Este martes, nueve colaboradores de la Sindicatura interpusieron una queja por violaciones a sus derechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Los demandantes no reciben sueldo desde el 3 de junio del año en curso, algunos de los cuales fueron dados de baja por instrucciones de la síndica suplente Mireya Torres, cuando Esther Mejía, titular del puesto, se postuló como candidata a la alcaldía por un partido diferente al del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar (Morena).
Los quejosos presentaron un solo documento con sus firmas en las oficinas de la CEDH, representados por su abogado Julio César Cortez Esquivel.
El litigante expuso que el alcalde se aprovecha de un artículo del Código Municipal, artículo 36 B, mediante el cual se otorgan facultades al titular de la Sindicatura para que nombre a sus colaboradores, al mismo tiempo que sujeta el pago de los mismos a la administración central.
Comentó que es el momento de que los representantes del Congreso de Chihuahua tomen nota para que tanto este como ningún otro alcalde, se aproveche de sus facultades que tienen sobre la hacienda pública para obstaculizar la labor del órgano de fiscalización del Ayuntamiento.
“Lo que sucede es la decisión del presidente, cualquiera que sean sus razones, es que está dejando de pagar porque Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, no le aceptó a la sindica Mejía las altas de su equipo ni tampoco las bajas del personal que dejó su antecesora”, expuso.
Explicó que el motivo de la queja es por el agravio del ejercicio de un trabajo que no fue retribuido por un pago.
Expuso que es muy lamentable que en un caso particular, la cónyuge de unos de los trabajadores contaba con un tratamiento médico que le fue suspendido cuando su esposo perdió el trabajo, y ahora que no aceptan su regreso, ella necesita continuar con su atención.
Recordó que en un mes de ejercicio de la suplente, esta tuvo la oportunidad de corregir algunos señalamientos de corrupción que la titular en algún momento expuso y denunció.
Añadió que de tal situación se desprende la presunción de que se trata de una venganza política, derivada del cumplimiento de las funciones de la titular de la Sindicatura.
Informó que, de la misma manera, cuenta con tres demandas de amparos que están por resolverse en el Poder Judicial Federal.
Funcionarios cumplieron dos meses con diarrea
Norte Digital público que cuando Mireya Torres ocupó alrededor de un mes el cargo, tras la licencia otorgada a Mejía por el Cabildo, su suplente despidió a los colaboradores más cercanos de la titular de la Sindicatura y contrató a sus colaboradores de confianza.
Cuando Mejía regresó el 3 de junio, lo hizo con sus nueve colaboradores, la mayoría de ellos de su equipo original, y solicitó la baja de algunas de las personas que sirvieron a su sustituta.
Para impedir su despido, los mismos doce desde el 3 de junio, regresaron a la Sindicatura con justificantes médicos, principalmente por diarrea y otros con contracturas.
Los “enfermos” continuaron cobrando y en el primer mes de su convalecencia, cobraron 378 mil 212 pesos y no han sido dados de baja, mientras que los nueve trabajadores que regresaron con la síndica Mejía aún no reciben su sueldo.
Exponen, en Día de los Derechos Humanos, pendientes por incendio en estancia migratoria juarense
Organismos ciudadanos indican que no se ha alcanzado la justicia completa para las 15 mujeres y 27 hombres sobrevivientes, ni para los 40 migrantes fallecidos
Por Redacción
Que funcionarios dejen la política y se enfoquen en la seguridad: Estrada
Hay responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno en el hecho de que Chihuahua sea primer lugar en homicidios, señala
Por Alejandro Salmón Aguilera
Gana fotoperiodista de Norte Digital Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos
Christian Torres se ha adjudicado importantes galardones, incluso el Pulitzer 2024
Por Gustavo Pérez Gutiérrez
Derechos Humanos en rarámuri y braille: que nadie quede fuera
El Programa Estatal de Derechos Humanos 2024-2027 fue traducido a formatos accesibles con el objetivo de que comunidades indígenas y personas con discapacidad visual tengan voz y acceso en la planeación pública
Por Redacción
