanzar una paz duradera.

Se peleó con medio mundo

También fue incapaz de alcanzar acuerdos con el gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr colaboración en materia de seguridad.

Y con la nueva administración federal de López Obrador, inició un desafortunado pleito por el tema de la Guardia Nacional y el anuncio de que los militares asumirían tareas de seguridad pública.

Apenas el 15 de octubre de 2018 el gobernador de Chihuahua se quejó amargamente de que en tiempos de su antecesor, hubo hasta diez mil elementos federales en Juárez, y en su gobierno no suman ni 500, reprochando de esa manera el abandono del gobierno federal.

Analistas políticos coincidieron en que la actitud del gobierno federal fue una respuesta directa a la soberbia del mandatario chihuahuense de no poder actuar con cortesía política por el bien de los chihuahuenses.

“Se peleó con todo mundo”, fue el diagnóstico de propios y extraños, mientras el número de víctimas creció exponencialmente.

Los argumentos del mandatario, repetidos por el fiscal César Peniche y el comisionado de seguridad Oscar Aparicio, tratando de reivindicar la lucha emprendida desde el gobierno estatal en contra del crimen organizado, se quedaron huecos.

Incluso, en las seis primeras reuniones en materia de seguridad llevadas a cabo en Juárez durante la primer semana de diciembre, entre mandos militares federales para coordinar los patrullajes, no hubo presencia de los mandos estatales.

Con la tropa en su contra y el rumbo extraviado 

Las alegorías discursivas de Corral sobre “la valentía de los agentes, el desprecio a los traidores y el compromiso con la comunidad” mucho contrastaron con la protesta que hicieron agentes estatales a través de redes sociales y de distintos medios de comunicación.

Los planteamientos de los policías estatales fueron para reclamar el poco armamento, el abandono de sus mandos, la ausencia de promoción de ascensos, resultaron una bofetada en la cara del mandatario, absorto en perseguir a su enemigo político hasta con un “museo a la corrupción” en la Ciudad de México, el cual tuvo que ser clausurado por violentar derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Así de extraviado el rumbo en el responsable de la seguridad en Chihuahua.

La soberbia es su sello

En las semanas más recientes, después de otro año con el estado incendiado por ejecuciones y masacres, el titular del Ejecutivo habló de haber logrado un acuerdo con el recién llegado gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que el tema de la seguridad se maneje en un terreno de neutralidad política.

Pero su discurso agresivo ya había planteado estar en total desacuerdo con la propuesta de AMLO de crear una Guardia Nacional para enfrentar al narco, ante la evidencia de que policías municipales y estatales han mostrado ad nauseam, su incapacidad para el tema.

“Aquí nosotros, lo digo abiertamente, no nos vamos a supeditar a un mando militar, Chihuahua no se va a someter a ningún mando militar”, aventó el mandatario antes siquiera de que dicha estrategia sea aprobada.

Está empecinado en la venganza y el desquite político. Por eso la sola mención de la palabra perdón del actual presidente le produjo imparables reacciones histéricas, incapaz -otra vez- de ver el fondo y no la forma.

Incontables los asesinatos de alto impacto

La guerra de Corral ha dejado saldo rojo en toda la sociedad, incluidos hechos de alto impacto en los que las víctimas han sido líderes derechohumanistas, periodistas, empresarios y decenas de elementos de las fuerzas policiacas municipales y estatales.

La lista es larga pero sin duda quien desafortunadamente la inició fue nuestra compañera periodista de NORTE y corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, quien se arriesgó a publicar temas duros de narcopolítica, quizás confiada en que el nuevo gobierno corralista la protegería.

También han sido mártires de la barbarie el vicepresidente de afiliación de la Canaco en Ciudad Juárez, Rubén Hernández Tanner; el líder de COPARMEX en Parral Uriel Alberto Loya Deister y el empresario José Ricardo Caraveo Vallina en Cuauhtémoc.

Los activistas indígenas Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Julian Carrillo Martínez y Joaquín Díaz Morales; los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo ejecutados en Namiquipa; el estadounidense Patrick Braxton- Andrew, asesinado en Urique.

En Chihuahua el director del Colegio Latinoamericano Bilingüe, Carlos Cano Chávez y el dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Eduardo Aragón Caraveo.

En Ignacio Zaragoza la candidata a regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Liliana García y el tesorero del Ayuntamiento del PAN Guadalupe Payán Villalobos.

En Balleza el regidor del PRI Diego Herrera Escárcega, a quien mataron junto con su hijo Gumaro Herrera; y el extesorero Fernando Herrera y Raúl Herrera Cervantes, este último ex comandante de la Policía de El Vergel.

Líderes sociales como Heraclio Rodríguez de El Barzón están decepcionados de la actuación del gobierno de Corral.

Finalmente, el pasado 7 de diciembre fue asesinado en Juárez el exdiputado local y exregidor panista Hiram Apolo Contreras, en un caso que conmocionó el ámbito político de la frontera sin que se conozcan las causas reales de su crimen, aunque la Fiscalía General afirma que “fue una confusión” de delincuentes, pero Héctor Hernández, compañero de batallas políticas, insiste en que un día antes de su asesinato recibió amenazas telefónicas.

Corral, entre la confrontación, la frivolidad y el chantaje

Si algo caracteriza a Javier Corral es su gusto por la confrontación.

Así lo hizo en su momento con el alcalde de Juárez, Armando Cabada, con mandos militares en el estado que terminaron desconfiando de él, y ni se diga con el expresidente Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador a quien criticó incluso antes de que se colocara la banda presidencial.

En el tema de seguridad, en el que tanto ha fallado su estrategia, ni hace, ni deja hacer.

Ha emitido una y otra advertencias de que su gobierno no se someterá a ningún mando militar, esto en referencia al uso de la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública.

“Nosotros no nos vamos a supeditar a un mando militar. Lo digo abiertamente: Chihuahua no se va a someter a ningún mando militar”, declaró Javier Corral, quien evidentemente desconoce que la Guardia Nacional, es una de las dos fuerzas armadas que contempla la Constitución de México para defender la integridad de la nación, previo acuerdo del Congreso de la Unión hoy controlado por Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Incluso, el artículo 89 constitucional, fracciones VI y VII, faculta al presidente de la república para “disponer de la Guardia Nacional”, para preservar la seguridad nacional.

También contra los Delegados Estatales

Las rabietas de Javier Corral en contra del nuevo gobierno federal, se han extendido también desde que fue anunciada la creación de la figura de delegados estatales para coordinar programas sociales.

El pasado 23 de septiembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, expresó que la figura de los “superdelegados” es una “afrenta” a la soberanía de las entidades.

Los delegados federales, tradicionalmente eran impuestos por los gobernadores en turno. Así ocurrió en administraciones priistas y panistas. Ha sido una forma de control de los gobernadores en distintos ámbitos federales, para meterle mano y manipular los recursos, y Corral no ha sido la excepción.

En aquella ocasión en Guadalajara, Corral ironizó burdamente frente al excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, la senadora Beatriz Paredes y el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío: “Esta podría ser una de mis últimas participaciones como mandatario estatal ya que podría ser removido del cargo —como lo advirtió el senador morenista Félix Salgado Macedonio— por rechazar la ‘intromisión’ del gobierno federal en los estados”.

“Y como nosotros no tenemos ninguna intención de cuadrarnos, es muy probable que seamos los primeros en desaparecer”, mencionó Corral.

Pese a la exigencia de Corral y otros ejecutivos estatales, el presidente López Obrador, ha decidido mantener la figura de los delegados federales en los estados, solo en el ámbito de coordinación de programas sociales.

Forman bloque rebelde

En lugar de atender la compleja problemática de la entidad, el titular del Ejecutivo de Chihuahua, Javier Corral junto a otros gobernadores panistas, perredistas y priistas, integraron un bloque políticos rebeldes hacia la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Entre la frivolidad, el chantaje y los recurrentes tropiezos de su administración, Corral Jurado forma parte de una lista de personajes opositores que criticaron la creación de la figura de superdelegados en los estados, así como para reclamar a las nuevas autoridades un mejor presupuesto para los estados, y solicitar que en lugar de crear 100 nuevas universidades, se asignen mayores recursos a las que ya existen.

A principios de diciembre en la primer reunión de la Conago en la que participó el presidente López Obrador, el gobernador de Chihuahua aseguró que el estado no se sometería a ningún mando militar en el tema de seguridad.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano, también se ha expresado en contra de la figura de los nuevos delegados federales nombrados por el presidente López Obrador. “No se vale jugar a la política en temas de seguridad. No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos de vulnerar el pacto federal y el orden constitucional”, señaló.

Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán, es otro de los que rechazan la Cuarta Transformación de AMLO, junto con Martín Orozco de Aguascalientes (PAN); y Claudia Pavlovich de Sonora (PRI).

Les responde el presidente

Al defender la creación de la Guardia Nacional y la figura de los superdelegados, AMLO ofreció su “mano franca” a los gobernadores inconformes.

“Seremos respetuosos de la soberanía de los estados. No vamos confrontarnos ni caer en ninguna polémica por eso. Ellos están en su derecho de manifestarse”, añadió.

“No voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir”, agregó el presidente.

Confronta Corral a AMLO por superdelegados

Como parte de los reacomodos en la estructura del gobierno federal, y tras el anuncio de la designación de delegados estatales de programas sociales, fue anunciada la integración al aparato federal de gobierno de diez nuevos delegados regionales para el estado de Chihuahua, medida que fue rápidamente impugnada por el gobernador Javier Corral Jurado por considerar que los nuevos funcionarios federales se convertirán en “operadores políticos” de Morena.

Este tema fue el primer encontronazo del gobernador de Chihuahua con el nuevo

El mandatario estatal panista expuso que en lugar de hablar con el coordinador federal designado, Juan Carlos Loera de la Rosa, o cualquiera de los 10 delegados regionales nombrados, prefiere hablar los asuntos del estado directamente con el presidente López Obrador.

“El perfil escogido para los representantes del gobierno federal en los estados, no corresponde propiamente a un técnico que facilite trámites administrativos o de infraestructura, sino que más bien son perfiles político-electorales, todos ellos vinculados con Morena”, dijo Corral.

Para Corral, la designación de “superdelegados” trastoca el orden legal o constitucional del estado, “pues incluso la Constitución prohíbe instancias intermedias lo cual deberá hacer valer la Suprema Corte”.

El pasado 12 de julio, el entonces presidente electo de México presentó a 32 coordinadores estatales, con lo cual desaparecerán las delegaciones federales que en el caso de Chihuahua eran 16 oficinas, y a partir del 1o. de diciembre serán solo 10 los delegados regionales coordinados por Juan Carlos Loera de la Rosa.

En entrevista con NORTE, Juan Carlos Loera de la Rosa rechazó que los anteriores delegados federales terminaron su periodo el 30 de noviembre y al día siguiente entraron en funciones los delegados regionales.

La mayoría de los coordinadores regionales no cuenta con experiencia en administración pública ni con especialidad técnica en las distintas áreas de gobierno.

El nuevo representante del gobierno de AMLO en Chihuahua, Loera de la Rosa, es originario de Juárez, es ingeniero electromecánico por el ITCJ, cuenta con estudios de maestría en ingeniería ambiental por la UACJ, además de diplomados de cursos en sistemas de manufactura, control de calidad y mantenimiento de plantas industriales por el ITCJ y el ITESM.

Actualmente es diputado federal plurinominal, cargo al que solicitaría licencia a principios de diciembre para asumir la encomienda como coordinador de programas federales para el estado de Chihuahua.

Madero, raya en el cinismo

Gustavo Madero fue uno de los personajes políticos que dejaron la administración estatal en los primeros dieciséis meses de gobierno panista en Chihuahua.

¿Qué caso tenía que Madero asumiera la coordinación del gabinete estatal, si tenía pensado retirarse para buscar un escaño en el Senado?

El político chihuahuense fue pieza fundamental como dirigente nacional del PAN en la firma del Pacto Por México convocado por el expresidente Enrique Peña Nieto, y que derivó en el incremento al IVA en la frontera así como en el aumento al precio de las gasolinas.

El pasado 1o. de diciembre, Gustavo Madero (en la foto acompañado de Patricia Terrazas, diputada plurinominal panista por Chihuahua) junto con la bancada panista se manifestó en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador para exigir la reducción a los precios de la gasolina, cuando los mismos panistas avalaron y apoyaron el incremento.

“Ahora resulta que quienes aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje”, les contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de la toma de posesión.