A la sombra de la narcopolítica

Permeado hasta el más alto nivel de su jerarquía, el Partido Acción Nacional (PAN), con la posible complacencia del actual gobernador Javier Corral Jurado, también panista, protagonizó uno de los episodios de infiltración del narco más graves que se conozcan en la historia reciente de Chihuahua.

Su consecuencia más funesta, fue el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017.

Hasta el cierre de este trabajo ningún funcionario emanado de ese partido político ha sido procesado, despedido o retirado, aún aquellos que intervinieron directamente en un proceso que puso en alto riesgo la vida de la periodista, a través de grabarle una llamada.

La investigación del homicidio, iniciada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), y un año después atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), condujo a que miembros del PAN facilitaron el camino de los homicidas para llegar a ella, pero la Fiscalía estatal decidió no incriminarlos, al contrario, encontraron cobijo en la actual administración.

José Luévano Rodríguez, ex secretario general del CDE del PAN, hoy secretario particular del gobernador Corral; Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde del PAN en Chínipas y después asesor en la Secretaría de Educación y Deporte en la región serrana; y Alfredo Piñera Guevara, secretario de Comunicación del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, continúan en sus puestos hasta el día de hoy. En el caso de Schultz, por lo menos hasta marzo de este año, aún desempeñaba funciones en la estructura de la referida Secretaría.

De acuerdo con constancias judiciales hechas públicas en medios de comunicación locales y nacionales, Schultz, Luévano y Piñera confirmaron que un narcotraficante, Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, hoy vinculado a proceso como presunto responsable del homicidio de Breach, pidió a Schultz -su amigo de toda la vida-, que le consiguiera una grabación de Miroslava en la que delatara a quiénes habían sido sus fuentes para los reportajes que derivaron en la cancelación de la candidatura de Juan Salazar Ochoa, excandidato del PRI a la alcaldía de Chínipas en 2016, y sobrino de Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, presunto líder de la organización criminal denominada “Los Salazares”.

Antes de ser detenido en 2011 por agentes federales, Salazar Zamorano había sido denunciado en notas periodísticas de Breach.

También su hijo Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias “El Muñeco”, segundo al mando en la estructura criminal, detenido y encarcelado en el año 2012, fue exhibido por la reportera en el reportaje Infiltran candidatos.

Infiltran candidatos

El desarrollo de la trama

En la tercera semana de junio de 2016 el ex alcalde de Chínipas por el PAN, Hugo Amed Schultz Alcaraz, fue a las oficinas del partido con una encomienda del jefe de sicarios de “Los Salazares”, Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”.

Debía conseguir que la periodista Miroslava Breach Velducea le revelara quiénes habían sido sus fuentes, solo para probar que no había sido él.

Previa autorización de José Luévano, entonces secretario general del partido, Shultz le pidió al vocero Alfredo Piñera que llamara a la reportera.

Las preguntas que Piñera le hizo a Miroslava en esa llamada, se exhibieron en la audiencia de vinculación de “El Larry” el 28 de diciembre de 2017.

De acuerdo con testigos consultados por Norte, la conversación telefónica entre Piñera y Breach ocurrió el miércoles 22 de junio de 2016.

Cuando el 26 de marzo de 2017 dicho audio fue encontrado por la Fiscalía en una computadora, durante un cateo en la casa en la que pernoctaron los asesinos materiales de Breach, en la colonia Villas del Rey de la ciudad de Chihuahua, quedó claro cómo los miembros del PAN habían colaborado con los asesinos. La Fiscalía mantuvo el hecho en secreto hasta que fue inevitable su difusión en la audiencia pública de vinculación a proceso.

Hasta el cierre de este trabajo, Corral no ha dicho públicamente si quien es su más cercano colaborador (Luévano) le informó que había autorizado una grabación ilegal de la reportera y que dicho material, había sido solicitado por un presunto narcotraficante.

Los tres involucrados miembros del PAN se negaron a dar una explicación a Norte sobre lo ocurrido.

A Schultz se le buscó vía telefónica directamente en su oficina de Bocoyna, cuando aún era coordinador de la Secretaría de Educación y Deporte en la sierra, en septiembre de 2017. No quiso devolver la llamada.

Seis meses después, el 21 de marzo de 2018, salió de prisa y sin responder cuestionamientos de reporteros, luego de haber presenciado en el Congreso del Estado la comparecencia del secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón.

Piñera fue cuestionado directamente vía conferencia telefónica por este reportero también en marzo de 2018. Su respuesta fue que prefería no dar ninguna respuesta.

El hoy secretario Particular del gobernador, José Luévano Rodríguez, dijo vía telefónica el 3 de abril de 2018, que había decidido no dar declaraciones sobre el tema, por tratarse de un proceso en curso.

Siguiendo el hilo de las infiltraciones, que constan dentro del proceso judicial contra “El Larry” (cuya etapa procesal de investigación concluye este 28 de junio de 2018) los panistas escogieron arriesgar la vida de la periodista, antes que la propia, y decidieron no advertirle sobre el riesgo que corría.

Transcripción de llamada de Alfredo Piñera con Miroslava Breach 11 días después de que Javier Corral fue nombrado gobernador electo.

https://youtube.com/watch?v=VZncPRWmF-U

Justifican en el PRI la infiltración

En la campaña para la elección del 5 de junio de 2016, el candidato a gobernador por el PAN, Javier Corral Jurado, acusó que el PRI había sido infiltrado por el narco.

Como consecuencia la candidata priista en Bachíniva renunció y el abanderado en Chínipas fue sustituido. Otros cuatro postulados continuaron en sus candidaturas. Todos, los que entraron al relevo y los que continuaron, ganaron la contienda.

Hoy son alcaldes y alcaldesas en funciones y al menos una califica las acusaciones como mentiras.

La presunta injerencia del crimen organizado tampoco derivó en una indagatoria de autoridades federales. Ante la opinión pública, la PGR no acusó recibo de lo ocurrido.

Ya siendo gobernador, Corral no hizo ninguna presión mediática o jurídica, para que quienes él mismo había señalado, fueran investigados.

Para la elección de 2018, la mayoría de quienes fueron exhibidos del PRI, van por la reelección, y no hay ningún señalamiento desde el gobierno de que tengan vínculos con la delincuencia.

Bachíniva

Cuando Silvia Mariscal Estrada, excandidata del PRI a la presidencia municipal de Bachíniva por el PRI, supo que Javier Corral Jurado la había señalado de ser una imposición de un presunto delincuente, su reacción fue calificarlo de difamador.

“En días anteriores he sido atacada de manera difamante y calumniosa por parte de Javier Corral Jurado, candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, él ha mencionado que mi persona se encuentra vinculada con delincuentes que pertenecen al crimen organizado”, escribió Mariscal en una carta sin firma.

Expuso que el señalamiento le generó problemas a su persona y a su familia, y que no era justo que por un señalamiento «calumnioso y electorero», se dañara «la integridad y la carrera política de un ser humano».

Refirió que se había comportado siempre con integridad y que ese tipo de señalamientos a la ligera, dañaban «su imagen y su futuro político».

El proceso electoral continuó y quien entró al relevo, Irma Delia Morales Mendoza, entonces presidenta del Comité Municipal tricolor, ganó la alcaldía.

Este año Morales busca la reelección usando el diminutivo de “Irmita” en su propaganda de campaña.

“Irmita” no tiene señalamientos públicos sobre vínculos con delincuencia organizada.

Las acusaciones contra Mariscal no derivaron en ninguna investigación ministerial, estatal o federal. Todo quedó en discurso de campaña.

Chínipas

Hace dos años en Chínipas, cuando el alcalde era Hugo Amed Schultz Alcaraz del PAN, el candidato del PRI presumiblemente puesto por el narco, fue Juan Miguel Salazar Ochoa.

Después de conocerse los lazos familiares del candidato, gracias a notas publicadas por Miroslava Breach y Patricia Mayorga, el partido lo sustituyó por Ramón Alonzo Agramón Varela, quien ganó la elección y hoy es el alcalde. El PAN perdió ese Ayuntamiento.

Para la elección del 1 de julio de 2018 el PRI postuló a Salomé Ramos Salmón, señalado en la columna de El Diario del pasado 7 de marzo, por ser cuñado de otro presunto delincuente.

Entrevistado por Norte, Ramos Salmón se justificó diciendo que no tenía ninguna relación con su cuñado y tampoco nada que ocultar.

“Nosotros en lo pueblos, todos somos familia, el que no es cuñado, es primo, es tío, es hermano. Los pueblos son chicos, es un colagge, todos somos parientes. Ya si lo relacionan a uno así, pues tienen que relacionar a todo el pueblo”, refirió.

Explicó que se dedica a la compra venta de ganado y toda su actividad económica es legal. Por lo mismo, no tenía contemplado renunciar a la candidatura.

“Yo no tengo por qué renunciar. Mi negocio es lícito, no es ilícito. Yo me dedico a lo mío nada más. No tengo problemas con nadie y tengo muchos años trabajando en el partido del PRI y he trabajado con otros candidatos y ahora me dieron la oportunidad y pues la acepté”, precisó.

El PRI ratificó la candidatura de Salomé y en estos días anda en plena campaña buscando el voto de los chinipecos. En el lado del PAN decidieron no postular a nadie para la alcaldía, excepto por el aspirante a síndico Antonio Miranda.

Urique

En Urique la candidata del PRI en 2016 fue Martina Edith Domínguez Tepeyac.

A pesar de las generalizaciones acerca de que el narco estaba detrás de la campaña del PRI en la sierra, no hubo ninguna investigación que vinculara a Domínguez con delincuencia organizada.

Este año la candidatura tricolor la encabeza José Luis Herrera Rentería.

Uruachi

En Uruachi la candidata ganadora del PRI fue en 2016 Hacel Rocío Campos Chacón. Este año va por la reelección.

También hubo señalamientos mediáticos contra ella, pero ninguna autoridad federal o estatal ha informado oficialmente que se hayan abierto investigaciones en su contra.

Buenaventura

Hace dos años, cuando estaba a punto de cerrar su campaña por la gubernatura, Javier Corral Jurado acusó que los operadores del PRI en el municipio de Buenaventura estaban infiltrados por el crimen organizado.

“Como es del conocimiento público, en la región es permanente la presencia del crimen organizado, con la complicidad de seguridad pública municipal. En este caso concreto (Buenaventura) es evidente la colusión del crimen organizado con los operadores de la campaña del PRI en el municipio, tal como fue denunciado hace semanas en La Jornada y Proceso”, señaló Corral en una rueda de prensa realizada en Ciudad Juárez el 26 de mayo de 2016.

Las notas periodísticas difundieron que la entonces candidata del PRI Miriam Caballero Arras, era prestanombres de narcotraficantes.

A pesar de los señalamientos, Caballero Arras ganó la elección y en 2018 compite de nuevo para reelegirse.

Cuestionada por Norte respecto a los señalamientos que se hicieron del dominio público, la alcaldesa y candidata respondió el pasado lunes 4 de junio, que prefería no aclarar sobre cosas que no hacía, negando de esa manera -aunque sin mencionarlo directamente- que no tenía relación con la delincuencia organizada.

“Si se dicen cosas que no hago, no me interesa aclarar, pues es darle importancia a las mentiras”, afirmó por escrito vía teléfono celular.

Namiquipa

En Namiquipa el candidato ganador en 2016 fue Ramón Alonzo Enríquez Mendoza por el PRI, quien asumió la presidencia municipal en octubre de ese año. Su municipio era el centro de operaciones de un grupo criminal.

Investigaciones de la Fiscalía General del Estado derivaron en la detención de sus jefes de Policía, acusados de operar para la delincuencia organizada.

Pero para el alcalde Enríquez la actuación de los estatales fue un abuso. El 27 de diciembre de 2017 publicó un desplegado en un periódico local denunciándolo.

Pocas semanas después, el 21 de febrero de 2018, su subdirector de seguridad pública fue detenido.

Norte buscó al alcalde para presentar su versión en este trabajo, pero no estuvo disponible.

PRI ni quiere, ni puede…

El exdelegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el estado de Chihuahua, Sofío Ramírez, dijo que quien debe actuar para aclarar si candidatos de cualquier partido tienen relaciones con delincuencia organizada, es la autoridad federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ellos, como partido, únicamente podrían solicitar a quienes se postulan, que se acerquen a la autoridad federal, para que les extienda una constancia de que no tienen investigaciones abiertas en su contra.

En una entrevista realizada el 1 de marzo de 2018, Ramírez expuso que a partir de la siguiente semana, su partido iniciaría una acción de “limpieza voluntaria”.

“Aunado a los requisitos que impone el órgano electoral voy a presentar la propuesta ante el presidente del Comité Directivo Estatal, a efecto de que podamos pedir de que las autoridades correspondientes, hagan una revisión de todas nuestras candidatas y candidatos”, expresó.

Harían un “exhorto respetuoso” para que (las candidatas y candidatos) voluntariamente acudieran ante las autoridades correspondientes, para ponerse a disposición, a efecto de que se identificara si tenían señalamientos.

Lo anterior para asegurarse de que iban con “las mejores personas, con los mejores ciudadanos, para el proceso electoral”.

Respecto a quienes ya fueron confirmados como candidatos y candidatas, Ramírez explicó que cuando él llegó a Chihuahua ya estaban “muy definidas” las candidaturas.

Detalló que la decisión de postularlos se tomó en un órgano colegiado, que se encargó de hacer todas las valoraciones a quienes se registraron buscando la ratificación del partido.

“No es una designación vertical que corresponda directamente al presidente del Comité Directivo Estatal Omar Bazán, es un órgano colegiado donde se encuentran acreditados compañeros o militantes de diferentes expresiones al interior del propio PRI”, explicó.

Aclaró que existían casos que aún se estaban atendiendo pero finalmente la mayoría de las candidaturas ya estaban determinadas.

Lo único que quedaba, explicó, era que en el momento del registro, el IEE o el propio INE a nivel nacional, coadyuvaran y pudieran bajo los protocolos establecidos, hacer la revisión exhaustiva del perfil jurídico de todos los candidatos, no nada más del PRI, sino de todos los partidos políticos.

“Consideramos que hoy los partidos políticos tienen la obligación de presentar a la ciudadanía sus mejores propuestas, sus mejores hombres, sus mejores mujeres y que ninguno de ellos vaya con vínculos con acciones fuera de la Ley”, opinó.

Aún con estas previsiones -aclaró- los riesgos siempre van a estar presentes y no nada más en el PRI, van a estar presentes en todos los partidos políticos.

Cuestionado sobre el alto riesgo que puede significar el hecho de que en algunos municipios como Namiquipa, quienes fueron señalados hayan ganado la elección y después, ya estando en funciones, sus administraciones se hayan visto manchadas por la detención de sus jefes policiacos por vínculos con el narco, el delegado priista refutó que los partidos no tienen facultades de Ministerio Público.

“Entiendo de que existen ya protocolos establecidos para el registro de candidatos y ningún partido político tiene competencias coadyuvantes de investigación o de Ministerio Público, para eso están ahí las autoridades correspondientes y los propios medios de comunicación, que siempre han dado una aportación importante en la información y la investigación que han desarrollado para casos muy particulares”.

“El caso del municipio que usted menciona, es ya del conocimiento público y lo que nos resta es que las autoridades competentes continúen en lo que corresponda el desarrollo de las investigaciones y sanción a quienes resulten responsables”, afirmó.

Explicó que en ese momento (marzo de 2018) el partido estaba en la etapa de selección de candidatos y que en la siguiente fase, es decir el registro ante las autoridades correspondientes, todos los postulados debían cumplir con ciertos requisitos, por derecho, por procedimiento y por protocolo.

“Si alguno de ellos tiene señalamientos en acciones de vinculación con delincuencia organizada o acciones fuera de la ley, pues están ahí las propias autoridades de gobierno para efecto también de que puedan atender, darle seguimiento y que podamos ir a un proceso electoral donde la ciudadania pueda tener las mejores propuestas”, abundó.

En la segunda semana de mayo de 2018, unos días antes del arranque de las campañas locales en el estado de Chihuahua, el entonces delegado del PRI en el estado de Chihuahua Sofío Ramírez, fue movido al estado de Guerrero.

De esa manera se esfumó la posibilidad de que el partido acudiera con su lista de candidatos a la PGR, como lo había planteado el senador.

El titular de la Comisión de Procesos Internos del PRI, Normando Perales, dio a Norte la nueva postura oficial del partido: únicamente pedirían a sus candidatos cumplir con lo que marca la Ley.

Esto significa que la única medida para evitar injerencias del crimen organizado en la designación de candidaturas, sería que los aspirantes presentaran su carta de no antecedentes penales.

“Todos los que quedaron registrados cumplieron con ese requisito”, afirmó Perales en entrevista telefónica el miércoles 16 de mayo de 2018.

“Yo creo que hay una comunicación seguramente del órgano electoral con las autoridades, para prever esas cosas”, añadió.

… Y el IEE se lava las manos

El presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz, aclaró que dicho organismo, es una autoridad administrativa que no tiene facultades para investigar a quienes son postulados por los partidos políticos para un cargo de elección popular.

Entrevistado el 2 de marzo de 2018, dos meses antes del arranque de las campañas, Meraz explicó que era difícil que el Instituto acometiera acciones en algún sentido específico porque, en primer lugar, no es una instancia procuradora o que imparta justicia.

Las sanciones que le competen al IEE tienen que ver estrictamente con lo administrativo electoral, agregó. Dijo que corresponde a los partidos políticos presentar a sus candidatos, elegidos de acuerdo a sus estatutos internos, cumpliendo con los requisitos que marca la Ley.

«Una persona que sea presentado (sic) como candidato por un partido político, nosotros tenemos la obligación de registrarlo como tal».

A quienes corresponde investigar si los candidatos tienen o no vínculos con actividades delictivas, es a la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Especializa- da para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) o directamente la Procuraduría General de la República (PGR), explicó.

«La admisión de las candidaturas -añadió- tiene que ver estrictamente con los requisitos de Ley y mientras no exista un impedimento legal en ese sentido, pues nosotros no somos una autoridad investigadora que tuviera facultades para en un momento dado inhibir este tipo de actuaciones».

Aclaró que para quienes ya son candidatos, la fiscalización de los recursos que se allegan para la promoción de sus campañas, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE).

«Es el INE el que pone los controles que pueden inhibir el acceso de recursos de procedencia dudosa a las campañas de los candidatos», precisó.

Meraz reconoció que como IEE están impedidos para ir más allá de lo que la ley les permite, y por lo mismo, es un punto pendiente en la agenda, tanto del Poder Legislativo como de las autoridades competentes, para poder evitar la intromisión de la delincuencia en los procesos electorales.

Señala Corral a los del PRI y cobija a los del PAN

Cuando fue pre-candidato y después candidato a gobernador por el PAN en marzo y mayo de 2016, Javier Corral Jurado acusó públicamente que el narco estaba detrás de las campañas del PRI en la sierra de Chihuahua. Varios comunicados de su campaña así lo documentan.

Las denuncias públicas del panista derivaron de investigaciones periodísticas firmadas por Miroslava Breach y otros colegas.

Terminada la campaña Corral no pidió formalmente la intervención de las autoridades federales para que fueran al fondo de la supuesta complicidad entre los candidatos y candidatas del PRI con el crimen organizado. Por lo menos no informó a la opinión pública que lo hubiera hecho.

Su gobierno, que arrancó oficialmente en octubre de 2016, tampoco inició una investigación en contra de aquellos a quienes había señalado como candidato.

La actitud de inacción frente a los casos de supuesta infiltración del narco en las campañas, y por ende en las administraciones municipales serranas, contrastó con lo hecho en el caso del exgobernador César Duarte.

La operación justicia para Chihuahua sí ha merecido del mandatario estatal enfilar todos los recursos del Estado en contra de los que cometieron el “latrocinio” y dejaron en la “bancarrota” las finanzas públicas.

Tan bravo el gobernador que hasta ha retado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto exigiéndole que extraditen al exgobernador y dejen de proteger a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias “La Coneja”.

¿Por qué en un caso sí hay exigencia puntual y en los otros, que mantienen exacerbados los niveles de violencia en el interior del Estado, no se ha molestado a los alcaldes y alcaldesas supuestamente puestos por el narco?

La respuesta puede ser que es el narco el que gobierna en esos lugares y el gobierno estatal no tiene capacidad de enfrentarlo, tal como lo afirmó el propio gobernador cuando dijo el año pasado que no iba a mandar a agentes estatales a que los maten y que se necesitaba el acompañamiento de la Marina, el Ejército y la PGR.

¿Infiltración o Complicidades?

Sin embargo, hay otro tema en el que el gobernador ha sido omiso en investigar vínculos con el narco, y es dentro de su propio gobierno y su propio partido. Consta en actuaciones judiciales y de la Fiscalía que al menos tres panistas participaron en la trama que derivó en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea el 23 de marzo de 2017.

La audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, presunto homicida, reveló en diciembre de 2017 que los secretarios General y de Comunicación del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, José Luévano Rodríguez y Alfredo Piñera Guevara, respectivamente, en conjunto con el todavía alcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, se confabularon para grabar una conversación telefónica con la periodista. Una grabación que le sirvió al sicario como gatillo para ejecutarla.

Esa conversación se encontró pocos días después del homicidio, en una computadora que pertenecía a uno de los cómplices del crimen, pero su contenido se mantuvo en secreto por la Fiscalía, no porque pudiera entorpecer las investigaciones, sino porque era la prueba de que los funcionarios panistas estaban involucrados.

Tuvieron tiempo de armar una estrategia para zafarse, pero el hecho concreto es -hasta la fecha- irrefutable: un jefe de sicarios del narco infiltró el organigrama del PAN convirtiendo en cómplices de un homicidio a tres panistas, de los cuales, dos fueron incluidos en la estructura del gobierno estatal. Uno en la Secretaría de Educación y Deporte y el otro como secretario particular del propio gobernador. El tercero no perdió su puesto como secretario de Comunicación en el PAN estatal.

Se presumen inocentes

Nadie confirmó los presuntos vínculos de candidatos y candidatas del PRI con la delincuencia organizada en municipios serranos de Chihuahua, denunciados públicamente desde 2016 en notas periodísticas.

Tampoco las fiscalías estatales o federales abrieron investigaciones al respecto.

La mayoría de los candidatos y candidatas exhibidos por supuestas relaciones con grupos criminales, fueron postulados y ganaron, convirtiéndose en alcaldes y alcaldesas.

Las acusaciones fueron posicionamientos mediáticos o filtraciones desde instancias oficiales, pero en ningún caso, hablando de los candidatos y candidatas, se pudieron comprobar.

Quien encabezó los señalamientos fue el actual gobernador Javier Corral Jurado, cuando era candidato del PAN a la gubernatura y acusó en una gira por Buenaventura que el narco estaba detrás de la campaña del PRI en la sierra. Hasta la fecha, ni un solo alcalde o alcaldesa ha sido molestado por esas acusaciones.

Tampoco el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha informado que haya solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR), su urgente intervención para ir por los presuntos narcopolíticos.

Hoy, algunos de los ediles exhibidos por el candidato Corral, mantienen una relación institucional y hasta cordial con el mandatario. Los señalamientos de narcopolítica quedaron en la campaña.

Predomina el silencio

Norte dio seguimiento a cada uno de los casos, tanto en los municipios infiltrados de la sierra, en el noroeste, como en el propio gobierno estatal.

Los candidatos y candidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los cuales la mayoría se convirtieron en alcaldes y alcaldesas, todos excepto dos, prefirieron no hablar. En cuanto a los funcionarios estatales del Partido Acción Nacional (PAN), uno prácticamente huyó de la prensa, el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, asesor en la región serrana de la Secretaría de Educación y Deporte.

El otro, ex secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, hoy secretario Particular del gobernador, José Luévano Rodríguez, se abstuvo de dar declaraciones a este reportero.

El tercer implicado, secretario de Comunicación del PAN, Alfredo Piñera Guevara, también optó por no hacer comentarios. Los presidentes de ambos partidos políticos, Mario Vázquez Robles del PAN y Guillermo Dowell Delgado del PRI, capotearon el tema con declaraciones a prensa, pero ninguno tomó medidas dentro de sus institutos políticos, para evitar que el problema de la infiltración persistiera.

Las actuales dirigencias encabezadas por Fernando Álvarez Monje y Omar Bazán Flores, no han informado que hayan tomado medidas al respecto.