A medio año de que se registrara el incendio en la estación provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) emitieron un comunicado de prensa para reclamar que no se ha cumplido con la reparación integral del daño y los obstáculos siguen siendo múltiples para el acceso a la justicia de las víctimas.
En el incendio suscitado el pasado 27 de marzo, 40 migrantes murieron y otros 27 resultaron lesionados de gravedad, sin que al momento se lleven a cabo avances sustentables en materia de apoyo a las víctimas y sus deudos.
A través del comunicado firmado en conjunto por la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI), Derechos Humanos integrales en Acción (DHIA) A.C, y Asylum Acces México (AAQMX) A.C., se señalan las omisiones, pese a haberse aceptado la Recomendación 111VG/2023, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Señalan las OCS que el INM no ha hecho efectiva la reparación del daño integral a las víctimas, poniendo en evidencia la falta de capacidad del Estado: “para dar respuesta y garantizar la reparación del daño en casos que involucran a víctimas ubicadas en distintos países. El caso de Ciudad Juárez, colocada de nueva cuenta el reto y las cuentas pendientes con las víctimas migrantes”.
Las OSC enlistan los pendientes que no se han atendido a seis meses de la tragedia, entre los que enumeran que Francisco Garduño sigue como comisionado del INM, lo que compromete la efectividad e independencia de las investigaciones y la labor de defensa de los representantes de las víctimas.
Además, señalan que el INM ha puesto en riesgo a las familias de los migrantes fallecidos al hacer públicos los posibles montos de indemnización, los cuales no se han hecho efectivos.
Señalan que dicho proceso no corresponde al INM sino a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Indican que el INM se ha negado a facilitar la reunificación de las familias de los sobrevivientes del incendio, al oponerse a traer a sus hijas e hijos, así como a hermanos y madres.
Añaden que la CEAV no ha presentado ningún plan, ni dictamen para cumplir con lo ordenado por la CNDH en su recomendación 111VG/2023 para que se haga efectiva la reparación del daño y en su intervención ha sido omisa porque incluso. Ni ha inscrito al Registro Nacional de Víctimas a las 15 mujeres sobrevivientes.
Puntualizan que la Fiscalía General de la República se ha opuesto a que dos de las víctimas cuenten con una asesoría jurídica particular.
“Después de seis meses del incendio no ha sido fácil para la mayoría de las víctimas y sus familias que se haga valer su decisión de nombrar un asesor particular que haga efectivo sus derechos, tanto en la investigación como en el proceso mismo”, puntualiza el comunicado.
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