Para las agendas de las comisiones de movilidad del Cabildo y el Congreso del Estado, los accidentes de transporte de personal no representan una prioridad.
Enfocadas en generalidades, ambas agendas atienden desde lejos una situación que, para los trabajadores de maquiladora representan, en cambio, una auténtica condición de vida o muerte.
Más de 200 accidentes
Durante 2022, las calles de Ciudad Juárez han sido escenario de más de doscientos accidentes causados por choferes de transporte especial, propiciados por factores recurrentes.
Choferes dormidos al volante, dopados, ebrios o inexpertos, camiones más viejos de lo permitido y/o en condiciones mecánicas deficientes, son ejemplo de ello.
La falta de licencia, de documentación y placas, y de unidades con número de registro clonado son igualmente situaciones recurrentes en cada caso.
El exceso de velocidad, jugar carreras, pasarse los semáforos en rojo y cambiar arbitrariamente de carril, son otros tantos casos recurrentes.
A la alza
Este tipo de percances van al alza en la ciudad, tanto en frecuencia como en grado de gravedad para usuarios y ciudadanos.
Según datos de la Coordinación General de Seguridad Vial, a la fecha estos accidentes contabilizan un total de 233 lesionados, varios de ellos de gravedad.
La escalada ya arrojó las primeras cifras fatales, con dos accidentes similares con conductores de motocicleta ocurridos en un mismo día de la semana pasada.
Pero mientras las cámaras empresariales se manifiestan inconformes, e Index muestra una postura minimizadora, regidores y diputados del área de movilidad urbana soslayan el tema.
Ningún representante de la Comisión de Movilidad en el Cabildo local ha abordado esta situación o se ha manifestado oficialmente al respecto.
Iniciativas de otra índole
A nivel de iniciativas, las propuestas se han enfocado esencialmente a condiciones de género, y situaciones de servicio y de atención en el transporte público.
Los regidores se han manifestado solo en plan de solicitudes y sugerencias, pugnando por campañas de concientización a choferes, y sensibilización en temas relativos a grupos vulnerables.
Pero en términos de acciones o manifestaciones enfocadas a prevenir o castigar la alta incidencia de accidentes de transporte de personal, no hay nada. El silencio es total.
Recurrentemente se ha buscado una opinión al respecto de la regidora Karla Escalante, coordinadora de la Comisión de Movilidad, hasta el momento sin éxito.
Mayor atención
Otro tanto de atención se requeriría por parte de otras comisiones del Cabildo como Derechos Humanos, Seguridad Pública o Protección civil, incluso de Salud Pública. Pero igualmente el tema no es abordado desde ninguna de estas ópticas.
En iguales circunstancias se encuentra la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado.
En asuntos de movilidad, la agenda de esta comisión se concreta a iniciativas de ley, reglamentación o temas de infraestructura y servicios carreteros.
En términos de transporte solo se enfocan en el servicio de transporte público, enfáticamente el semimasivo y, preponderantemente, correspondientes a la ciudad de Chihuahua.
Sí ha abordado temas referentes a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial o la actualización de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua; pero se trata de acciones que requieren principalmente tiempo para el análisis, la discusión y la implementación y, por ende, no de carácter inmediato.
Se trata de soluciones de mediano y largo plazo que, en caso de darse, siguen mientras tanto permitiendo la incidencia de accidentes cada vez más riesgosos.
De acuerdo a Luis Manuel Aguirre, subsecretario de Transporte del Estado, es una condición que rebasa las posibilidades de contar con suficientes medidas preventivas.
Para el funcionario, en tanto se trabaja como se puede con lo que se tiene, habrá que esperar a 2023 para ver si se dan cambios. Esto, debido a que se espera que con la conversión a subsecretaría, el área de Transporte del Estado cuente con mayor presupuesto que el actual; esto dado que se contempla elevar el número de inspectores, que no solo se concreta a sueldos, sino a contar con más equipamiento e infraestructura.
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